Tanto la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas,  y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, compartieron este pasado viernes, en su comparecencia judicial como imputados, una línea en común: dejar al margen al presidente de la Generalitat Carlos Mazón de cualquier tipo de responsabilidad en la Gran Riada del pasado 29 de octubre con un argumento relativamente simple, o simplón: el jefe del Consell no formaba parte del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) y de hecho, argumentaron, una vez que se había decretado la alarma 'es.alert' a las 20.10  el president no estaba presente ya que  llegó casi a las 20.30, con más de 200 muertos sumergidos en fango y agua.

Todo el entorno más próximo de Mazón ha tenido que estar brindando con cava estos dos días sin saber siquiera que está por ver si le puede caer una imputación, algo para lo que sería preciso el concurso del Tribunal Supremo en su condición de aforado y en función de los indicios que detecte la jueza de Catarroja que lleva el caso, Nuria Ruiz Tobarra (un hueso duro se roer). Queda mucho trecho por recorrer. Y, lo más importante, brindan sin saber diferenciar qué es responsabilidad judicial y qué es responsabilidad política. Él y solo él designó a Salomé Pradas, la misma que se derrumbó en el palacio de justicia, con lágrimas en los ojos, y alegando que no tenía conocimiento ni experiencia alguna en situaciones de catástrofe. Y eso que solo respondió a las preguntas de la Defensa.

Argüeso optó, entre otras cosas, por culpar a los técnicos del desaguisado: a Jorge Suárez, funcionario de carrera de Emergencias de la Generalitat y al inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia José Miguel Basset (jubilado hace unas semanas) por la retirada del barranco del Poyo a la hora de comer, sobre las 15 horas con el argumento de que descendía el caudal. Sí que sabían ambos, Pradas y Argüeso, a primera hora de aquel día que la cosa pintaba muy fea, de ahí que el exsecretario autonómico mandara esa misma mañana un mensaje de móvil  tipo SOS a la vicepresidenta del Consell Susana Camarero quien respondió “jope, si necesitas algo nos dices”. Antológica contestación.

Mazón tenía la obligación política y moral de haberse puesto al frente de la nave desde el minuto cero, como sí hizo a los pocos días con la Dana de Castellón. Y como hizo también el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla con las riadas de Málaga a mitades del pasado mes de noviembre: había truco, sí, ya que simplemente se vacunó de la tragedia de Valencia. Tuvo muy claro que no quería ser una especie de 'Mazón.2'.

La prueba del algodón, que contradice a Pradas y a Argüeso,  fue la actuación del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó,  que cerró ese día las instalaciones  provinciales, alertó a los funcionarios para que evitaran desplazamientos, y se comunicó con alcaldes de L'Horta Sud. También urgió en el citado Cecopi a mandar la alerta dos horas antes de cuando se ejecutó, es decir a las 17 horas. “Mándala de una puta vez”, le espetó a Pradas. Las universidades públicas también cerraron sus clases.

Queda por ver qué hizo y que no hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar dependiente del Gobierno central y presidida por el socialista Miguel Polo. Y queda por ver cuantas medallas de más se ha colocado la subdelegada del Gobierno en la Comunitat Pilar Bernabé. En cualquier caso Aemet, organismo estatal, alertó desde las 8 de la mañana de máxima alerta. Y casi nadie hizo caso: el que menos Mazón que estuvo todo el día en modo “missing total”. Ahí reside la naturaleza de su pecado. Para mayor ironía, ciudadanos y turistas se hace 'selfies´ en El Ventorro. Justicia poética: un giro icónico del destino.

CODA: Los “cadáveres” políticos que dejó Emilio Argüeso cuando vendió Cs al PP en compañía de Fran Hervías rebrotaron en los juzgados: Mamen Peris, exdiputada de Cs hasta el final de la anterior legislatura, y Emilio García  Ontiveros, concejal de Cs en Elche estigmatizado por quien entonces aún era secretario de Organización del partido centrista en la Comunidad Valenciana, el mismo que se ha personado ahora en la causa como acusación particular (también crucificó a Daniel McEvoy, actual secretario autonómico de Educación, en su breve incursión en Cs; pero esto, es otra historia...).