Hay comparecencias parlamentarias destinadas a cerrar una crisis. Y hay otras que, sin pretenderlo, terminan certificando que la crisis está instalada en el propio Gobierno. La de Pedro Sánchez sobre Ceuta pertenece, a mi juicio, a esta segunda categoría.
El presidente compareció ante el Congreso para explicar lo sucedido y volvió a defender que no existen pruebas concluyentes de que Marruecos planificara la entrada masiva por la frontera española. Lo hizo, sin embargo, en un contexto en el que las incógnitas no han disminuido, sino que se han multiplicado. Durante horas la frontera marroquí dejó de funcionar como una frontera y un informe policial remitido a la Audiencia Nacional ha introducido elementos que obligan a preguntarse hasta qué punto aquello fue realmente espontáneo.
Ahí aparece la pregunta que Moncloa no consigue hacer desaparecer: ¿qué tendrá Marruecos de Pedro Sánchez para explicar tanta cautela?
Es una pregunta política, no una afirmación. No sabemos que Rabat posea material comprometedor sobre el presidente del Gobierno y sería irresponsable sostenerlo sin pruebas. Pero precisamente por eso resulta imprescindible despejar las dudas. Cuando una crisis afecta a la soberanía nacional, a la seguridad de nuestras fronteras y a la tranquilidad de miles de españoles, lo lógico sería escuchar al Gobierno exigir explicaciones con absoluta claridad. En cambio, demasiadas veces da la impresión de que el esfuerzo principal se dedica a explicarnos lo que Marruecos no hizo.
Y sobre esta relación sigue planeando una palabra que Moncloa nunca ha conseguido sacar del debate público: Pegasus. Los teléfonos del presidente y de varios miembros del Gobierno fueron infectados y se extrajo información. Lo que los ciudadanos siguen sin conocer con detalle es qué información salió de aquellos terminales, quién terminó disponiendo de ella y cuál fue su relevancia. Mientras esas cuestiones no queden completamente aclaradas, cada decisión especialmente complaciente con Rabat seguirá alimentando sospechas políticas, sean o no acertadas.
Sánchez afirma que España no tiene miedo a enfrentarse a ninguna potencia extranjera y que actuará si aparecen pruebas. Bien. Pero la pregunta inevitable es por qué la contundencia verbal llega ahora y por qué durante tanto tiempo la relación con Marruecos ha estado rodeada de silencios, cambios de posición y explicaciones insuficientes.
El problema ya no está solamente fuera del Gobierno. También está dentro.
La crisis de Ceuta ha dejado al descubierto una guerra de versiones entre departamentos que deberían trabajar con una coordinación absoluta. Defensa e Interior han ofrecido explicaciones difícilmente conciliables sobre la información previa disponible. Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska han quedado situados en posiciones distintas en uno de los asuntos más delicados para la seguridad nacional, y se ha llegado a publicar que su relación política es tan deteriorada que apenas se hablan.
La imagen es devastadora. Mientras el país intenta saber qué ocurrió en una frontera española, los ministros responsables de áreas esenciales de seguridad aparecen contradiciéndose públicamente. Y la comunicación interna ha llegado a extremos difíciles de comprender: Interior ha tenido que recurrir a comunicaciones formales y cartas para reclamar explicaciones sobre aspectos de la propia crisis. No es exactamente la fotografía de un Consejo de Ministros unido, coordinado y dueño de la situación.
Un Gobierno puede soportar discrepancias. Lo que resulta mucho más difícil es soportar la sensación de que cada ministerio protege su versión, que las explicaciones llegan por separado y que el presidente debe reconstruir después un relato común que ya nadie termina de creer.
Eso empieza a parecer algo más que desgaste. Empieza a parecer fin de ciclo.
Y mientras el Gobierno mostraba sus grietas, el 2 de septiembre ocurrió algo que Moncloa haría bien en no minusvalorar. Miles de españoles salieron a las calles en numerosos municipios para expresar su apoyo a Ceuta. Más allá de las cifras concretas de cada concentración, la imagen política fue inequívoca: una parte importante de la sociedad quiso recordar que Ceuta no es un asunto periférico ni una crisis lejana. Ceuta es España.
Ese apoyo tuvo además un significado que va mucho más allá de una manifestación. Frente a quienes pretenden reducir cualquier reacción a una batalla partidista, muchos ciudadanos entendieron que defender una frontera española no es una cuestión de izquierdas o derechas. Es una cuestión de Estado. Y el 2 de septiembre se produjo una reacción cívica que contrastó poderosamente con la confusión que ofrecía el Ejecutivo.
La calle habló con una claridad que el Gobierno no ha tenido.
Por eso ha comenzado a aparecer incluso una de las palabras más graves de nuestro vocabulario político y jurídico: traición.
Aquí conviene ser especialmente rigurosos. Una cosa es hablar de traición política y otra muy distinta afirmar que Pedro Sánchez ha cometido un delito de traición. El Código Penal reserva ese delito para supuestos extraordinariamente graves y muy concretos. Una eventual imputación requeriría presupuestos jurídicos que no pueden darse por acreditados simplemente por una valoración política de lo sucedido. Corresponde únicamente a los tribunales decidir si existe alguna conducta penalmente relevante.
Pero que hoy no podamos afirmar la existencia de un delito de traición no impide exigir que se investigue todo aquello que deba investigarse. Tampoco impide hablar de responsabilidad política. Esa responsabilidad no necesita una sentencia. Se juzga en el Parlamento, en los medios y, sobre todo, entre los ciudadanos.
Y ahí es donde Sánchez tiene un problema mucho mayor.
El sanchismo ha demostrado una extraordinaria capacidad de supervivencia. Ha resistido derrotas electorales, crisis parlamentarias, escándalos, investigaciones judiciales, cambios de posición que parecían imposibles y contradicciones que habrían terminado con otros gobiernos. Su principal fortaleza nunca fue únicamente la aritmética parlamentaria. Fue el control del tiempo y del relato.
Ceuta puede haber quebrado precisamente eso.
Porque ahora ni siquiera existe un único relato dentro del Ejecutivo. Un ministerio dice una cosa y otro introduce una versión distinta. Un ministro pide explicaciones. Otra ministra marca distancias. Marruecos responde cuando considera oportuno. Los ciudadanos preguntan. Y el presidente trata de convencer a España de que todavía faltan datos antes de extraer conclusiones.
Quizá sea cierto que faltan datos. Precisamente por eso deben conocerse todos.
Todo lo ocurrido en la frontera. Todo lo que sabía el Gobierno. Todo lo que sabía el CNI. Todo lo que conocían Interior y Defensa. Todo lo que hizo Marruecos y todo lo que dejó de hacer. Y, por supuesto, todo lo que pueda explicar por qué la relación de Pedro Sánchez con Rabat ha estado tantas veces envuelta en una prudencia que una parte creciente de los españoles ya no entiende.
¿Qué tendrá Marruecos de él? Tal vez nada. Ojalá sea nada. Pero la mejor manera de acabar con una sospecha no es indignarse porque exista, sino aportar la información necesaria para que deje de tener sentido.
El 2 de septiembre habló la calle. Después habló Sánchez. Y entre ambas imágenes se resume buena parte del momento político español: de un lado, ciudadanos reclamando firmeza, explicaciones y apoyo a Ceuta; del otro, un Gobierno dividido que todavía intenta ponerse de acuerdo sobre qué ocurrió y quién sabía qué.
Tal vez todavía no estemos contemplando el final de un Gobierno. Los números parlamentarios tienen sus propias reglas y Sánchez ha demostrado demasiadas veces que sabe sobrevivir cuando muchos lo dan por acabado.
Pero el sanchismo no es solamente un Gobierno. Es una forma de ejercer el poder basada en la capacidad de dominar el relato, resistir cada crisis y convertir cada contradicción en una nueva explicación.
Cuando esa capacidad desaparece, empieza el verdadero final.
Y puede que Ceuta, Marruecos, la fractura interna del Ejecutivo y la respuesta de miles de españoles el 2 de septiembre hayan marcado precisamente ese momento.
No necesariamente el final de Sánchez mañana. Pero sí, quizá, el principio de algo más profundo: el fin del sanchismo.
