¿Sabía Sánchez que llevar los dos reales decretos de vivienda al Congreso le daría la excusa para convocar elecciones sin poner en la palestra la corrupción que le rodea y el abandono de Ceuta ante una invasión que supone un ataque a nuestra integridad territorial por parte de su amigo, el rey de Marruecos?
Como este tipo no da puntada sin hilo, apostaría a que era plenamente consciente de ello y, de hecho, creo que era lo que buscaba.
Buscaba la excusa para convocar elecciones. ¿Por qué? Eso es algo que no me atrevo a aventurar, pero sospecho que puede ser porque ya no tiene dónde esconderse.
Por tanto, como a la izquierda le gusta tanto la memoria, vamos a procurar que las cosas no se olviden, que ninguna campaña de crispación callejera tape las fechorías de Sánchez y de sus acólitos.
Por muchas tiendas de campaña que se coloquen en las plazas, no hay que olvidar que hay miles de españoles que no pueden salir a las plazas y calles de su ciudad, Ceuta, porque son víctimas de una invasión que les ha robado su vida tal y como la conocían, y Sánchez es el responsable.
Por mucho discurso del miedo a lo que ellos llaman «ultraderecha», y que no es ni más ni menos que la única alternativa al caos que este Gobierno ha creado, no hay que olvidar que el verdadero miedo lo provoca saber que, presuntamente, son capaces de encargar a los narcos que «eliminen» a jueces que persiguen su corrupción.
Hay tantas cosas que no debemos olvidar que este artículo se quedaría corto.
Pero, bien, los socialistas quieren hablar de vivienda; pues hablemos de vivienda.
Hay una generación de españoles para la que comprar una casa es un imposible. El recorrido natural de trabajo, ahorro, casa, proyecto de vida ha dejado de ser lo normal.
El desequilibrio entre una oferta insuficiente y una demanda creciente es la tormenta perfecta para lo que llaman «crisis habitacional».
Hay que construir, porque una casa no aparece por decreto. Ni porque algunos griten que tienen derecho a ella.
Una política diseñada para, supuestamente, proteger al inquilino, que termina castigando al propietario, tiene la consecuencia lógica de la reducción de viviendas en alquiler.
El problema de la vivienda no se resuelve repartiendo una escasez cada vez mayor; se resuelve haciendo que deje de existir esa escasez. Pero eso es imposible mientras las administraciones tengan suelo secuestrado, mientras las restricciones y regulaciones urbanísticas sean un muro infranqueable y mientras no seamos conscientes de que no podemos absorber la demanda de vivienda que supone una inmigración masiva y descontrolada.
No tiene sentido intentar resolver la escasez de vivienda actuando sobre el mercado inmobiliario mientras aumenta la población que necesita acceder a ese mercado.
Lo que se ha venido repitiendo hasta ahora es que el problema de la vivienda se arregla poniendo límites a los alquileres, creando nuevos organismos, aprobando decretos y anunciando planes públicos que terminan pagando los que no tienen dinero para comprarse una casa. Ese cóctel nos ha llevado a la situación actual: cada vez menos españoles pueden acceder a una vivienda.
Ha llegado el momento de cambiar el rumbo. Más suelo, más vivienda, menos burocracia, menos impuestos, mayor seguridad jurídica y una política económica que permita a las familias recuperar la capacidad de ahorro y acceso a la propiedad. Y, por supuesto, prioridad nacional.
