CASTELLÓ (EP). La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a seis meses de prisión y a un año de suspensión de empleo y cargo público a un exjefe de la Oficina de Tramitación de Documentación para Ciudadanos Extranjeros dependiente de la Comisaría Provincial por cobrar dinero o recibir regalos a cambio de dar citas o agilizar trámites para 12 usuarios, que también han sido condenados a seis meses de cárcel. El Tribunal considera a los 13 acusados autores de un delito de cohecho, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La causa, tramitada mediante el procedimiento del Tribunal del Jurado, incorporaba un escrito de acusación conjunta fechado en junio de 2020 en el que los acusados y la Fiscalía solicitaban que se dictara sentencia de conformidad.

La Sala fijó el pasado 29 de septiembre para la celebración del juicio, en el que los encausados admitieron los hechos y ratificaron el acuerdo previo, por lo que el magistrado presidente dictó sentencia in voce sin necesidad de constituir el jurado popular.

Un mes 'todo incluido' en un hotel

Según recoge la resolución judicial, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2020 y marzo de 2021 cuando el principal condenado, que ejercía como jefe de negociado de la Oficina de Extranjería, ubicada en la calle Teodoro Izquierdo de Castelló, hizo uso de su "estatus laboral" en beneficio propio para "obtener dádivas y dinero", a fin de dar acceso a la tramitación de documentos a extranjeros, "obteniendo de este modo una contraprestación a sus servicios en atención al cargo que ostentaba".

De este modo, el funcionario recibió un perfume, naranjas, alcachofas, pasteles, botellas de licor chino, un congelador o un mes de pensión completa con todo incluido en un complejo turístico de la provincia, entre otros presentes.

A cambio, expidió NIE y tramitó tarjetas de residencia de larga duración, informó de cuándo salían nuevas citas en el portal web o del estado de los trámites que le solicitaban el resto de procesados, personas de nacionalidades rumana, china, argelina o marroquí. Todo ello sin necesidad de que estos últimos respetaran colas ni turnos.

La sentencia es firme al haberse dictado con conformidad de las partes, por lo que contra ella no puede presentarse recurso alguno.