CASTELLÓ. El nuevo marco regulatorio ambiental que plantea la Unión Europea para el periodo 2026-2030 es la amenaza más inminente a la que se enfrenta la industria cerámica. El recorte del 34% de las emisiones gratuitas de CO₂ comportaría un coste adicional de hasta 163 millones de euros al año, un esfuerzo que el sector considera inasumible y que podría derivar en deslocalizaciones. Bruselas impone unas condiciones para caminar hacia la descarbonización, pero en estos momentos la tecnología no está preparada para sustituir el gas por energías verdes. A la vista de ello, la patronal azulejera ha logrado movilizar a todos los actores y ha conseguido un frente común sin precedentes, con el concurso del Gobierno, la Generalitat y los principales partidos políticos, PP y PSOE.