VALÈNCIA. El problema de la vivienda está escalando hasta unos niveles que han desembocado en una profunda crisis habitacional, dificultando a muchas personas el ejercicio de su derecho constitucional a acceder a un inmueble. Una situación que se ha ido agudizando y que sitúa a las administraciones ante el reto de ampliar la oferta de vivienda asequible y, especialmente, el parque público, que en el caso valenciano sigue siendo incapaz de absorber la gran demanda existente. Solo en 2024 ascendía a 41.000 el número de solicitantes y, mientras tanto, su crecimiento es limitado. En 2025, el stock público que gestiona la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha), dependiente de la Conselleria de Vivienda, creció de forma exigua: solo se incorporaron once nuevos inmuebles a un total de 14.093 unidades.
Así consta en el informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales de 2025 de la empresa autonómica, que refleja que estas unidades proceden de la recuperación de inmuebles cuyos contratos de compraventa con precio aplazado habían sido resueltos anticipadamente. Se trata, por tanto, de viviendas que regresan al patrimonio público después de la resolución firme de dichos contratos durante 2025. La propia Generalitat señala que estos inmuebles han quedado nuevamente adscritos a EVha para su gestión.
La cifra evidencia, además, que el ritmo de incorporación de viviendas al patrimonio público viene perdiendo intensidad en los últimos ejercicios. Así, en 2024 se incorporaron 225 viviendas, una cifra ya inferior a las 433 que se sumaron en 2023, prácticamente el doble. Ese año, además, 57 inmuebles fueron adquiridos mediante el derecho de tanteo y retracto, una herramienta a la que la Generalitat Valenciana no recurre desde 2024.
El propio informe de EVha reconoce el problema de fondo al señalar la "ausencia de un parque de viviendas de protección pública capaz de ofrecer una solución ajustada a las necesidades de la ciudadanía". Una carencia que cobra especial relevancia ante la evolución del parque público en los últimos años.
Y es que el número de viviendas gestionadas por EVha ha ido descendiendo. En 2023, el parque público ascendía a 14.776 viviendas, mientras que en 2024, primer año completo del Consell del PP, se rebajó hasta las 14.282. Al cierre de 2025, la cifra vuelve a bajar en 189 activos, hasta las 14.093 viviendas gestionadas por la entidad, de acuerdo con la memoria anual de la entidad adscrita al departamento que dirige Susana Camarero.
De este último total, 11.772 viviendas están destinadas al alquiler, mientras que otras 2.321 se encuentran en proceso de compra, es decir, aproximadamente el 16,5% del total, casi una de cada seis viviendas. Esta situación no es nueva y responde, en buena medida, a la propia configuración histórica del patrimonio de vivienda pública de la Generalitat. Y es que esta modalidad de alquiler con opción a compra imperó durante años en la antigua IVVSA, ahora rebautizada como EVha, que suscribió hace décadas contratos de alquiler a largo plazo con vistas a la venta. El vencimiento de parte de estos contratos ha supuesto que determinadas viviendas hayan terminado escriturándose a nombre de sus ocupantes y, por tanto, dejando de formar parte del parque público.
Asimismo, el informe recoge que la EVha demolió al menos un bloque residencial en Algemesí, cuyo solar fue posteriormente cedido para instalar un colegio provisional tras la Dana.
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De esta forma, el balance de 2025 evidencia que el stock de vivienda pública se reduce sin que las nuevas incorporaciones puedan suplir esa merma de unidades. Ante esta situación, la Generalitat fía a su plan estrella, el 'Plan Vive' la ampliación de la oferta de vivienda protegida en la Comunitat Valenciana. Se trata de un programa que pretende levantar cerca de 10.000 nuevas viviendas esta legislatura de la mano del sector privado: 6.000 en suelos públicos y 4.000, en privados.
El propio informe de EVha destaca esta colaboración público-privada como gran parte de la estrategia para aumentar la oferta. La principal fórmula de esta iniciativa es la permuta a cambio de obra futura: un mecanismo por el cual la Generalitat cede suelo a las empresas adjudicatarias para desarrollar las promociones y, a cambio, recibe un número determinado de viviendas que se incorporan a su parque público de vivienda asequible.
Según los datos de la Conselleria, en mayo de 2026 había en alguna fase de tramitación o ejecución un total de 4.121 viviendas protegidas, es decir, el 41% de las 10.000 viviendas prometidas. Concretamente, 1.187 unidades están en licitación, mientras que otras 1.505 ya han sido adjudicadas y están a la espera de iniciar obras. A ellas se suman otras 1.237 viviendas ya en construcción y finalmente 192 inmuebles que se iniciaron con el gobierno anterior de Ximo Puig están ya finalizados.
Ocupaciones irregulares
Pero, además, la administración valenciana también tiene que hacer frente a otro histórico problema: las ocupaciones irregulares. Durante 2025, la entidad realizó 11.142 inspecciones en viviendas públicas, 872 en Castellón, 4.385 en Valencia y 5.885 en Alicante, y detectó 186 nuevas ocupaciones irregulares, un 8,14% más que el año anterior. El informe no concreta la cifra de inmuebles okupados, pero en 2024 se estimaba en cerca de 1.800 viviendas.
La entidad advierte, además, de que existen inmuebles que deben ser recuperados por el fallecimiento de las personas adjudicatarias, por el abandono de las viviendas o porque están ocupados por personas distintas de quienes ostentan el derecho sobre ellas. Durante 2025 se iniciaron 202 expedientes administrativos para recuperar la titularidad y/o la posesión de viviendas incursas en alguna de estas situaciones. A ello se suman 94 renuncias tramitadas por parte de los adjudicatarios.
