VALÈNCIA. El Gobierno ha aprobado este martes dos reales decretos ley con nuevas medidas en materia de vivienda, después de cerrar un acuerdo de última hora entre PSOE y Sumar. El Ejecutivo ha optado por dividir en dos textos el paquete de medidas para facilitar su tramitación parlamentaria y evitar que aquellas que generan más reticencias pongan en riesgo al resto, dado que ahora toca reunir los apoyos parlamentarios suficientes para que salgan adelante. Así, ambos se someterán a votación en un pleno extraordinario del Congreso este viernes.
Por tanto, la incógnita está ahora en ver los apoyos que consigue reunir el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De momento, no tiene garantizado el respaldo de todos sus socios para sacarlos adelante. Y, a priori, tampoco parten ambos con las mismas opciones: el primer decreto ley concentra las medidas con mayor consenso previo, mientras que el segundo, centrado en la renovación automática de los contratos, se presenta con un escenario parlamentario más complicado.
Por ello, la primera de las normas concentra buena parte de las medidas que el Gobierno considera prioritarias y que Moncloa confía en que logren el consenso necesario.
Así, a falta de conocer los textos definitivos, entre las medidas incluidas en los decretos destaca la prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, que los inquilinos deberán solicitar, así como un tope del 2% a la actualización anual de las rentas.
El Gobierno también regula el alquiler de temporada y por habitaciones. Los contratos temporales tendrán una duración máxima de 12 meses y deberán justificar la causa de la temporalidad. Además, se extenderán a estos alquileres las garantías de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), como los límites a la fianza, la prohibición de cobrar honorarios al inquilino y los límites de precios. En el caso del alquiler por habitaciones, la suma de las rentas no podrá superar el precio máximo establecido para la vivienda completa y los inquilinos tendrán las mismas garantías que en un alquiler habitual. Esta regulación no se aplicará en comunidades con legislación propia, como Cataluña.
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Otra de las medidas es la protección antidesahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, una de las principales reivindicaciones surgidas tras el caso de Maricarmen. El paquete incluye además la prohibición durante dos años de que los fondos de inversión compren viviendas con fines especulativos.
En materia fiscal, los decretos establecen un IVA del 10% para los pisos turísticos, reducciones fiscales para los propietarios que rebajen el alquiler respecto al contrato anterior y bonificaciones para inquilinos con ingresos inferiores a 33.000 euros. También contemplan préstamos del ICO al 0% para financiar la entrada de la primera vivienda, de hasta el 20% del valor del inmueble y con un máximo de 50.000 euros.
El paquete incorpora asimismo un incremento del impuesto sobre los beneficios no distribuidos de las socimis, que pasa del 15% al 25%, y permite a los ayuntamientos duplicar el IBI de las viviendas que lleven más de tres años vacías.
Renovación automática de los contratos
Por otro lado, el segundo real decreto ley aprobado este martes está dirigido específicamente a reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. El texto incorpora la renovación automática de los contratos, con salvaguardas ante determinadas circunstancias. De este modo, el arrendador deberá justificar la no renovación del contrato o, en caso contrario, indemnizar al inquilino.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, explicó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la medida pretende dar mayor estabilidad a las personas que viven de alquiler y evitar que el alquiler suponga vivir "en vilo", tomando como referencia modelos existentes en otros países europeos.
Una medida que precisamente ha sido uno de los principales escollos en la negociación. Sumar venía reclamando esta prórroga automática de los contratos, una de las reclamaciones del Sindicato de Inquilinos, que promueve la acampada de protesta en la Puerta del Sol de Madrid. Una separación que refleja las dificultades que tendrá este segundo decreto para reunir una mayoría el viernes, ya que llega al Congreso con menos consenso previo que el primero.
