CASTELLÓ. Las emergencias ya no son episodios excepcionales. Son parte de la nueva realidad económica, social y climática a la que debemos adaptarnos.

La Comunitat Valenciana lo sabe bien. Los últimos años nos han recordado hasta qué punto una emergencia puede alterar la vida de miles de familias, paralizar empresas, romper cadenas logísticas, afectar infraestructuras críticas y generar enormes costes económicos y sociales.

En esos momentos, la ciudadanía no pregunta qué administración es competente ni qué color político gobierna cada institución. Lo que exige es algo mucho más simple y mucho más importante: que el sistema funcione.

Y ahí es donde España tiene todavía importantes deberes pendientes.

La gestión de emergencias en un Estado complejo y descentralizado como el nuestro exige coordinación real, protocolos claros y capacidad de respuesta rápida. Los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, Administración General del Estado y organismos europeos tienen funciones esenciales. El problema no es la existencia de distintos niveles competenciales, sino que demasiadas veces seguimos funcionando como compartimentos estancos.

Las emergencias no entienden de fronteras administrativas. Tampoco de tiempos políticos. Por eso resulta imprescindible avanzar hacia grandes acuerdos de Estado en materias estratégicas vinculadas a la resiliencia territorial: gestión de emergencias, agua, infraestructuras críticas, energía, comunicaciones o planificación preventiva

Precisamente hace unas semanas, el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, defendía la necesidad de recuperar, también para asuntos como el que hoy nos ocupa, espacios de entendimiento y diálogo real, alejados de la polarización permanente. Y probablemente pocas materias requieren tanto ese espíritu como la gestión de emergencias.

Porque cuando todo se convierte en confrontación, el sistema pierde eficacia. Y en una emergencia, tanto en la prevención —que es siempre lo deseable— como en la respuesta, perder eficacia significa perder tiempo. Y perder tiempo puede tener consecuencias muy graves.

La Comunitat Valenciana necesita planificación a largo plazo, inversiones sostenidas y criterios técnicos estables. Necesita reforzar infraestructuras hidráulicas, redes de comunicación, sistemas predictivos y mecanismos de coordinación multinivel.

También necesita aprovechar mejor la tecnología ya disponible. Hoy existen herramientas de inteligencia artificial, análisis masivo de datos, predicción meteorológica avanzada y sistemas europeos de monitorización que permiten anticipar riesgos con una precisión impensable hace apenas unos años.

Europa, de hecho, lleva tiempo orientando parte de sus políticas de resiliencia hacia esa dirección. La prevención y la capacidad de adaptación se han convertido en prioridades estratégicas.

Y en ese contexto, la empresa debe formar parte activa de la solución.

Durante cualquier gran emergencia queda demostrado que el sector privado no es un actor secundario. Empresas logísticas, energéticas, tecnológicas, constructoras, industriales, agroalimentarias, de transporte o telecomunicaciones resultan esenciales para mantener el funcionamiento de la sociedad.

Detrás de cada recuperación rápida hay miles de empresas sosteniendo suministros, reparando infraestructuras, garantizando abastecimientos o reorganizando cadenas de producción.

Por eso los protocolos de emergencia deben integrar mucho más al tejido empresarial, no solo como colaborador ocasional, sino como pieza estructural de la capacidad de respuesta.

Y también debemos extraer otra lección importante: la prevención bien fundamentada, planificada y ejecutada siempre resulta menos costosa —en todos los sentidos— que la improvisación posterior.

Invertir en infraestructuras resilientes, mantenimiento, digitalización, planificación territorial o prevención hidrológica -y de cualquier otro tipo, incluida la defensa, aunque ésta la dejaremos para otra ocasión- no debería contemplarse como un gasto, sino como una inversión en estabilidad económica y social.

España dispone de talento técnico, capacidad empresarial y profesionales públicos altamente preparados. Lo que muchas veces falta es algo más sencillo y más difícil al mismo tiempo: continuidad, coordinación y visión compartida.

La sociedad está cansada del ruido permanente. También las empresas

Necesitamos menos política de titulares y más política de Estado. Porque las emergencias seguirán llegando. La diferencia estará en si seguimos reaccionando desde la confrontación o empezamos a prepararnos desde el acuerdo.

Solo desde ese entendimiento podremos ofrecer la estabilidad, la seguridad y la confianza que necesitan nuestra sociedad, nuestras empresas y nuestras inversiones.

Luis M. Martí Bordera
Presidente de CEV Castellón

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