En marzo de 2004, el 11-M alteró unas elecciones que los sondeos situaban favorables al PP. No fueron solo los atentados: la gestión de la información erosionó la credibilidad gubernamental. Las tragedias no dictan el voto, pero pueden cambiar las preguntas que los ciudadanos se hacen antes de votar. Veintidós años después, Adamuz y Urda, accidentes y no atentados, vuelven a situar la confianza institucional en el centro del debate.
Urda llega nueve meses después de los 46 muertos de Adamuz, cuya investigación técnica aún no ha concluido. La coincidencia no acredita una causa común, pero plantea una cuestión política inevitable: ¿qué está ocurriendo con la seguridad ferroviaria después de ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez? Los anuncios de inversión y el aumento de viajeros no bastan para responder al deterioro de la confianza de quienes sufren incidencias y retrasos.
La reacción de Óscar Puente agrava el problema. El ministro señaló desde el primer momento una orden "errónea" del centro de control, cuando la investigación apenas empezaba. Puede existir un error humano, pero la seguridad ferroviaria se organiza precisamente para que un error no acabe en tragedia. ¿Qué falló antes? ¿Por qué no funcionaron las barreras de protección? ¿Por qué la sustitución del LZB por el ERTMS, adjudicada en 2021, seguía pendiente? Nadie ha demostrado que ese retraso causara el siniestro. Sí hay un retraso que explicar. Fijar tan pronto el foco sobre un trabajador corre el riesgo de convertirlo en cabeza de turco y dejar al margen las responsabilidades organizativas y políticas.
Gobernar no es anunciar inversiones; es demostrar que los servicios funcionan"
Tampoco ayuda a la credibilidad del ministro su estilo de descalificación habitual en X. Ni aquella promoción de laSexta, anterior a Urda, en la que bromeaba sobre las averías de Renfe después de Adamuz. Nadie podía prever la tragedia, pero el episodio muestra una distancia llamativa entre el espectáculo comunicativo y la gravedad de los problemas que administra.
El problema trasciende a Puente. Sánchez gobierna desde 2018 y España continúa con los Presupuestos de 2023 prorrogados: un mecanismo legal, sí, pero difícilmente un ejemplo de normalidad en la planificación y el control parlamentario. El deterioro de las carreteras denunciado por la Asociación Española de la Carretera, los resultados de PISA o las vulnerabilidades reveladas por el apagón de 2025 no obedecen a una sola causa ni competen todos exclusivamente al Estado. Tampoco prueban que los accidentes sean consecuencia de las prórrogas presupuestarias. Lo que sí justifican es evaluar con exigencia los resultados de ocho años de políticas públicas. Gobernar no es anunciar inversiones; es demostrar que los servicios funcionan.
Ahí está el vuelco de la campaña. El PSOE quería competir desde "La fuerza del amor", las conquistas sociales y las promesas de futuro. Ahora tiene que defender su gestión presente y pasada. De una campaña ofensiva a otra defensiva. No sabemos si ese cambio de agenda se traducirá en votos, pero sí coloca la seguridad, la eficacia y la confianza entre los criterios de evaluación electoral. La oposición dispone de un nuevo terreno de fiscalización, aunque sus efectos sobre la competencia entre PP y Vox siguen siendo inciertos.
Sánchez mantiene a Puente y Moncloa sostiene que Urda no guarda relación con su gestión. El presidente puede optar por no cesarlo sin prejuzgar la investigación. Pero sostenerlo también supone asumir políticamente su continuidad. Y destituirlo abriría otra pregunta: ¿por qué no se corrigieron antes los problemas que justificarían el relevo? La responsabilidad penal corresponde a los tribunales; la política alcanza a ministros y presidentes, a sus decisiones y a sus omisiones.
El PSOE pretendía una campaña de emociones. La realidad le exige explicaciones y asunción de responsabilidades políticas.
El amor puede ser un eslogan. Pero responder por lo que sucede después de ocho años en el poder es una obligación.
Francisco Javier López Carvajal
Politólogo
