Solo Vox llama al pan, pan, y al vino, vino.

Después de que el presidente Mazón reconociera lo que Vox lleva años diciendo, que es que hay que poner freno a la inmigración irregular, masiva y descontrolada, aparece el señor Tellado, portavoz del grupo popular, y dice que las comunidades autónomas gobernadas por los populares cumplirán la ley y no se opondrán al reparto de menas que propone Sánchez.

Pero no olviden que estamos hablando del Partido Popular. Y claro, esto es como la Trinidad, pero a lo grande, un sólo PP y 17 posturas distintas. Como consecuencia de ello, el martes, la señora Camarero anuncia que el Consell presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto que establece el reparto de menas por toda España. Bueno, en Cataluña de forma simbólica, no vaya a ser que se enfaden sus socios golpistas. El resto de españoles no importan.

Una forma más de marear la perdiz y no enfrentar directamente el problema, porque las verdaderas razones por las que no se pueden aceptar más menas no son en realidad las que alega la vicepresidenta. Que si no se han debatido los criterios, que si no se ha acordado ni negociado, que si se hace de forma unilateral, que si se impone, que si se conculcan principios de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y de lealtad institucional…

Todo por no llamar al pan, pan, y al vino, vino.

¿Cuántas veces hemos oído en boca de todos los buenistas aquello del “bien superior del menor”?

Aquí lo único que se conculcan son dos cosas: una, la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y, por lo tanto, el bien superior del menor, y otra, los intereses y necesidades de los españoles.

Pero vayamos por partes.

La Convención de Derechos del Niño, ratificada por 196 países, exceptuando Sudán del Sur y Somalia, es muy clara.

En su artículo 11.1 dice que los estados adoptarán medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención, igualmente ilícita, de niños en el extranjero. Y, desde luego, entrar en un país de forma ilegal, no es muy lícito, como es obvio. Pero es que en el artículo 3.2 habla de los derechos y deberes de los padres o responsables de los menores y, desde luego, el deber de los padres es hacerse cargo de sus hijos, y añade dicho artículo que se tomarán para ello todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Pero ahora es cuando alguien dice, “pero es que huyen de guerras y persecuciones y son refugiados”. Vale, supongamos que es así. En ese caso la misma Convención de los Derechos del Niño en su artículo 22.2 recoge que Naciones Unidas y demás organismos gubernamentales tendrán que esforzarse en ayudar a todo niño refugiado a localizar a sus padres para que se reúna con ellos.

Como vemos, se mire por donde se mire, desde el punto de vista del bien del menor, lo único que hay que hacer es ponerse en contacto con su embajada, entregarlo y que dicha delegación localice a sus padres.

Esto en lo que respecta al bien superior del menor. Volvamos ahora al otro aspecto que se conculca, los intereses y necesidades de los residentes legalmente en España.

El número de menas inscritos en España ha aumentado en ocho años más del 200%. De la misma forma que han aumentado el número de incidentes, robos, reyertas e incluso homicidios en la cercanía de los centros de acogida de esos menores y su zona de influencia. Esta problemática tiene una consecuencia clara, nadie quiere un centro de menas en su barrio. Y como es obvio, ninguno de los políticos que promueven las fronteras abiertas y el multiculturalismo va a construir uno de estos centros en su barrio.

En Vox lo tenemos claro, los españoles merecemos una política inmigratoria que garantice un control estricto de nuestras fronteras y priorice nuestra seguridad por encima de todo.

No podemos permitir que nuestros pueblos y ciudades se conviertan en los laboratorios multiculturales de Bruselas. Ya tenemos ejemplos en Europa de las consecuencias. Como tampoco podemos tolerar que haya menores extranjeros sin la compañía de sus padres en una nación que no es la suya, como decía anteriormente.

Los españoles han de volver a vivir en barrios seguros en los que se respeta la ley, nuestras costumbres y nuestro modo de vida.

La obligación de los políticos es defender los intereses y necesidades de sus compatriotas y también proteger el interés superior de estos menores, que no es otro que volver con sus padres a su hogar, en su país de origen.

Solo Vox lo tiene claro y llama al pan, pan, y al vino, vino.