CASTELLÓ. La industria cerámica de España, concentrada en Castellón, ha recibido este lunes un espaldarazo en el Congreso de los Diputados en su reivindicación ante el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y la India, así como con los costes adicionales que plantea Bruselas en el marco regulatorio de CO₂ para el periodo 2026-2030. PP y Compromís-Sumar han llevado a la Comisión de Industria de la Cámara Baja dos iniciativas de apoyo al azulejo que han sido secundadas por una amplia mayoría del arco parlamentario, entre otros, por representantes del PSOE, PNV y Esquerra Republicana. Vox se ha desmarcado de este respaldo casi unánime.

El Partido Popular, a través del diputado Alberto Fabra -exalcalde de Castelló-, y el portavoz de Compromís-Sumar, Alberto Ibáñez, han pactado presentar conjuntamente las dos proposiciones no de ley que cada formación había preparado, asumiendo ambos el voto afirmativo de las dos iniciativas. Posteriormente, las han refrendado el PSOE y otros partidos minoritarios como Esquerra Republicana y el PNV. De esta forma, una amplia mayoría de la Comisión de Industria ha avalado una serie de acuerdos circunscritos a la cerámica de Castellón.

Las propuestas aprobadas se hacen eco de las preocupaciones del sector; por un lado, la falta de protección de la cerámica europea en el tratado UE-India, y, en segundo lugar, los nuevos costes que plantea la Comisión Europea por las emisiones de CO₂, que ascienden a 160 millones de euros al año solo en la industria nacional. También se abordan las dificultades relacionadas con la cogeneración, otra fuente de energía clave para el sector.

Reclamación de salvaguardas en el tratado UE-India

Respecto al acuerdo de libre comercio India-UE, las proposiciones de Compromís y PP instan al Gobierno a presionar ante las autoridades comunitarias para que incluya salvaguardas para el azulejo, ya que las importaciones procedentes de la India compiten, según denuncian, de forma desleal, con precios bajos y con diferencias abismales en los estándares ambientales y sociolaborales. De hecho, el borrador inicial prevé que las baldosas de la India entren con solo un 5 % de arancel una vez entre en vigor el tratado, sin ningún tipo de cortapisa, a pesar de que la propia Bruselas impulsó en 2023 medidas antidumping.

La proposición del PP reclama que se exija reciprocidad en las relaciones comerciales en materia ambiental y laboral, mientras que los valencianistas instan a incorporar “salvaguardas comerciales para los productos cerámicos dentro del acuerdo, con mecanismos que permitan actuar de manera inmediata ante daños graves al sector”.

Particularidades sectoriales y realidad tecnológica

En el ámbito energético, la propuesta popular aprobada por el Congreso se divide en dos líneas. Por un lado, ante el recorte de los derechos gratuitos de CO₂ en el periodo 2026-2030, plantea revisar los criterios establecidos para que se tengan en cuenta las especificidades sectoriales y la realidad tecnológica, con el fin de evitar “una penalización” en industrias que tienen dificultades para su transición hacia la electrificación. Además, defiende que se compense al azulejo por los costes indirectos del CO₂ y otros costes climáticos “que afectan de manera desproporcionada” a la cerámica, con el objetivo de “garantizar su competitividad”. Asimismo, insta a presentar un libro blanco sobre energía que analice el impacto de las regulaciones de los dos últimos años.

En esta línea, Compromís pone sobre la mesa el impulso de una estrategia estatal de apoyo y competitividad del sector cerámico, con actuaciones concretas en innovación, digitalización, eficiencia energética y descarbonización, orientadas a reforzar su posición en los mercados internacionales. También propone el desarrollo de un plan para la electrificación de la cerámica a medio plazo, que garantice “la suficiente capacidad y estabilidad para preparar la transición hacia una producción 100 % eléctrica”.

Por último, el PP también se refiere a los problemas con los vaivenes del Gobierno en materia de cogeneración. Entre otras propuestas, insta a aumentar el presupuesto público destinado a esta fuente de energía, establecer una retribución regulada durante al menos dos años y poner en marcha una subasta de hasta 1.200 megavatios de potencia en el primer semestre de 2026

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