Permitan la pregunta porque existe la percepción de que existen dos modelos en discusión. De una parte, se encuentra el que podríamos llamar “sector ÉTNOR”: el de la ética en empresas y organizaciones, defensora de la responsabilidad social corporativa. Un sector alentado por inclinaciones empresariales que oscilarían entre la democracia cristiana y el liberalismo compasivo. Una orientación amiga de la economía productiva y amable con el cooperativismo, atenta a una colaboración público-privada equilibrada y sensible a determinados ítems del valencianismo, entre los que se encuentra el deseo de que la Comunitat Valenciana disponga de una estrategia económica y social propia, no siempre beligerante pero tampoco alineada, necesariamente, con la emanada desde el centro de la Península. Una perspectiva empresarial que no le haría ascos a la concreción de un mayor protagonismo político de la Comunitat.
El segundo modelo se identifica con el neoliberalismo y los compases de un anarcocapitalismo incipiente. Es el representado por el sector que piensa que el mejor sector público es el que se reduce, el que invita a la presidenta de Madrid (y no al de Andalucía) a dar conferencias en València mientras guarda una disimulada y crítica opinión hacia los políticos autóctonos. Es el que desde siempre ha gustado de “tocar ministro”, como decía Carlos Solchaga, en particular cuando el gobierno central se escora hacia la derecha (salvo que se trate del ministro de Fomento, al que se trata con especial deferencia sea cual sea su color político).
Es éste un sector del capitalismo valenciano que, aun manifestándose enamorado del libre mercado, no rehúye en absoluto las concesiones públicas por más que supongan la negación de la competencia. Es el que ve en los sindicatos una carga que, idealmente, debería ser evitable; el que persigue la privatización de los servicios y prestaciones públicas (incluidas las pensiones) apelando a la eficiencia y ocultando en el armario los apetitos de aquellos sectores que pretenden, obviamente, conseguir jugosos beneficios de semejante transformación. Una categoría empresarial cuyo valencianismo, las más de las veces, es epidérmico y ceñido a algunas tradiciones, aunque se vea abocado a conectarse con la Generalitat, unas veces por cortesía, otras por conveniencia y, en ocasiones, por necesidad.
Merece señalarse que los dos colectivos señalados no siempre se encuentran integrado por miembros “ideales” o “puros” acumuladores de la totalidad de las características expresadas. Pueden aparecer sujetos con rasgos mixtos, aunque, globalmente, se identifiquen más con alguna de las dos opciones. Del mismo modo, ambas agrupaciones no intentan aislarse entre sí puesto que, pese a las diferencias de sus visiones “filosóficas”, resulta habitual que coincidan cuando se desatienden ciertas inversiones públicas o se aprueban regulaciones gubernamentales consideradas lesivas. Las inversiones en infraestructuras, el alza de impuestos y cotizaciones sociales y la financiación autonómica suelen concitar la convergencia.
Curiosamente, distintas publicaciones de mediados del siglo XX, impulsadas por la Fundación del banquero valenciano Ignacio Villalonga, —en su momento presidente del Banco Central, actualmente integrado en el Banco Santander—, acudían a apoyar las que parecen ser las “dos almas” del capitalismo local. Parte de los libros pertenecían a autores de la Escuela de Viena o a divulgadores de ésta, con los profesores Friedrich A. Hayek (Los fundamentos de la libertad, València, 1961) y Ludwig von Mises entre varios referentes. Una escuela ultraliberal que coincidió en el tiempo con la de Chicago y su cabeza más visible, Milton Friedman.
Sin embargo, en otros de los libros editados el enfoque era diferente. Pertenecían a a autores como Wilhelm Röpke y Ludwig Erhard, defensores del ordoliberalismo alemán: una corriente que defendía el libre mercado, pero admitiendo la presencia del Estado como garante de la competencia frente a los monopolios. Asimismo, incorporaba la responsabilidad empresarial sobre sus decisiones, rechazando la socialización de las pérdidas, y defendía la estabilidad y la previsibilidad de las reglas de juego fijadas por el sector público. Finalmente, consideraba que la política social era compatible con el mercado y necesaria para garantizar el disfrute de vidas dignas. No se olvide que, Erhard, autor de Bienestar para todos (València, 1957), traducida por Enrique Tierno Galván, fue canciller alemán e impulsor de la economía social de mercado.
¿Qué conviene más a la Comunitat Valenciana, la expansión del primer grupo o el avance del segundo? Cada cual podrá, si lo desea, manifestar sus preferencias. Sugiero, no obstante, que se tengan en cuenta algunos criterios. Entre éstos, cuál encaja mejor con una economía no especulativa, por más o precisamente porque, en nuestra reciente historia, la especulación se ha convertido en un tótem reverenciado por abundantes neoliberales. En otros momentos la especulación jugaba con la reputación de las naranjas, el precio de la tierra y la acumulación irregular de divisas; más tarde derivó hacia la especulación del suelo de uso turístico y residencial; una constante, la especulativa, que ahora se reitera en los precios de viviendas y alquileres.
¿Vamos bien por esta vía en el siglo XXI? La respuesta se encuentra en la reciente historia demoledora de instituciones económicas (Bancaja, CAM, Banco de València, Coepa, CEC) y en la posición que ocupa la Comunitat Valenciana en la economía española y entre las restantes comunidades autónomas. Y lo que se nos revela es, además del empobrecimiento institucional, la pérdida relativa de renta per cápita, una mayor desigualdad, retrocesos educativos que nos conducen al furgón de cola, la apatía frente a la fragilidad de origen climático, puestos de trabajo de mediocres perspectivas, salarios incapaces de asegurar un proyecto autónomo de vida, la acuciante necesidad de depender del capital internacional para resetear el sector industrial, un ritmo investigador e innovador que no consigue alcanzar la velocidad y vertebración congruentes con una productividad creciente y estable y el ¿sorprendente? desinterés de la Generalitat por fenómenos ya tan presentes como la creación y adopción de la Inteligencia Artificial.
Los anteriores resultados no son ajenos a las despreocupaciones instaladas en quienes son indiferentes al legado que dejen sus decisiones aunque éstas nos aboquen a un irresponsable sálvese quien pueda; son atribuibles a quienes ven la empresa como un negocio y no como un proyecto de vida que precisa de beneficios para reinvertir y crecer en tamaño y salarios y para modernizar e innovar en lugar de destinarlos al rentismo pasivo e improductivo y al Armagedón especulativo; a quienes contemplan al trabajador como una figura sumisa y barata en lugar de considerarlo un empleado estimulado por su criterio y conocimiento, un activo intangible pero real de la empresa; a quienes prefieren la cómoda debilidad de quien sólo piensa en lo suyo y después lamenta que, desde arriba, le lluevan decisiones perjudiciales o que surjan nuevas empresas capaces de expulsarle del mercado.
Tampoco la decadencia relativa de la Comunitat Valenciana resulta ajena a quienes auspician una Comunitat Valenciana arrinconada y resignada, que renuncia a pensar por sí misma sobre su futuro en una España amable y justa para todos; una Comunitat que algunos prefieren así porque combatir el actual estado de las cosas “nos llevará a parecernos a los catalanes y vascos”; una muestra de acomplejamiento y simplicidad que olvida las nuevas capacidades de una sociedad valenciana en la que, con 5,6 millones de habitantes, el 40 por ciento de la población ya dispone de estudios universitarios: ¿por qué no fiarnos de nosotros mismos?.
Una Comunitat en la que se ha producido una acumulación de conocimiento capaz de justificar cumplidamente sus aspiraciones sin mirar de reojo a otros ni guiarse por objetivos ajenos a los intereses propios. De ejemplo, baste recordar el poderoso acervo acumulado por los valencianos investigadores de la financiación autonómica, el Corredor Mediterráneo y las nuevas herramientas público-privadas para la innovación. Y, como ejemplo del temerario analfabetismo de ciertos mastuerzos, el rechazo al nuevo modelo de financiación y a sus 3.669 millones de ingresos adicionales. De nuevo: ¿por qué no confiamos en nosotros mismos y se da más valor a los prejuicios e intereses buchiplumas?
El empresario valenciano tiene la palabra. Puede ser parte de un capitalismo más, inane e ignorado por los centros de poder españoles y europeos, o aspirar a romper esa cáscara de dubitaciones, miedos, e incapacidad de creer en su pueblo que hallamos con tanta frecuencia. Puede ser un capitalismo raquítico, aferrado al suelo y sus calificaciones, propio de los corredores de fincas y de los añorantes del pelotazo: un capitalismo cortoplacista de bajos vuelos, poco a poco estrangulado por los límites imperativos e ineludibles que está introduciendo la reestructuración de la economía mundial y el cambio climático.
O, por el contrario, puede ser un capitalismo que repose sobre la ética, el compromiso y la responsabilidad. Amante de la democracia y de sus instituciones. Que anhela una estructura económica implicada en un nuevo impulso a la industria y a la agricultura de vocación internacional, buscando su mestizaje con las tendencias tecnológicas del siglo XXI. Un modelo económico fuerte que no retroceda, como ahora, en los mercados exteriores; un modelo apoyado en la formación adaptativa, la digitalización, la I+D+i, la IA y la creación de comunidades empresariales, públicas y académicas que entrelacen su capital humano, su inventiva y creatividad. Un modelo que abra sendas de futuro a los jóvenes valencianos, a su saber y a su esfuerzo. Un modelo que contempla los beneficios como motor de la actividad empresarial, pero no acepta que se obtengan de cualquier modo; por ejemplo, exprimiendo un mercado de la vivienda cuyas locuras acogotan a los trabajadores, a la clase media y a las empresas que dependen de presupuestos familiares esquilmados por alquileres y precios vampíricos.