Las crisis, por su propia naturaleza, tensionan los sistemas económicos y, por tanto, los políticos. Pero también posibilitan que éstos muestren sus fortalezas y, sobre todo, sus prioridades. La reciente reacción de la Comisión Europea ante la escalada de precios energéticos derivada del conflicto en Oriente Medio —y de las tensiones sobre rutas energéticas clave como el Estrecho de Ormuz— es un ejemplo de ello. El borrador del denominado Temporary Iran Crisis Energy Framework, en consulta hasta el 17 de abril con los Estados miembros, no es solo una respuesta coyuntural a un shock externo. Es también una guía de qué sectores hay que sostener, qué territorios necesitan protección y en qué modelo económico quiere poner su atención Europa.
Al leer el documento vemos que no estamos ante una política de subvención indiscriminada. El enfoque de Bruselas parte de otra premisa, ayudas temporales, focalizadas y condicionadas, destinadas a evitar daños permanentes en sectores viables, pero que hoy están más expuestos a una volatilidad energética sin precedentes. Agricultura, pesca, transporte por carretera y transporte marítimo de corta distancia no son sectores residuales; constituyen en buena medida una parte importante de la columna vertebral básica de la economía real europea.
Sostener hoy a los sectores intensivos en energía evita que mañana abandonen la inversión, la modernización e incluso la apuesta europea por la descarbonización"
Desde una perspectiva macroeconómica, el mensaje es claro. Europa ha aprendido de crisis anteriores —la financiera, la pandemia, la guerra en Ucrania— que permitir la ruptura de cadenas productivas esenciales tiene un coste muy superior al de una intervención pública bien diseñada. La Comisión viene por tanto a reconocer algo fundamental: cuando los precios de la energía suben un 50%, un 80% o incluso más en pocas semanas, el mercado ve seriamente distorsionada su función asignadora en el corto plazo. No porque estos fallen estructuralmente, sino porque vienen de un shock exógeno, geopolítico y muy potente. En ese contexto, el uso flexible del artículo 107.3.c del Tratado de Funcionamiento de la UE es una herramienta de estabilización económica muy útil. Sostener hoy a los sectores intensivos en energía evita que mañana abandonen la inversión, la modernización e incluso la apuesta europea por la descarbonización. Tiene, sin duda, su cierta lógica económica y de cohesión europea.
Para España, este enfoque europeo creo que es relevante y merece que se le dedique atención. Como sabemos, dentro de Europa la estructura económica de nuestro país combina tres rasgos diferenciales. Por un lado, un peso más elevado del sector agroalimentario, una dependencia del transporte por carretera y una presencia clave del transporte marítimo de corta distancia, tanto para mercancías como para la cohesión territorial. Precisamente son estos los sectores identificados como prioritarios por la Comisión. Sin transporte, no hay mercado interior; sin agricultura, hay inflación alimentaria; sin pesca, se resienten comunidades enteras y se incrementa la dependencia exterior.
Además, el diseño europeo ofrece margen suficiente para la adaptación nacional. España, por ejemplo, podría optar por modular los instrumentos —subvenciones directas, ventajas fiscales, ayudas temporales al coste energético— sin romper el level playing field europeo. Esa combinación de flexibilidad nacional y disciplina comunitaria es, probablemente, uno de los mayores activos del modelo y de nuestra pertenencia a la UE. Si descendemos al plano regional, la relevancia del marco es aún, si cabe, más evidente.
Murcia y Valencia tienen la oportunidad de demostrar que la política económica, cuando se diseña y aprovecha con criterio, puede alcanzar su máxima dimensión"
Pocas regiones encarnan tan claramente los sectores prioritarios como, entre otras, las de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Agricultura intensiva, exportadora y muy dependiente de fertilizantes; flota pesquera sensible al precio del combustible; transporte por carretera esencial para la salida de productos hacia el resto de España y Europa; y nodos logísticos clave en el Mediterráneo. Aquí, el impacto del denominado “shock energético” no es algo teórico o lejano, se traduce en márgenes negativos, decisiones de paro temporal de actividad y aplazamiento de inversiones.
En este contexto, el marco europeo puede actuar como amortiguador macroeconómico regional, evitando que una crisis externa derive en una fractura productiva local. Pero hay algo más importante aún y que creo que debemos seguir. Bien utilizado, este instrumento puede acelerar procesos estructurales que sabemos que son muy necesarios, como son la eficiencia energética en explotaciones agrarias, renovación de flotas pesqueras, profesionalización logística y transición hacia modelos menos intensivos en combustibles fósiles. La clave está en entender la ayuda no como un fin, sino como un puente.
Algo así como hacer de la "necesidad virtud" aprovechando los instrumentos. Europa ofrece el marco y España debería articularlo con inteligencia; al mismo tiempo regiones como Murcia y Valencia tienen la oportunidad de demostrar que la política económica, cuando se diseña y aprovecha con criterio, puede alcanzar su máxima dimensión económica y política. Sin ningún género de dudas la verdadera fortaleza de una economía no se mide en ausencia de crisis, sino en su capacidad para convertir la incertidumbre en resiliencia. Y esta vez Europa parece haber interiorizado algunas de las lecciones de crisis anteriores, por lo que es el momento de que los responsables a cada nivel actúen y lo hagan rápido, y bien.
Salvador Marín
Economista
Catedrático Universidad de Murcia
