VALÈNCIA. La crisis de acceso a la vivienda ya no es solo un problema económico: se ha convertido en un problema social que ha llevado a miles de personas a las calles en distintas ciudades españolas. El encarecimiento de los alquileres y de la vivienda, unido a una oferta que no crece al ritmo de la demanda, está dejando a cada vez más hogares ante una situación de dificultad para acceder o mantener una vivienda. El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, se ha convertido en uno de los casos más visibles de una problemática que ha alimentado las protestas y ha vuelto a situar la vivienda en el centro del debate público. Un problema que está lejos de resolverse. El hecho de que no salieran adelante los dos decretos del Gobierno evidencia la fractura existente entre las diferntes fuerzas políticas.
En cualquier caso, desde hace tiempo que las diferentes administraciones han puesto en marcha una batería de medidas para intentar revertir este drama social. Y en el caso valenciano, la Generalitat Valenciana ha depositado gran parte de su estrategia en el 'Plan Vive', con el que pretende impulsar cerca de 10.000 viviendas de protección pública durante la legislatura: 6.000 sobre suelo público y otras 4.000 en terrenos privados. Un programa, en colaboración público-privada, que llega al último tramo de la legislatura con algo más de la mitad de ese objetivo movilizado.
Este programa pivota sobre diferentes vías para sacar al mercado vivienda asequible, desde la promoción pública hasta la colaboración con empresas privadas. Pero hay una que se ha convertido en la principal herramienta para movilizar suelo público: la permuta a cambio de obra futura. Esta fórmula permite ceder parcelas públicas a promotores privados para que desarrollen las viviendas y, como contraprestación, las empresas entregan una parte de esas unidades a la Administración para ampliar sus parques públicos.
A día de hoy, bajo esta fórmula de la permuta se han adjudicado ya y están o en trámite de inicio de obras o en construcción 2.005 viviendas, según datos de la Conselleria que dirige Susana Camarero. De ellas, 1.598 unidades son comercializadas por las adjudicatarias de los suelos y 407, el 20%, se quedarán en manos de las administraciones para engrosar los parques públicos y destinarlas a alquiler asequible. Todo dependerá del titular del suelo: o bien la Entidad Valenciana de Suelo y Vivienda (EVha) o los ayuntamientos adheridos al plan.
Por tanto, esta primera fotografía refleja que una de cada cinco viviendas impulsadas mediante esta fórmula de la permuta pasará a formar parte del parque público o autonómico o local. A este volumen habrá que sumar las viviendas de las licitaciones que todavía están en marcha, que contemplan otros 1.100 inmuebles. En estos casos, sin embargo, el número final de unidades que recibirá la Administración dependerá de las ofertas presentadas por las empresas y de la valoración de cada concurso.
- Promoción de Culmia en València del Plan Vive -
Por provincias, Alicante concentra tanto el mayor volumen de vivienda movilizada hasta el momento como el grueso de las unidades que acabarán en manos públicas. Las actuaciones suman 1.338 viviendas, de las que 277 revertirán a la Administración y 1.061 serán para vender por parte de las compañías privadas. Esto supone que el parque público absorberá el 20,7% de toda la producción prevista mediante esta fórmula en la provincia.
Le sigue Valencia, con 544 viviendas entre proyectos adjudicados y en construcción. De ellas, 109, prácticamente el 20% también, serán para el parque público, mientras que las 435 restantes serán sacadas al mercado. Castellón presenta por ahora un volumen mucho menor, con 123 unidades: 102 para los adjudicatarios y 21 para la Administración, el 17,1%.
De momento, los grandes protagonistas de este plan están siendo el grupo murciano Hozono Global, a través de su filial Abala Infraestructuras; la vasca Livanto; y la castellanomanchega Albaluz. En conjunto, suman más de 1.100 viviendas de las 1.800, que ya se han adjudicado. De este total, unas 400 unidades irán a la ampliación del parque público de alquiler asequible. De hecho, el Albaluz se adjudicó hace unos días la mayor bolsa de suelo del Pln Vive en València: tres parcelas en el barrio de la Torre donde levantará cerca de 360 nuevas viviendas de protección pública, de las que 90 unidades serán para la Generalitat.
Más allá de las permutas
En cualquier caso, dentro del Plan Vive existen otros mecanismos que también sumarán viviendas al parque público. La permuta es la principal vía, pero no la única. Así, está la promoción pública del programa destinado a construir casas industrializadas en los municipios afectados por la Dana.
La primera fase consta inicialmente de 250 viviendas. De momento, ya se han adjudicado un centenar de unidades en Albal, Torrent y Utiel. La Generalitat prevé que tanto la redacción del proyecto como la ejecución completa de las obras se realice en un plazo de 12 meses, algo inviable con los sistemas convencionales, que además afrontan una fuerte escasez de mano de obra. Precisamente, la decisión de recurrir a la industrialización parte de la necesidad de acortar los plazos de producción y entrega, además de ahorrar costes, factores de especial relevancia en un contexto de máxima emergencia, ya que muchas personas perdieron su hogar tras la Dana y no tienen posibilidad de recuperarlo.
Asimsimo, están las 701 inmuebles viviendas de protección pública en régimen de alquiler asequible, que se licitaron y adjudicaron durante el gobierno de Ximo Puig. Esta convocatoria recurría a los derechos de superficie para movilizar 17 suelos públicos, divididos en tres lotes, con el objetivo de levantar 1.090 unidades que se adjudicó hace dos años. No obstante, un gran lío jurídico con la redacción del pliego retrasó el inicio de las obras y llevó a la adjudicataria ha renunciar a la construcción de uno de los lotes, con 389 VPO en Valencia. El actual equipo de la Conselleria tuvo que desatascar el proyecto para que pudieran iniciarse las obras, que ya están en marcha.
- Viviendas en construcción en Castellón. -
- Imagen de archivo.
Por tanto, si se tienen en cuenta todas las vías del programa, el volumen de viviendas movilizado por el Plan Vive es mayor. Según los datos disponibles en la web de la Conselleria, en este momento están en alguna fase de tramitación o ejecución un total de 4.473 viviendas protegidas. En concreto, 1.199 inmuebles están en licitación, mientras que 1.887 ya han sido adjudicados a alguna compañía y están a la espera de iniciar obras, lo que refleja un volumen relevante de expedientes movilizados, pero aún pendientes de materialización. A ellos se suman 1.387 unidades ya en construcción, la fase que marca el pulso de la ejecución sobre el terreno.
En cuanto a las viviendas ya finalizadas, la cifra se sitúa en 212, divididas en una promoción en Alicante y dos promociones en València, que son la famosa torre de Sociópolis, símbolo durante años de la crisis inmobiliaria, y la segunda es un residencial en el barrio de El Carmen. Ambos proyectos fueron impulsados en la legislatura anterior.
Además, desde el Consell también se destaca que gracias al cambio normativo del decreto que regula la vivienda protegida en la autonomía valenciana, el sector privado ha retomado muchos proyectos de VPO, que sumarán nueva oferta al mercado residencial. Desarrollos que complementan el impulso público. Según cifras de la Federación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de la Comunitat Valenciana (Feprova), hasta principios de marzo, había cerca de 1.800 viviendas protegidas promovidas por el sector privado en desarrollo.
