Hace unos días, la presidenta de la Comisión Europea dijo ante una nutrida representación de empresarios e instituciones empresariales francesas algo que desde hace bastante tiempo se piensa en Bruselas. Dijo en voz alta que en las cuentas bancarias europeas hay más de 10 billones de euros, dinero que según ella está ocioso y que Europa tendría que poner a trabajar para las empresas europeas.
Si a estas declaraciones añadimos las intenciones perversas de eliminar el dinero físico o implementar el euro digital, entre otras maquinaciones, a mi sorpresa inicial tengo que añadir el sobresalto y la alarma, por lo que he pensado que sería buena idea escribir algo sobre el asunto. Quizá una trilogía sobre la redistribución de la riqueza, de cómo gravar a impuestos a los contribuyentes no eliminará jamás el déficit o de por qué la propiedad privada nos protege ante el autoritarismo y nos proporciona libertad.
Hablemos pues de la mal llamada redistribución de la riqueza, bandera y demanda del progresismo socialista y comunista actual imperante, que pregona a los cuatro vientos que el Estado está justificado para redistribuir las concentraciones de riqueza privada para cubrir fines públicos. Según el wokismo que es el nuevo social comunismo (que el lector interprete el término a su gusto) esta redistribución consistiría en hacer uso del poder estatal para transferir ingresos o recursos de unos miembros de la sociedad a otros, generalmente mediante impuestos y gasto público, también confiscaciones, con el objetivo de reducir la desigualdad económica o generar beneficios sociales.
Todo ello utilizando el argumento basado en principios ideológicos obviando cuestiones como la eficiencia económica; principios ideológicos sobre la pobreza, la justicia social, la necesidad y la desigualdad que se sustentan, errónea e interesadamente, en una reivindicación moral mucho más amplia, a saber: el Estado está justificado para redistribuir las concentraciones de riqueza privada con el propósito de satisfacer fines públicos.
La Historia y la experiencia nos han demostrado incansable y tozudamente que esto no es así, que los excesos del Estado aplicando la llamada redistribución de la riqueza finalmente acaban gravando la actividad productiva y por lo tanto se debilitan los incentivos para trabajar, ahorrar e invertir, reduciendo o eliminando, en los casos más extremos, la riqueza total de una sociedad (URSS, Venezuela chavista…). La retórica habitual utilizada para sostener el relato es la comparación entre los que luchan por conseguir un trozo de pan y los que disfrutan de lujos y comodidades.
Pero dado que el Estado utiliza el poder político para esa redistribución, un poder político coercitivo (léase Ministerio de Hacienda, no deflactación de tarifas, indexación inversa, expropiaciones, confiscaciones…) para asignar mis-nuestros recursos a fines elegidos por otros, como mínimo esto exige y requiere de una amplia justificación (Presupuestos Generales, políticas a largo plazo aprobadas en las Cortes, etc.). Decir el Gobierno que la necesidad constituye un derecho no implica automáticamente un derecho político ilimitado sobre nuestra propiedad, trabajo y decisiones.
Cuando esto se institucionaliza, como ocurre ahora en España, la redistribución no se limita a trasladar dinero de ricos a pobres, transfiere la autoridad de las personas y la sociedad civil al Estado, que asume el control sobre los ingresos, los ahorros, el trabajo, los incentivos familiares y la iniciativa social. Es decir, el Gobierno socialista y comunista se arroga de forma permanente decidir en cuestiones como quién tiene demasiado, quién tiene poco, quién merece ayuda y quién debe ceder recursos para proporcionársela.
Como ejemplo de lo anterior he leído recientemente que “Sumar plantea un impuesto sobre la concentración de riqueza (ricos) para combatir la pobreza infantil”, que traducido del politiqués social comunista, woke, quiere decir que impondrán un impuestazo a patrimonios para otorgar una prestación por cada hijo. Por supuesto ellos decidirán a quién, en base a qué y la cantidad, también la que se quede por el camino.
Enternecedor verdad, pero mientras esto ocurre la realidad es que contratar a un trabajador le cuesta ya al empresario 786 euros más que en 2018 mientras que su salario apenas ha subido un mísero 2 por ciento. Y paralelamente leo que el Gobierno socialista y comunista, woke, pretende “censar a los insectos que hay en los márgenes de nuestras carreteras para salvar la polinización”, gilipollez que seguramente encargarán a una empresa amiga de alguien.
Pero volvamos a lo nuestro ya que la riqueza en manos privadas no se disipa en un mero consumo ocioso como nos quieren hacer creer en su relato, sino que financia inversiones, experimentación en tecnología, innovación e invención, investigaciones académicas, arte y filantropía, ecología y sostenibilidad, es decir, en materias que históricamente los gobiernos han descuidado o que tan siquiera ninguno de sus ministros puede imaginar.
Convendría recordarles a estos social comunistas, wokistas, que la fortuna familiar (negocio textil) de F. Engels financió a su amigo Marx el tiempo y la seguridad necesarios para escribir tranquilamente El capital en el que desarrolló sus críticas al capitalismo.
Lo cierto es que dejar la redistribución exclusivamente en manos de un poder político desmesurado, ambicioso y brutalmente voraz, a la vez que caprichoso y anárquico, resultaría o desembocaría en una tiranía manifiesta.
Además de su elevado coste, recuérdese el cubo de fugas (Arthur M. Okun) del artículo anterior, acostumbraría a los ciudadanos contribuyentes a percibir y entender el orden social como algo impuesto desde arriba, en lugar de algo que proviene de sus propias elecciones o decisiones. Convertiría a esos políticos insaciables en una supremacía en todos los ámbitos de nuestras vidas.
Como siempre dice un buen amigo, Catedrático de Economía Aplicada en la UV, para poder repartir la riqueza antes hay que crearla. Y yo añadiría que aquí aparece una de las grandes disyuntivas de la economía y es la que existe entre eficiencia y equidad. Una sociedad puede utilizar la fiscalidad y la redistribución para reducir las desigualdades, pero cuando la presión fiscal alcanza niveles desorbitados, puede terminar debilitando los incentivos para invertir, emprender, trabajar y asumir riesgos, y, paradójicamente, reduciendo con ello la capacidad de la propia sociedad para generar la riqueza que después pretende repartir.
Por eso, una sociedad libre debe buscar un equilibrio entre ambos objetivos, estableciendo límites al poder coercitivo de los políticos insaciables y temerarios evitando que la legítima aspiración a una mayor equidad termine erosionando la eficiencia económica. Al mismo tiempo, debe garantizar un amplio espacio de libertad para que los recursos privados puedan contribuir a fines públicos y al bienestar colectivo sin necesidad de obtener previamente el permiso, la intermediación o el arbitraje permanente del Estado.
Todo ello mientras que la Airef nos alerta de que ya estamos en el límite del margen fiscal y el economista estadounidense A. Laffer ha visitado recientemente España para recordarnos su famosa curva, y no es la del circuito Madring de F1.
En conclusión, esto del wokismo o socialcomunismo no deja de ser una pantomima interesada al servicio de los que no ven más allá de lo que ansían. España y la economía española necesitan ganar tracción pero con estas políticas abusivas y extractivas de riqueza no consiguen sino lo contrario. Hemos olvidado las lecciones aprendidas por otros países que sufrieron en sus carnes estás ideas desgraciadas. Sirve como anillo al dedo la famosa frase de Cicerón en su primera catilinaria: "¿Hasta cuando abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?". Mientras tanto la mayoría utilizando la conocida estrategia del gusano… arrastrarse y suplicar.
Ricardo Romero es especialista en estrategia de impacto y gestión empresarial
