VALÈNCIA. La recusación presentada por el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, contra todos los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha sido rechazada por el propio tribunal, que debe decidir ahora sobre la inhabilitación del directivo.

Según informó Iusport, el TAD resolvió este lunes en contra de la recusación formulada por Rocha, que, según la instructora del expediente que le abrió el tribunal, debería ser inhabilitado seis años por extralimitarse de sus funciones mientras presidió la Comisión Gestora de la RFEF, antes de las elecciones en las que fue elegido.

La recusación de Rocha consideraba que la decisión sobre la misma, según la ley, correspondía a la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD), como órgano jerárquicamente superior inmediato, al ser éste el órgano administrativo que designa a los miembros del TAD.

Pero el tribunal carece de órgano superior jerárquico en sentido estricto, por ser un órgano colegiado que actúa con independencia y sus resoluciones agotan la vía administrativa. No son revisables por el ministerio al que está adscrito el tribunal, sino en vía contencioso administrativa.

Además de la recusación de todos los miembros del TAD, Pedro Rocha también pidió al CSD el cese de 4 miembros del tribunal, alegando que han incumplido sus obligaciones y solicitó que sean suspendidos provisionalmente de sus funciones.

El pasado 21 de junio se conoció la propuesta de sanción de la instructora del expediente abierto a Rocha por el TAD por haberse extralimitado presuntamente en sus funciones como presidente de la comisión gestora.

En la misma propone al pleno tres sanciones de inhabilitación de dos años cada una por comisión de tres infracciones muy graves: el cese del anterior secretario general, Andreu Camps, en septiembre de 2023, la rescisión del contrato con el despacho de abogados GC Legal de Tomás González Cueto, investigado como Rocha, en el procedimiento que sigue el juzgado de Majadahonda por presuntas irregularidades en relación al contrato de la Superocopa de España, y la personación de la RFEF como acusación particular en el caso.