La sentencia contra David Sánchez ha desatado una reacción casi tan previsible como la propia noticia. Antes incluso de analizar sus fundamentos, algunos dirigentes del PSOE ya habían optado por atribuirla a una supuesta conspiración judicial para derribar al Gobierno por vías distintas a las urnas.
Entre quienes más han insistido en esa tesis figura el ministro Óscar Puente, que ha denunciado en redes sociales un intento de derribar al Ejecutivo desde los tribunales. Conviene recordar que el actual Gobierno no es fruto de una victoria electoral en solitario, sino de una mayoría parlamentaria construida mediante acuerdos con otras fuerzas políticas, entre ellas los partidos independentistas. Entre esos acuerdos destaca la ley de amnistía, cuya aprobación fue negada de forma reiterada por el PSOE durante la campaña electoral.
También se ha intentado desacreditar la resolución recordando que la denuncia inicial partió de Manos Limpias, organización habitualmente situada en la órbita de la extrema derecha, o señalando la participación del PP y Vox en la acusación popular. Sin embargo, ese argumento resulta insuficiente para descalificar todo un procedimiento judicial. El propio PSOE, junto con otras formaciones, ha ejercido ese papel en causas que afectan al Partido Popular, como la Kitchen o la de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La legitimidad de una resolución debe descansar en sus fundamentos jurídicos, no en la identidad de quienes promovieron la investigación. No parece razonable sospechar más de quien denuncia que de quien ha sido condenado por una resolución judicial.
Pero quizá el aspecto más relevante de este caso no sea el nombre del condenado, sino lo que revela sobre un problema mucho más amplio. Según la sentencia, la plaza de coordinador de conservatorios de la Diputación de Badajoz fue creada específicamente para beneficiar a David Sánchez, al considerarla "innecesaria" y "vacía de contenido". Será la justicia quien determine definitivamente las responsabilidades, pero la resolución de instancia plantea una cuestión que trasciende este episodio concreto.
Porque la verdadera pregunta es otra: ¿cuántos puestos similares pueden existir repartidos por ayuntamientos, diputaciones, consejerías, empresas públicas o ministerios? No hace falta realizar un gran esfuerzo de memoria para recordar casos de familiares, amigos, militantes o personas afines incorporadas a las administraciones mediante procedimientos que, cuando menos, suscitan dudas sobre su oportunidad o su necesidad. Cada uno tendrá sus propios ejemplos.
La utilización de recursos públicos para ampliar redes de confianza política constituye una práctica demasiado extendida en nuestro país. Plazas diseñadas con perfiles extremadamente específicos, organismos creados sin una utilidad evidente, nombramientos de asesores cuya aportación resulta difícil de evaluar... La casuística es amplia y trasciende con mucho a un partido concreto.
- El exasesor del ministro de Transportes, Koldo García. -
- Foto: EP
En ese mismo contexto cabe situar otro condenado recientemente por cohecho, malversación y tráfico de influencias: Koldo García. Sin más currículo que su experiencia como guardaespaldas y portero de discoteca acabó convertido en asesor del ministro de Transportes, uno de los departamentos con mayor capacidad de contratación del Estado. Su caso vuelve a demostrar hasta qué punto la cercanía política puede llegar a pesar más que el mérito o la capacidad. Lo preocupante, una vez más, no es únicamente un caso individual, sino el sistema que lo hace posible.
Porque el verdadero debate no debería limitarse a los Davides o a los Koldos de turno. Lo preocupante es que los partidos, cualquiera de ellos, con demasiada frecuencia, terminen utilizando las administraciones como espacios donde recompensar lealtades, consolidar estructuras de poder o atender intereses propios. El resultado es que, lejos de armar administraciones potentes con las que ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos, terminan atrofiando la gestión y malgastando el dinero de los contribuyentes.
Resulta suficientemente grave como para denunciarlo. Pero, claro, se antoja complicado que alguien pueda perseguir al de enfrente por lo mismo que están haciendo los suyos. Y, de este modo, todos contentos, se van tapando unos a otros para continuar sirviéndose de la política y deteriorando sus más nobles valores.
Juan Enrique Ruiz es periodista y profesor
