La conmemoración del 20 aniversario del accidente del metro de Valencia, ocurrido el 3 de julio de 2006 en un tramo próximo a la estación de Jesús, nos ha devuelto el recuerdo de una tragedia cuyas heridas tardaron una década larga en cerrarse por culpa de la política y la justicia que padecemos.
Por fin, un homenaje dentro de la normalidad, con el duelo ya cerrado y las instituciones gobernadas por el PP sumándose al homenaje con minutos de silencio. Veinte años hemos tenido que esperar.
La comparación con la Dana es inevitable. Los políticos repitieron, tras la tragedia de 2024, los errores de 18 años antes y la justicia muestra los mismos síntomas de ineficiencia, por muchas horas y escritos que dedique al caso la jueza de Catarroja.
Empezando por los políticos, lo de Mazón durante la catástrofe fue un ejemplo de negligencia e indolencia para la que solo encuentro parangón en el capitán del crucero Costa Concordia Francesco Schettino, quien fue el primero en abandonar el barco tras provocar su naufragio al acercarlo demasiado a la isla de Giglio para saludar a los lugareños.
Y lo de Mazón después de la Dana casi superó en indignidad a lo de Camps con el accidente del metro, con la diferencia de que Mazón acabó dimitiendo y Camps mantuvo en su puesto a todos los responsables de Metrovalencia y de la Conselleria hasta las elecciones de 2007.
- Concentración en recuerdo de las víctimas del accidente del metro de València.
- Foto: EP
La contundente victoria en las urnas, incluido el vuelco histórico en Torrent —de donde eran la mitad de las víctimas mortales—, con María José Catalá logrando la primera alcaldía del PP en la localidad, reforzó a Camps frente a las manifestaciones de las familias de las víctimas, a las que nunca recibió.
Incapaz de aceptar las críticas de quienes tenían sobrados motivos para la indignación, las menospreció porque consideró que estaban siendo políticamente instrumentalizadas o, directamente, que estaban haciendo política.
Hablar de utilización política de los familiares de las víctimas es delicado, pero es innegable que la política lo contamina todo, también a los damnificados de una catástrofe.
Que las familias busquen un culpable en las grandes catástrofes es habitual y viene siendo estudiado desde hace décadas por la psicología como parte del proceso de duelo. Generalmente es un gobierno o un político, que deben apechugar con ello y aguantarse. Pasó en la pantanada de Tous, en el accidente del metro de Valencia, en los también accidentes ferroviarios de Angrois y Adamuz y en la Dana. Y pasa en todo el mundo, no solo aquí.
No obstante, confundir la responsabilidad política con la penal no hace bien a nadie. Tampoco a las familias, a las que ya no les basta una dimisión. Necesitan una condena en los tribunales.
Cuando el señalado es un gobernante, el dolor se convierte en un instrumento político. Sobre todo si, como es costumbre en España, no asume su responsabilidad y se atrinchera para no parecer culpable.
- Manifestación en Paiporta contra Mazón.
- Foto: EFE/ANA ESCOBAR
Si, además, lo hace con mentiras y despreciando a las familias de las víctimas como si fueran el enemigo, el duelo se alarga enfangado en una batalla deleznable en la que participan partidos, tertulianos y medios de comunicación.
La oposición, como es lógico, hace su trabajo, que es respaldar a los afectados y reclamar responsabilidades políticas, pero también se suma a las acciones penales porque hoy la política se hace en los parlamentos pero también en los juzgados. Y las víctimas, es natural, acaban abrazando a quienes les apoyan en el señalamiento del “asesino”.
El otro factor que alarga el duelo es la justicia española.
Cinco meses menos un día tardó la justicia indonesia en condenar al capitán del barco que naufragó allí el pasado mes de diciembre, siniestro en el que fallecieron cuatro miembros de una familia valenciana. Aquí el juzgado de instrucción aún estaría enviando citaciones.
Tres lustros tardó en resolverse judicialmente —de aquella manera— la causa de la pantanada de Tous y catorce años la del accidente del metro, también de aquella manera. Lo del tren de Bejís —¿alguien se acuerda de las víctimas abrasadas?— lleva cuatro años en instrucción y lo de la Dana va camino de alargarse para acabar en nada.
Es impopular defender que no siempre las catástrofes y los grandes accidentes son culpa de gobiernos. Sí tienen un responsable político, ese que casi nunca dimite, pero el derecho penal exige una causalidad, como recordaba recientemente el TSJCV cuando rechazó la imputación de Mazón.
Nos quedan diez meses de ver a Mazón en su escaño, pero nos queda mucho más para cerrar el capítulo judicial, para desgracia de los familiares de las víctimas, que verán alargado el duelo drante años para acabar logrando, como mucho, una sentencia de conformidad cogida con pinzas como la del metro.
