El president de la Generalitat anunció la semana pasada, junto con otras medidas destinadas a paliar los efectos derivados de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, un nuevo aumento en el precio del módulo de vivienda protegida privada. La justificación es, una vez más, el encarecimiento de los precios relacionados con la construcción. De acuerdo con la Federación de Contratistas de Obras de la Comunidad Valenciana, los costes han subido más de un 100% en los últimos seis años. 

Cabe recordar que esta será la tercera subida en menos de tres años. En 2023, el máximo se fijó en 2.200 euros; en 2024 escaló hasta los 2.400 y, tras el reciente anuncio, el metro cuadrado alcanzará cifras superiores.

La consecuencia es directa: el precio final de la vivienda de protección pública se dispara. Por ello, crecen las voces críticas ante una realidad distorsionada. Esta tipología de vivienda, concebida para satisfacer la demanda de rentas que no pueden acceder al mercado libre, se está convirtiendo en un producto igualmente inalcanzable para quienes deberían ser sus beneficiarios.

Ante esta situación, debemos preguntarnos: ¿Es el modelo actual de vivienda protegida privada rentable en términos sociales y económicos? En mi opinión, no.

El decreto de vivienda protegida aprobado en 2023 (derogado en 2024) buscó transformar este modelo mediante el consenso entre agentes públicos y privados. Aquella norma regulaba mecanismos para modular los precios, con beneficios a proyectos asequibles; habilitaba la compra directa por parte de la Generalitat de las viviendas protegidas de nueva promoción, con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible de vivienda pública; establecía la calificación permanente e impulsaba un enfoque accesible del modelo. 

Sin embargo, en favor del acuerdo y de generar un nuevo paradigma duradero, se desechó una medida: que esta tipología de promociones se destinase exclusivamente al alquiler asequible. No obstante, la realidad actual nos empuja a recuperar el debate iniciado en la pasada legislatura. 

Son numerosos los motivos que refuerzan la idea planteada. En primer lugar, la vivienda protegida en régimen de alquiler asequible permite una función social mucho más dinámica y eficiente. 

Asimismo, facilita la rotación de los beneficiarios según sus necesidades vitales, asegurando que el recurso habitacional esté siempre a disposición de quienes más lo necesitan en cada momento, ya sean jóvenes iniciando su proyecto de vida o familias en búsqueda de mejorar sus condiciones materiales.

Alejandro Aguilar fue Secretario Autonómico de Vivienda y Función Social en la Generalitat Valenciana (2021-2023)

De igual forma, el parque de alquiler asequible funciona como un mecanismo de contención de precios para el mercado libre. Cuando la administración gestiona una oferta significativa de alquileres a precios controlados, con calificación permanente, ejerce una presión competitiva a la baja sobre el sector privado, desincentivando las rentas abusivas en el entorno y ayudando a estabilizar el mercado inmobiliario de toda la zona, no solo el de las viviendas protegidas. 

Huelga decir, por último, que también se lograría un mayor aumento del control que se pueden ejercer sobre estas viviendas reduciendo el riesgo de fraude ya que se logra aumentar la transparencia y la trazabilidad de todo el procedimiento desde el inicio de la construcción hasta la firma del contrato del alquiler. 

Para dar este paso, la Generalitat ya cuenta con los instrumentos técnicos y normativos suficientes, sin perjuicio de poder ampliarlos. Dispone de la capacidad de análisis del Instituto Valenciano de la Edificación para estudiar la viabilidad del modelo; existen nuevas líneas de financiación para la promoción de vivienda asequible que ofrece el nuevo programa de vivienda estatal, a las que se les puede añadir nuevas medidas de fomento, además de, la capacidad de desplegar los conceptos creados en la última ley en materia habitacional del gobierno anterior, como la del “promotor social”.

En suma, no se pueden aplicar viejas recetas habitacionales desfasadas para atender las diversas necesidades de vivienda actuales. Si analizamos con precisión la realidad habitacional existente, apostar desde lo público, con la colaboración de otros actores privados, por el alquiler asequible, se ha convertido en la única vía eficaz para a conseguir que el aumento de oferta de vivienda protegida genere soluciones y no mayores frustraciones.