La Plataforma per l'Ensenyament convoca una concentración en Castelló contra la ley de libertad educativa

VALÈNCIA (EFE). La Plataforma per l'Ensenyament ha convocado concentraciones contra la conocida como ley de libertad educativa que promueve el PP y Vox el próximo 27 de junio, fecha en la que se prevé su aprobación en Les Corts.

La convocatoria es a las 18 horas frente a la casa de las Brujas en Alicante, frente a la casa de los Caracoles en Castellón y en el Palau de la Generalitat en València.

Tras la pasada huelga del 23 de mayo, la plataforma "hace un llamamiento en la comunidad educativa y al conjunto de la sociedad valenciana a participar en las concentraciones convocadas para expresar el rechazo a una ley que solo pretende arrinconar el valenciano de la enseñanza".

Los convocantes consideran que la referida ley "es un grave ataque a la enseñanza en valenciano porque prohíbe su uso como lengua vehicular en las comarcas con predominio lingüístico castellano".

También porque "fomenta la exención de la asignatura de valenciano en las mismas zonas y rompe por completo los ciclos, puesto que puede haber cursos con lenguas base diferentes dentro de un mismo ciclo, hecho que dificulta la aplicación del banco de libros".

"Con la nueva ley la elección de la lengua base no depende de criterios sociolingüísticos ni pedagógicos, ni del interés del alumnado. Los consejos escolares de los centros no opinan en esta cuestión", añaden las mismas fuentes.

Por otra parte, también se critica la supresión del requisito de capacitación lingüística con el C1 de Valenciano para el profesorado de las enseñanzas de régimen especial (FP y Artísticos), de EOI y de la inspección educativa.

"Se permite que profesorado sin el C1 de Valenciano pueda venir otros territorios en comisión de servicios durante 4 años. Además se otorgan beneficios para el profesorado que vehicule en inglés, como preferencia en la elección de los horarios, hecho que creará enfrentamientos entre el profesorado", advierten.

Por último, se lamenta que el texto no contempla "ninguna medida de discriminación positiva hacia el valenciano para revertir la situación de minorización lingüística".