Sof-IA en un minuto: la cerámica de Castellón gana peso en Bruselas

CASTELLÓ. A finales de 2025, saltaban las alarmas en la industria cerámica española. La Comisión Europea anunciaba un recorte del 34 % en los derechos gratuitos de emisión de CO₂ con la actualización de los valores de referencia para el periodo 2026-2030, un hachazo que obligaba a las empresas azulejeras de Castellón a destinar más de 100 millones de euros al año a cubrir estos costes. El sector, a través de la patronal Ascer, inició entonces una campaña de presión que implicó a todos los actores posibles: el Gobierno central, la Generalitat, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y formaciones políticas de distinto signo con representación en el Parlamento Europeo, como el PSOE, el PP y Compromís.