España lleva años atrapada en una tela de araña normativa que dificulta emprender, invertir, construir una vivienda o simplemente desarrollar una actividad económica con normalidad. A lo largo de las últimas décadas, la producción legislativa de las distintas administraciones ha crecido sin apenas mecanismos eficaces para eliminar normas obsoletas o redundantes. El resultado es un país donde la burocracia consume tiempo, dinero y oportunidades.
Durante décadas, la respuesta de todos los gobiernos ha sido siempre la misma: ante cualquier problema, una nueva ley; ante cualquier dificultad, un nuevo reglamento; ante cualquier crisis, un nuevo organismo público. ¡Ah!, y me faltan los decretos, el pan nuestro de cada día. Eso sí, la única ley que hay obligación de aprobar, la de presupuestos, algunos llevan años sin hacerlo. El resultado está a la vista. España es uno de los países más burocratizados de Europa, donde emprender se ha convertido en una carrera de obstáculos y donde la Administración parece existir más para vigilar al ciudadano que para servirle. Los españoles nos convertimos en presuntos culpables.
Esta ansia legislativa no es un accidente. Es la consecuencia de una forma de entender el poder: cuanto más regula el Estado, más controla la vida de los españoles. Y cuanto más depende el ciudadano de una autorización administrativa, menos libre es.
Por eso la desregulación que propone Vox no es una simple reforma técnica. Es una cuestión de principios. Se trata de devolver el protagonismo a quienes crean riqueza, generan empleo y sostienen con sus impuestos el funcionamiento del país.
Lo más preocupante es que esta inflación legislativa rara vez mejora la vida de los ciudadanos. Al contrario: encarece la vivienda, retrasa inversiones, dificulta la creación de empleo y expulsa empresas hacia países donde las administraciones facilitan la actividad económica en lugar de obstaculizarla. Casi el 80% de las empresas españolas reconocen que la asfixia burocrática frena directamente sus inversiones. Y si a eso añadimos la fiscalidad que ciudadanos y empresas sufren en España, ¡apaga y vámonos!
Cada licencia innecesaria tiene un coste. Cada informe duplicado retrasa una inversión. Cada autorización absurda supone más gasto público y menos crecimiento. La burocracia nunca paga la factura de sus decisiones; la pagan quienes producen, las empresas y los ciudadanos.
Hoy un empresario necesita meses, a veces años, para obtener autorizaciones que en otros países se resuelven en semanas. Un agricultor dedica más tiempo a rellenar formularios que a trabajar la tierra. Un constructor encuentra más dificultades para levantar viviendas que para conseguir financiación. Un autónomo tiene que convertirse en experto en normativa antes que en experto en su profesión.
Frente a esta situación, Vox plantea un cambio de paradigma. El Estado debe garantizar el cumplimiento de la ley, proteger la seguridad y perseguir el fraude. Pero no debe convertirse en el director de la vida económica ni tratar a cada ciudadano como un sospechoso que necesita permiso para emprender.
Desregular no significa eliminar todas las normas. Significa eliminar las inútiles. Significa revisar procedimientos que nadie sabe por qué existen, reducir organismos cuya única función es generar más trámites y suprimir regulaciones que ya no responden a ningún interés general.
Eso significa revisar miles de normas acumuladas durante décadas. Significa preguntarse, una por una, qué utilidad tienen realmente. Si una regulación no protege un bien jurídico esencial y solo sirve para retrasar inversiones, encarecer costes o multiplicar trámites, debe desaparecer.
Los críticos con esta propuesta recurren con frecuencia al mismo argumento: que menos regulación implica menos derechos. Es una conclusión falsa. La experiencia demuestra que un Estado eficaz no es el que más normas produce, sino el que hace cumplir las necesarias. La acumulación legislativa no garantiza una mayor protección, muchas veces solo genera más confusión, más arbitrariedad y más poder para la burocracia.
Los derechos no dependen del número de páginas del BOE, ni del DOG en nuestro caso.
La desregulación no debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para recuperar un principio básico de una sociedad libre: que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos con el menor grado posible de interferencia administrativa.
España no necesita más reglamentos. Necesita más confianza en sus ciudadanos. No necesita más permisos. Necesita más iniciativa. No necesita un Estado que lo decida todo. Necesita un Estado que deje de impedir que los españoles hagan aquello de lo que siempre han sido capaces: trabajar, emprender, innovar y prosperar.
Parece que solo Vox lo ha entendido, o al menos, solo Vox tiene la firme convicción de hacerlo. Y eso es lo que hace Vox allá donde forma parte de los gobiernos con las vicepresidencias con competencias en desregulación y lo está haciendo en nuestra región con la simplificación administrativa.
