Pocos pensaban que la huelga educativa, que se planteó con carácter indefinido, iba a llegar tan lejos. En todos los sentidos. Que iba a durar tanto tiempo (ya estamos enfilando la tercera semana de huelga); pero, sobre todo, que iba a generar tanta movilización, con tantos profesores en huelga, movilizados en concentraciones y manifestaciones, de forma sostenida.

Esta semana tuvimos un nuevo ejemplo del nivel de compromiso con la huelga del profesorado, que es producto de muchos años de deterioro de las condiciones de su trabajo. La Conselleria de Educación por fin se avino a negociar y, tras una sesión maratoniana con los sindicatos, planteó un incremento del salario de los profesores de 200€. Esa fue la principal concesión de la Conselleria, pues las demás medidas se concretaron mucho menos, o sencillamente suponían fijar los plazos en que se aplicaría la obligada disminución de ratios en las aulas marcada por el Gobierno central.

Este viraje de Conselleria cumple, una vez más, la máxima de que las huelgas “no sirven para nada”, en particular si tienen mucho apoyo del colectivo implicado, cuentan con la simpatía de la sociedad y con la capacidad de generar perturbaciones e impacto mediático. Así, en apenas dos semanas hemos pasado, de decir la Conselleria que no hay dinero ni nada que hacer, a ofrecer un incremento de sueldo significativo en el marco de las negociaciones. Pero, sorprendentemente, la Conselleria presentó la oferta como un ultimátum, obligando a los sindicatos a aceptarla si no querían que ésta se retirase, con la amenaza explícita de romper definitivamente las negociaciones. 

Y ahí es donde tuvimos de nuevo una medida precisa del alcance de esta movilización. Tras siete días de huelga, con lo que ello supone, los sindicatos sometieron a votación la propuesta de Conselleria. No entre sus afiliados, sino en el conjunto de la comunidad educativa. El resultado: sólo un 6% de los profesores que participaron en la encuesta querían aceptar la propuesta de Conselleria, por un 94% que la rechazaban. La mayoría de los profesores, un 60%, se manifestaban a favor de continuar la huelga indefinida. 

La hoja de ruta que probablemente tenía Conselleria pasaba por asumir que muchos profesores estarían dispuestos a aceptar la oferta; y que los sindicatos conservadores, CSIF y ANPE, también la apoyarían. En ese escenario, sería mucho más sencillo para el Consell encuadrar, como llevan intentando hacer desde el minuto uno, estas movilizaciones en términos partidistas: como una huelga de profesores que se movilizan no porque tengan justas reivindicaciones (que ya habrían sido atendidas por el Consell), sino por su afán por hacer oposición al PP, como rojos catalanistas que son.

Este “relato” de los hechos no tiene visos de triunfar en un contexto como el que estamos viviendo, en el que la oferta de Conselleria recibe un rechazo casi unánime del profesorado, ningún sindicato abandona la huelga y las movilizaciones siguen siendo masivas. Dicho contexto está funcionando como una gota malaya para el Consell, que erosiona su posición política, su credibilidad y sus apoyos electorales en un grado que no es en absoluto irrelevante, dada la situación de polarización e igualdad de los bloques electorales que tenemos como punto de partida en la Comunitat Valenciana tras el desastre de la Dana y la convocatoria electoral prevista para el próximo año. 

Lo normal, en una situación así, sería que ante esta votación la Conselleria hubiera seguido negociando, mejorase su oferta y, en fin, hiciera lo posible por solventar este conflicto con un pacto en el que todos pudieran salvar los muebles. En lugar de eso, la consellera Carmen Ortí se levantó de la mesa en cumplimiento de su absurdo ultimátum para escenificar una ruptura que al día siguiente ya se había convertido en “volveremos a negociar en breve”. Porque mientras las cosas sigan así no les queda otro remedio.

En todo este proceso, Conselleria está demostrando una percepción de la realidad muy deficiente. De las motivaciones de la huelga, de la resistencia del profesorado y sus apoyos sociales. Ni el intento por convertir esto en la enésima disputa partidista izquierda-derecha, ni el afán por enfrentar a padres con profesores, está teniendo éxito por el momento. Una percepción de la realidad que se arrastra desde los tiempos del antecesor de Ortí, el actual conseller de Hacienda, José Antonio Rovira (recuérdese que la Ley de Libertad Educativa impuesta por Rovira contra viento y marea se promulgó para resolver un problema inexistente: la “persecución” a los castellanohablantes en la Comunitat Valenciana).

A dicho problema se une la precariedad del Consell, que no sólo tiene que ver con sus expectativas de revalidar la mayoría, sino con el juego de equilibrios dentro del propio PP, producto de los cuales Juan Francisco Pérez Llorca consiguió suceder a Carlos Mazón. El president apenas tiene libertad de acción, porque regenta un Consell producto del juego de equilibrios entre diferentes familias y sensibilidades. Que le ha obligado, por ejemplo, a comerse un cadáver político, José Antonio Rovira, nada menos que como conseller de Hacienda, como cuota mazonista-alicantina. O nombrar consellera a una persona, Carmen Ortí, de la confianza de la principal rival de Llorca por el control del PP, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. 

El president Llorca pone al mal tiempo buena cara y muestra -a veces- talante conciliador, que no sirve de mucho si no toma las riendas de la negociación ni obliga a los suyos (Rovira, que tiene la llave de la caja, y Ortí, que encabeza la Conselleria de Educación y las negociaciones con los sindicatos) a alcanzar un acuerdo. Tampoco puede consolarse lamentándose de que los profesores no le organizaron este follón al Botànic (que tampoco les subió el sueldo, pero sí mejoró otros parámetros), porque el PP lleva ya tres años gobernando y no ha hecho nada de nada, salvo generar conflictos nuevos y no solucionar ninguno de los que ya había.