VALÈNCIA. La principal apuesta del Consell para ampliar el parque de vivienda protegida encara el último año de legislatura con todavía la mitad del camino por recorrer. Las cuentas anuales de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) sitúan en 5.100 las viviendas movilizadas por el Plan Vive al cierre de 2025, el 51% del objetivo de 10.000 viviendas que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se comprometió a impulsar cuando arrancó su mandato en 2023.
En concreto, la EVHA contabiliza 1.268 viviendas en licitación, 1.578 ya adjudicadas, 2.062 en construcción y 192 finalizadas, distribuidas entre actuaciones impulsadas directamente por la Generalitat y otras desarrolladas en colaboración con ayuntamientos. Las cifras suponen una fotografía del grado de desarrollo del plan a 31 de diciembre de 2025, tal y como indican las cuentas publicadas esta semana, por lo que el número de unidades en alguna de estas fases de tramitación y ejecución puede haber variado en estos seis meses de 2026.
El grueso de las actuaciones corresponde a promociones desarrolladas mediante la fórmula de permuta de suelo por obra futura, el sistema elegido por el Consell para movilizar suelo público sin asumir directamente la construcción de las viviendas. A través de este mecanismo, los promotores privados concurren a concursos para obtener parcelas de titularidad pública y, como contraprestación, entregan posteriormente a la Administración un número determinado de viviendas protegidas. En total, las viviendas en marcha bajo el instrumento de permuta ascienden a 1.871 a cierre de 2025, de las cuales, 1.047 están en licitación, 738 están adjudicadas y 86 en construcción.
Hasta el cierre de 2025, la EVHA había publicado 14 licitaciones correspondientes a 32 parcelas, sobre las que estima desarrollar esas más de 5.100 viviendas protegidas. La idea del Plan Vive es romper con la tendencia de los últimos años de escaso desarrollo de vivienda protegida en la autonomía y levantar 10.000 unidades durante esta legislatura: 6.000 en suelos públicos y 4.000, en privados. Y, a menos de un año de la celebración de los comicios autonómicos y municipales de 2027 (si no se adelantan), el balance manifiesta que el objetivo está todavía lejos de alcanzarse.
Dar salida a suelo dotacional ante la escasez de residencial
La Comunitat Valenciana es una de las regiones con mayores alzas anuales en el precio de la vivienda y con mayor sobreesfuerzo residencial y gasto mensual en vivienda por hogar. De ahí que ahora el Consell se haya planteado la movilización de suelos dotacionales en desuso para construir 120.000 nuevas unidades, según sus estimaciones.
Por el momento el Plan Vive se ha convertido en el principal vector de las políticas de viviendas de la Generalitat Valenciana. Y, aunque existen diferentes vías, la preferida, por el interés que ha suscitado en el mercado privado, ha sido la permuta a cambio de obra futura. Una fórmula por la cual la Generalitat entrega terrenos a las empresas adjudicatarias para que desarrollen las promociones y, a cambio, recibe un número determinado de viviendas de esos proyectos, que pasan a incorporarse al parque público de vivienda asequible.
Esta estrategia combina la movilización de suelo público con la capacidad técnica y financiera del sector privado, que se encarga de ejecutar los proyectos. A pesar de su ambición, este modelo ha generado críticas de la oposición, que cuestiona tanto su alcance real como su efectividad. Un rechazo que ha subido de tono tras el escándalo de las VPO en Alicante, un caso que, tanto desde el sector como la Administración, se procura desvincular del programa y de sus resultados.
- Construcción de vivienda VPO. -
- Foto: EDUARDO MANZANA
El mapa del Plan Vive
La mayor parte de las promociones con asignación se concentra en la provincia de Alicante, tal y como contó este periódico el pasado mes de marzo, seguida de Valencia y Castellón. Esta distribución territorial responde tanto a la disponibilidad de suelo público en determinadas zonas como al mayor dinamismo del mercado inmobiliario alicantino, que facilita la ejecución de estos proyectos. En la capital alicantina se concentran varios de los desarrollos más significativos, como 29 viviendas en el barrio de Garbinet adjudicadas a Fama Rehabilitaciones; otras 159 unidades en Rabasa que ejecutará Albaluz; y otras 60 en Ciudad de la Luz que acometerá Aitana Actividades.
A ello se suman otros proyectos relevantes en la provincia como 77 viviendas en Elche que también levantará Albaluz; 78 unidades que ejecutará en el municipio alicantino de Sant Joan la mercantil Parque Mariola; las alicantinas Alcudia en UTE con Prom 95, 44 unidades en la Vila Joiosa; De igual modo, Fama Rehabilitaciones fue la elegida para desarrollar 64 unidades en dos suelos en Jávea y su administrador único a título individual, Carlos Adolfo Rodrigo Pérez, acometerá otras 32 en la localidad de San Vicente del Raspeig, donde quedaron cuatro suelos para cerca de 90 viviendas desiertos.
No obstante, la convocatoria más grande tanto por número de suelos como edificabilidad ha sido en Torrevieja, con 6 solares para más de 600 viviendas. De ellas, la promotora Livanto, con sede en Vitoria, se ha llevado dos de los cuatro terrenos que se sacaron a concurso en Torrevieja y levantará 555 unidades en el sector de La Hoya: 360 en una pastilla y otras 195 en otra. El tercer suelo para 220 unidades se lo llevó Abala Infraestructuras, empresa constructora perteneciente al grupo murciano Hozono Global y finalmente Udercón se quedó la pastilla más pequeña para 36 inmuebles en el sector La Manguilla.
En la provincia de Valencia las viviendas ya adjudicadas ascienden a 720. Y, en concreto, el 'Cap i Casal' las promociones ya adjudicadas se concentran en el entorno de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), donde Albaluz levantará 77 unifamiliares en tres parcelas. También figuran desarrollos en Sagunto, en donde Grupo Ática junto a Atitlan desarrollarán 71 viviendas en un suelo en Sagunt, ya que otro suelo quedó desierto. Por otro lado, la constructora valenciana Edicover promoverá 42 en Gandia.
Hace menos de un mes, la alcaldesa de València, Maria José Catalá, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca anunciaron la construcción de 1.200 nuevas viviendas de protección pública en la pedanía de La Torre, de las que casi mil se destinarán a la venta y el resto a alquiler asequible, junto a cerca de 7.000 metros cuadrados de equipamientos públicos.
Estas construcciones serán impulsadas por la Generalitat y el Ayuntamiento de València a través del Plan Especial Urbanístico de Reconstrucción (PEUR) de La Torre, una figura extraordinaria regulada para acelerar las obras de reconstrucción tras la catástrofe y facilitar la disponibilidad de suelo, que también pretende construir entornos más adaptados.
Castellón, por su parte, registraba en marzo de este año 120 viviendas ya adjudicadas, todas ellas en la capital provincial a la firma Clover Homes.
Paralelamente, la Generalitat ha activado las primeras viviendas del concurso de 1.090 unidades que se licitó y adjudicó hace dos años durante la época del Botànic a la UTE Urbania-Visoren. Un gran lío jurídico con la redacción del pliego ha retrasado el inicio de las obras y ha llevado a que la adjudicataria haya renunciado a la construcción de uno de sus tres lotes, con 389 VPO en Valencia. El actual equipo de la Conselleria ha tenido que desatascar el proyecto para que pudieran iniciarse los trabajos de las primeras unidades en Alicante. Por tanto, de este proyecto heredado se prevé que finalmente se levanten 701 VPO en la región.
