La cuestión de la vivienda en el Estado español se ha convertido los últimos años en una de las principales fuentes de malestar social. Más del 60% de jóvenes no pueden emancipar-se, y el 87% que lo hace dedica la mayoría del salario a gastos de vivienda. Entre las personas adultas, 1 de cada 3 destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler. Es la cifra más elevada de la UE. En definitiva, un 60% de personas manifiesta problemas relacionados con el acceso a la vivienda, existiendo 5,5 millones de personas en exclusión residencial. Principalmente jóvenes y personas de clase trabajadora de ingresos medios y bajos. 

En el debate público viene siendo recurrente que la solución al problema de la vivienda es asunto complejo. Sin entrar en las diferentes posiciones, es evidente que el desacople entre el precio de la vivienda y el nivel de renta de la población es una disfuncionalidad del mercado que arrastramos desde el boom inmobiliario, cuando la vivienda incremento el precio un 200% mientras los salarios lo hicieron un 10%. 

Aterrizando en Castelló, la experiencia reciente indica que no es posible ni tampoco deseable resolver el problema promoviendo un nuevo ciclo inmobiliario expansivo de vivienda en propiedad a precio de mercado. La experiencia de más amplio y largo recorrido más bien señala la necesidad de impulsar políticas de vivienda basadas en tres pilares: 

En primer lugar, promover vivienda nueva en condiciones asequibles, mayoritariamente en régimen de alquiler social y ampliando el parque público. La única fórmula para volver a acoplar los precios de la vivienda con los ingresos de la población pasa por la Vivienda de Protección Pública, tal y como se hizo en los años 80, donde la VPO llegó a la mitad de las viviendas promovidas. Además, la evidencia también indica la necesidad de mantener la protección de forma permanente como mecanismo estabilizador de precios. 

En segundo lugar, impulsar la rehabilitación de vivienda construida. Según el Plan Estratégico de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló, existen alrededor de 7.000 inmuebles con necesidades importantes de rehabilitación y mantenimiento, parte de ellos deshabitados. Muchos de estos inmuebles se encuentran en zonas de vulnerabilidad socioeconómica y necesidad de regeneración urbana. El Plan de Barrios, aprobado en 2023 con una inversión de 17 millones de euros, es un buen ejemplo en ese sentido.  

Finalmente, movilizar hacia el mercado de alquiler viviendas vacías. Según el mencionado plan, existen más de 13.000 viviendas vacías en Castelló. Una parte viviendas antiguas sobre las que habría que aplicar políticas de rehabilitación. Incentivar su salida al mercado y penalizar su mantenimiento ocioso es responsabilidad de la administración pública. Políticas que ayuden a pequeños propietarios a alquilar a precios asequibles es un ejemplo de éxito puesto en marcha en otras ciudades, así como penalizar a grandes propietarios que mantienen viviendas en desuso existiendo demanda.  

En definitiva, revertir el malestar social de la vivienda no pasa por hacer lo mismo de otras veces, y menos por no hacer nada esperando que amaine. El problema de la vivienda no es tanto de escasez como de su carácter de bien de primera necesidad sujeto a una excesiva mercantilización y especulación sobre el mismo.  

Es necesaria una generación de políticas de vivienda con nuevos enfoques y basada en la colaboración público-privada y público-comunitaria, donde el interés general esté por encima de la extracción de valor. Hoy más que nunca, la lógica de la gestión pública y del lucro privado limitado deben de primar si se quiere garantizar el derecho a la vivienda.