VILA-REAL. El Ayuntamiento de Vila-real ha reclamado formalmente a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia el acceso y copia íntegra del expediente administrativo que ha motivado el traslado del Punto de Encuentro Familiar Judicial (PEF) de Vila-real a Onda, una decisión incluida en la nueva configuración del servicio para la provincia de Castellón para el periodo 2026-2028. El consistorio ha registrado la solicitud después de conocer, a través de la Resolución de 27 de julio de 2026, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el pasado 29 de julio, que el servicio que hasta ahora se prestaba en Vila-real pasará a ubicarse en el municipio de Onda.
El Ayuntamiento considera que se trata de una decisión que afecta directamente a las familias, los niños, niñas y adolescentes usuarios de un recurso de especial relevancia social, vinculado al cumplimiento de resoluciones judiciales y a la protección de los menores.
El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, ha señalado que el Ayuntamiento quiere conocer con detalle las razones que han llevado a la Generalitat a adoptar esta decisión antes de determinar las actuaciones que correspondan. "Vamos paso a paso, pero el equipo de gobierno agotará todas las vías posibles para mantener este servicio tan necesario en Vila-real. Dentro de las opciones que nos permita el marco legal, no nos detendremos", ha afirmado.
Marín ha remarcado que el consistorio debe disponer de toda la información necesaria para poder valorar la decisión con rigor y defender los intereses de las familias usuarias y de los menores. "Estamos hablando de un servicio especialmente sensible, porque afecta a familias y menores que, en muchos casos, tienen que utilizarlo por resolución judicial. La proximidad y la accesibilidad son factores que no podemos dejar de lado", ha apuntado.
En este sentido, el Ayuntamiento ha reclamado a la Conselleria que facilite con carácter urgente el expediente administrativo completo que haya fundamentado la nueva configuración territorial del servicio y el cambio de su ubicación. El consistorio pone especialmente el acento en el hecho de que no ha tenido conocimiento previo de las razones que han motivado el cambio ni consta que se haya producido ninguna comunicación, consulta o interlocución institucional previa con el Ayuntamiento de Vila-real sobre una decisión que incide directamente en un servicio que se presta en la ciudad.
El Ayuntamiento considera necesario disponer de toda esta información para conocer los fundamentos de la decisión, valorar sus consecuencias y, en su caso, ejercer las acciones que legalmente correspondan en defensa de los derechos e intereses legítimos del consistorio y de la ciudadanía afectada.
La petición se formula, además, teniendo en cuenta los plazos legales existentes para la eventual formulación del requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por lo que el consistorio reclama que el acceso al expediente y su copia se faciliten con carácter urgente y a la mayor brevedad posible.
"Queremos actuar con responsabilidad y con todas las garantías. Primero queremos conocer el expediente, analizarlo y saber exactamente qué argumentos han justificado el traslado. A partir de ahí, tomaremos las decisiones que sean necesarias y posibles dentro de la legalidad", ha explicado Marín.
El equipo de gobierno subraya que su principal preocupación es garantizar que cualquier modificación en la prestación del Punto de Encuentro Familiar Judicial se haga atendiendo a criterios objetivos y de seguridad para las personas usuarias, teniendo en cuenta la proximidad, la accesibilidad, la calidad del servicio y el interés superior de los menores, así como con la correspondiente coordinación con las administraciones locales directamente afectadas. "No podemos ni queremos renunciar a servicios que se prestan en Vila-real y que facilitan la vida de nuestros vecinos y vecinas", ha sentenciado Marín.
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