VILA-REAL. El Ayuntamiento de Vila-real ha requerido formalmente a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia que mantenga el Punto de Encuentro Familiar (PEF) judicial de Vila-real dentro de la red pública y del lote correspondiente a la provincia de Castellón. El consistorio considera que la posible implantación de un nuevo PEF en Onda puede ser compatible con la continuidad del servicio que actualmente presta Vila-real y defiende que un recurso no vaya en detrimento del otro.
El requerimiento previo entre administraciones se ha presentado al amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), después de la resolución de la Conselleria de 27 de julio de 2026 que configura el servicio de PEF judicial para el periodo 2026-2028 e incluye Castelló de la Plana, Onda y Vinaròs como ubicaciones del lote de la provincia de Castellón, dejando fuera a Vila-real.
De acuerdo con el artículo 44 de la LJCA, el requerimiento previo debe formularse dentro de los dos meses siguientes a la publicación del acto. La normativa establece este mecanismo como una vía para que una administración pueda requerir a otra antes de interponer, en su caso, un recurso contencioso-administrativo. En este sentido, desde el consistorio señalan que se ha optado por presentar el requerimiento dentro del plazo legal y en el último tramo de este periodo como una muestra de lealtad institucional y voluntad de entendimiento, con el objetivo de intentar alcanzar un acuerdo entre administraciones antes de judicializar la situación.
Falta de "comunicación directa"
El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, lamenta que «en ningún momento el Ayuntamiento de Vila-real haya recibido una comunicación directa, ni verbal ni escrita, sobre las intenciones de la Conselleria de eliminar el Punto de Encuentro Familiar de nuestra ciudad». Marín señala que «una decisión de esta trascendencia para un servicio que atiende a familias y menores y que está actualmente en funcionamiento se conoció a través de la publicación de la resolución en el DOGV, sin que hubiera habido ninguna comunicación institucional previa».
El Ayuntamiento recuerda que ya el pasado mes de agosto solicitó formalmente a la Conselleria el acceso y una copia íntegra del expediente administrativo que ha motivado el cambio de configuración territorial del servicio, incluidos los informes, estudios y antecedentes que habrían justificado la ubicación en Onda y la exclusión de Vila-real. «También pedimos toda la documentación y los informes que explican esta decisión y, a día de hoy, no hemos recibido ninguna respuesta ni se nos ha facilitado el expediente», apunta Marín.
El consistorio defiende la continuidad del PEF de Vila-real porque se trata de un recurso que se encuentra actualmente en funcionamiento y que atiende a familias de Vila-real y de su ámbito territorial. Según la documentación municipal, la implantación del servicio respondió a una necesidad previamente identificada y su creación se planteó para dar respuesta a la demanda del partido judicial de Vila-real. En el requerimiento, el Ayuntamiento también pone de manifiesto que la resolución publicada no explica los criterios técnicos, sociales, territoriales, de accesibilidad o de protección de la infancia que han determinado la exclusión de Vila-real y la elección de Onda.
Por ello, el consistorio pide que Vila-real continúe formando parte de la red de PEF judiciales de la provincia de Castellón y que, si la Generalitat considera necesario disponer también de un recurso en Onda, este se incorpore como servicio adicional, sin sustituir ni suprimir el que actualmente funciona en Vila-real. La petición de mantenimiento del servicio en Vila-real cuenta también con la defensa de entidades sociales y profesionales, entre ellas el Colegio de Abogados de Castellón, que ha manifestado su preocupación y oposición a que la creación de un PEF judicial en Onda comporte la supresión del que existe actualmente en Vila-real. El requerimiento municipal incorpora, asimismo, el análisis de accesibilidad territorial promovido por esta corporación profesional.
Intervenciones ya en marcha
El Ayuntamiento considera que cualquier reorganización de la red debe tener en cuenta la continuidad de las intervenciones que ya están en marcha y las condiciones de acceso de las familias usuarias, especialmente cuando se trata de un servicio vinculado a procedimientos judiciales y a situaciones familiares de vulnerabilidad. El requerimiento solicita también la apertura de una mesa de trabajo entre la Conselleria y el Ayuntamiento, con la participación, cuando proceda, de los órganos judiciales y de los servicios especializados implicados, para analizar la configuración territorial más adecuada del servicio y garantizar su accesibilidad y continuidad.
De este modo, el Ayuntamiento plantea el requerimiento como una vía para continuar dialogando y buscar una solución acordada antes de tener que acudir a los tribunales. El consistorio insiste en que su posición no es contraria a la apertura de un PEF en Onda, sino a que esta nueva ubicación suponga la desaparición de un servicio que actualmente funciona en Vila-real sin que, según señala, se hayan hecho públicos los criterios que justifican esta sustitución.
«No nos oponemos a que Onda pueda contar con un Punto de Encuentro Familiar si la Generalitat considera que es necesario. Lo que pedimos es que esto no se haga a costa de Vila-real ni implique eliminar un servicio que ya existe y que da respuesta a una necesidad», destaca Marín. «Nuestra voluntad es llegar a un acuerdo y evitar la vía judicial, pero necesitamos conocer los motivos y los informes que han llevado a la Conselleria a tomar esta decisión». Finalmente, el Ayuntamiento solicita a la Conselleria que mantenga provisionalmente la prestación del PEF de Vila-real mientras se resuelve el requerimiento, con el objetivo de evitar interrupciones del servicio o alteraciones en las intervenciones y regímenes de visitas que ya están en curso.
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