CASTELLÓ. Los desequilibrios del mercado inmobiliario, provocados por el alza de los precios y la escasez de oferta, unidos a la presión inflacionista sobre los hogares están impactando no sólo en la realidad económica de la provincia sino también social. Castellón registró en 2025 un total de 341 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, lo que supone un incremento del 27% respecto a las 268 contabilizadas en 2024 y rompe la tendencia de descenso sostenido que se había consolidado en la última década, según los datos de la estadística de ejecuciones hipotecarias del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El repunte marca un cambio de tendencia después de varios años de caída continuada. En 2023 se habían contabilizado 286 ejecuciones y en 2022 todavía se superaban las 447. Si se amplía la perspectiva, la diferencia con los años posteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria es aún más evidente: en 2014 se registraron 2.121 ejecuciones hipotecarias en la provincia, más de seis veces la cifra actual.

Pese a este incremento, Castellón sigue lejos de los niveles que se alcanzaron tras la crisis inmobiliaria y tampoco figura entre las provincias con mayores tasas del país. Sin embargo, el cambio de ciclo preocupa a los profesionales que trabajan a diario en los procedimientos judiciales vinculados a la vivienda.

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón (ICACS), Manuel Mata, advierte de que el aumento registrado en 2025 “rompe la tendencia claramente descendente de los últimos años y marca un punto de inflexión que nos preocupa”. A su juicio, aunque la fotografía estadística pueda parecer relativamente favorable en comparación con otras zonas del país, “detrás de cada expediente hay familias que llegan a esta situación con cada vez menos colchón económico y menos margen de maniobra”.

Pérdida de poder adquisitivo y presión sobre los hogares

Desde la abogacía, explica Mata, se está percibiendo "una pérdida sostenida de poder adquisitivo de los hogares, pese a los mensajes macroeconómicos más optimistas". “La inflación de los últimos años, unida al encarecimiento de la vivienda, de los suministros básicos y de la cesta de la compra, ha estrechado al límite los presupuestos familiares”, señala.

Esta situación provoca que muchos hogares que hace unos años podían afrontar con relativa normalidad el pago de su hipoteca lleguen ahora a los juzgados tras haber agotado previamente sus ahorros o la ayuda de familiares. “Cuando las políticas de vivienda se diseñan partiendo de un diagnóstico excesivamente triunfalista, corren el riesgo de no responder a la realidad que vemos cada día en los juzgados y en los despachos”, subraya el decano del ICACS.

Por su parte, el decano del Ilustre Colegio de Economistas de Castellón, José Manuel Salvador, coincide en que el repunte registrado en 2025 responde a un conjunto de factores económicos. Entre ellos, destaca, además de la pérdida de poder adquisitivo, que en los últimos años las familias han tenido acceso relativamente fácil al crédito, lo que en algunos casos ha derivado en niveles de endeudamiento elevados.

Según explica, esta situación provoca que determinados hogares queden especialmente expuestos cuando aparece cualquier contratiempo económico. “Cuando se produce una dificultad sobrevenida —como la pérdida del empleo o una caída de ingresos— hay familias que ya no tienen margen para seguir afrontando sus compromisos financieros”, señala. En esos casos, añade, la imposibilidad de atender los pagos acaba desembocando en procedimientos de ejecución hipotecaria.

Escasez de alternativas habitacionales

El cambio de tendencia también se está notando en el ámbito de la justicia gratuita, donde los abogados detectan un aumento de procedimientos vinculados a situaciones de vulnerabilidad económica.

Según explica Mata, cada vez son más frecuentes los casos de familias con empleos temporales o a tiempo parcial cuyos ingresos, que en el pasado permitían cubrir hipoteca y gastos básicos, han quedado desbordados tras varios años de inflación acumulada y el encarecimiento del crédito. Cuando estos hogares solicitan asistencia jurídica gratuita, en muchos casos ya se encuentran en fases avanzadas del procedimiento de ejecución y con escaso margen para negociar con la entidad financiera.

Otra situación recurrente es la de personas autónomas que, tras una caída de ingresos en sus pequeños negocios, intentan sostener el pago de la hipoteca recurriendo a tarjetas de crédito o préstamos al consumo. Este endeudamiento adicional termina agravando el problema y desembocando en procesos judiciales en los que la intervención de la abogacía se centra en explorar reestructuraciones de deuda o valorar mecanismos de segunda oportunidad.

El impacto social de estos procesos se ve agravado por la escasez de alternativas habitacionales en el mercado del alquiler. Según el ICACS, en distintos partidos judiciales de la provincia se repite un patrón: familias que pierden su vivienda en propiedad o se ven obligadas a entregarla y que posteriormente no encuentran una vivienda de alquiler asumible. Este fenómeno se está detectando en partidos judiciales más pequeños como Vinaròs o Segorbe, donde los abogados observan cómo los procedimientos hipotecarios se entrelazan con conflictos derivados de desahucios por impago de rentas o situaciones de precariedad residencial. 

Ante este escenario, desde el colegio profesional consideran que el repunte de 2025 debe interpretarse como una señal de alerta temprana. “Es imprescindible reforzar los servicios de orientación jurídica y mediación hipotecaria, garantizar una asistencia letrada temprana y replantear las políticas de vivienda desde un enfoque realista, que tenga en cuenta la pérdida de poder adquisitivo de las familias y no se limite a celebrar los datos macroeconómicos”, defiende Mata. La situación actual, en su opinión, "exige respuestas más ambiciosas en materia de vivienda, mediación y protección de los deudores vulnerables".

El objetivo, concluye el decano del ICACS, es evitar que lo que hoy aparece en las estadísticas como un repunte puntual pueda convertirse en los próximos años en una nueva emergencia social vinculada a la vivienda, especialmente entre los hogares con menor capacidad económica.

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