Los ciudadanos de Formentera han conseguido que las Cortes Generales, Congreso y Senado, aprueben por amplia mayoría una reforma de la Constitución, la cuarta desde 1978, que permite a esta isla de solo 11.600 habitantes elegir un senador independiente del de Ibiza.

El proceso, impulsado por unanimidad por el Parlamento de Baleares en 2018, ha coincidido en el tiempo con la frustrada —ya podemos decirlo— reforma constitucional impulsada por Les Corts Valencianes en febrero de 2020 para recuperar el derecho civil propio que fue cercenado por el Tribunal Constitucional en 2016.

Una necesidad, la del derecho civil propio, que no todos los valencianos comparten y que, habiendo problemas acuciantes como el de la vivienda, para muchos no es un asunto prioritario, igual que no era en absoluto prioritario para muchos formenteranos poder elegir un senador. No obstante, que no esté 'en la calle' no quiere decir que no sea importante. 

Lo que ocurre es que aquel debate ya pasó, porque lo de recuperar el derecho civil valenciano se viene gestando hace más de diez años y se votó en Les Corts en 2020, donde obtuvo el apoyo de PP, PSPV, Compromís y Unidas Podemos, y el rechazo de Ciudadanos y Vox.

En esta década ha recibido el apoyo, además, de la práctica totalidad de los municipios —incluido el de Finestrat, gracias a una moción de su alcalde Juanfran Pérez Llorca en 2025, dos meses antes de dar el salto al Palau—, las tres diputaciones y decenas de asociaciones y entidades de la sociedad civil.

Las dos propuestas de reforma constitucional, la balear y la valenciana, fueron admitidas por el Congreso y, con cierto retraso, la presidenta Francina Armengol instó el año pasado a los respectivos parlamentos autonómicos a designar, como es preceptivo, a tres diputados para defenderlas en la Cámara Baja. Solo Baleares lo hizo, y ya tiene su reforma.

Los valencianos no la tenemos, ni la tendremos, porque hemos caído en lo de siempre, en valencianear, es decir, ponernos a discutir y trasladar a 'Madrid' la imagen de que no sabemos lo que queremos.

El peor enemigo de una causa valenciana somos los propios valencianos. Los grandes partidos nacionales no tienen que esforzarse en rechazar cualquier iniciativa que no les guste, les basta ordenar a sus sucursales en el territorio sembrar la discordia. Nos conocen.

Es lo que ocurrió con el fondo transitorio de nivelación que todos los partidos excepto Vox y la sociedad civil valenciana venían reclamando desde hace una década para paliar el problema de la infrafinanciación. Hasta que llegó Diana Morant con nuevas instrucciones y el PSPV se puso en contra. Ahora Sánchez, como si quisiera hacer más evidente nuestro fracaso, ha puesto de ministro de Hacienda a uno de los que estaban en la manifestación y ahora están en contra.  

Lo mismo ha pasado con el derecho civil valenciano. El exalcalde Pérez Llorca alimenta ahora el desacuerdo para arruinar el trabajo pilotado durante más de diez años por la Associació de Juristes Valencians (AJV), con el perseverante José Ramón Chirivella al frente.

El método no es nuevo: ha surgido de la nada una nueva asociación de juristas, con destacados exmiembros de la AJV en sus filas, que plantea dudas sobre lo que parecía claro desde que un buen número de expertos aconsejaron en 2017 pedir la reforma constitucional.

Una vez sembradas las dudas, el PP valenciano ve necesario recuperar aquella comisión asesora para que dictamine sobre lo que ya dictaminó hace nueve años. Una comisión que servirá para lo que sirven las comisiones, para ganar tiempo y quitarse responsabilidades. 

Huele a llamadita de Génova para que esto no salga adelante. Y el jefe del Consell, aspirante a candidato del PP en las elecciones de 2027, ha hecho como Morant, sembrar la discordia para que nadie importune a sus jefes.

Lo mejor que podría hacer Pérez Llorca es citar a JR Chirivella en el Palau y ser sincero: Jose, no insistas, que esto no va a salir. Te apoyamos en su día porque pensamos que no ibas a conseguir nada, que en Madrid te iban a torear. Pero se nos ha ido de las manos y, como nos descuidemos, obligamos a Feijóo y a Sánchez a retratarse en el Congreso rechazando el derecho civil valenciano. No podemos permitirlo.

La espantada de Les Corts tras la invitación de Armengol a defender la propuesta debe de tener pasmada a la presidenta del Congreso, que se preguntará si los valencianos somos siempre así. Casi siempre. De hecho, por eso no tenemos derecho civil propio, al contrario que el resto de territorios de la antigua Corona de Aragón, que sí supieron reclamarlos a Felipe V y los que vinieron después, incluido Franco.

Tenemos ese defecto, pero contamos con la ventaja de que nos importa todo un pimiento y nos lo tomamos con humor.

En otros lugares se lo toman todo más en serio y sacan mejores resultados, pero les falta reírse. Mira el PNV, ofendidísimo por un meme de los socialistas sobre san Aitor Esteban. Costará reconstruir los puentes, dicen los expertos en peneuvismo. Nos costará dinero del presupuesto estatal y algunas transferencias, como cada vez que el PNV llora porque li falta un tobogan.