CASTELLÓ. La cerámica de Castellón confía en que la Unión Europea modifique su posición inicial y suavice su objetivo de recortar un 34% los derechos gratuitos de emisión de CO₂. Esta nueva exigencia europea es una de las mayores preocupaciones del sector, ya que, si se confirma, se vería obligado a pagar entre 109 y 163 millones de euros al año. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido una ronda de reuniones en las que ha defendido al azulejo, ha reclamado un calendario "realista" en el proceso de descarbonización y ha respaldado, al igual que reclama la industria, un tratamiento específico para la cerámica.
El jefe del Consell ha analizado la situación del azulejo y del campo valenciano en varias reuniones celebradas en la capital comunitaria. Ha mantenido encuentros con el vicepresidente del Parlamento Europeo; Esteban González Pons; el comisario de Agricultura de la UE, Christophe Hansen; el embajador de España ante el Reino de Bélgica, José María Rodríguez Coso, y el embajador representante adjunto permanente de España ante la Unión Europea y responsable de los asuntos de industria y medio ambiente, Oriol Escala.
Al respecto, ha destacado la importancia estratégica de la Comunitat Valenciana en la Unión Europea, por lo que ha reclamado un mayor respaldo a los sectores agrícola y cerámico.
En este sentido, ha demandado una regulación específica para el sector cerámico que “garantice la existencia de una industria vital para la Comunitat Valenciana y que genera 16.000 puestos de trabajo directos y 90.000 indirectos”.
Asimismo, ha reclamado "un calendario realista para el proceso de descarbonización de la UE que beneficie a los ceramistas de nuestro territorio, al tiempo que se siguen cumpliendo los objetivos medioambientales marcados por la Unión Europea". También ha solicitado una revisión o flexibilización del sistema y "unas condiciones de competencia equitativas a escala global".
Durante su visita a las instituciones europeas se ha mostrado optimista y confiado en conseguir avances para defender estos dos sectores clave para la economía de la Comunitat Valenciana.
Política agraria
Por otra parte, el presidente de la Generalitat ha reclamado que la futura Política Agraria Común (PAC) mantenga un firme respaldo al campo valenciano y garantice que los productos de la Comunitat Valenciana puedan competir en igualdad de condiciones en los mercados europeos.
Asimismo, ha pedido que la PAC cuente con un mayor presupuesto, refuerce su autonomía financiera y contemple medidas específicas que garanticen el apoyo a los agricultores jubilados, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad y el relevo generacional en el sector agrario.
Ha puesto en valor el papel de los agricultores jubilados, “que siguen produciendo y aportando a nuestro sector agroalimentario”, y que contribuyen de forma decisiva a la economía agraria y del medio rural, así como al mantenimiento del territorio y la preservación del entorno, al igual que las generaciones más jóvenes.
Asimismo, ha indicado la necesidad de que la futura PAC fomente las ayudas al regadío y a la reutilización del agua, “tal y como hacemos en la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante, que es la zona de Europa en la que más se reciclan los recursos hídricos”.
Además, ha señalado que la nueva PAC debe incorporar medidas de simplificación administrativa que la hagan más accesible y eficaz para el conjunto del sector agrario, así como reforzar el apoyo a los pequeños productores y garantizar una participación efectiva de las regiones, ya que su exclusión podría generar dificultades en su aplicación.
Igualdad de trato para nuestros productos
Mazón ha remarcado la importancia de que los productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana compitan en igualdad de condiciones en el mercado europeo y reciban un trato justo frente a los de terceros países que acceden a la Unión Europea.
Ha defendido que los acuerdos comerciales incorporen cláusulas espejo que garanticen que los productos importados cumplan los mismos estándares fitosanitarios, ambientales y de seguridad alimentaria que se exigen a los productores europeos.
Concretamente, ha señalado los casos del arroz y del caqui valenciano, “que han perdido cosechas por la prohibición de algunos fitosanitarios que sí se permiten en los países extracomunitarios”, por lo que ha demandado una mayor flexibilidad en el uso de estos productos.
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