CASTELLÓ. Los colegios profesionales de Trabajo Social de Castellón, Valencia y Alicante han reivindicado este jueves ante la Comisión de Servicios Sociales de Les Corts Valencianes una Renta Valenciana de Inclusión (RVI) más justa, ágil y centrada en las personas, en el marco del debate del anteproyecto de la nueva Ley para regular el derecho a esta prestación autonómica.

En representación de los tres colegios ha intervenido Cristina Marco, trabajadora social e integrante de la Junta del COTS València, quien ha defendido las alegaciones presentadas por el Consell Valencià de Treball Social, que agrupa y coordina a los tres colegios provinciales. En este sentido, ha subrayado la importancia de consolidar un modelo de protección social basado en la justicia, la equidad y la dignidad de las personas.

"Una ley no transforma por sí sola la realidad. Sólo lo hará si se dota de medios reales, si refuerza los Servicios Sociales y si elimina la burocracia que impide el acceso a quienes más lo necesitan", ha afirmado.

Una reforma necesaria, pero con carencias estructurales

Desde el colectivo profesional de trabajadoras y trabajadores sociales de la Comunitat Valenciana se reconocen los avances introducidos en el nuevo texto normativo, como la simplificación a una única modalidad de prestación, la mejora en la compatibilidad con el empleo y los nuevos complementos económicos, pero se advierte que la efectividad de la ley dependerá de su aplicación práctica y de los recursos disponibles.

Entre las principales preocupaciones señaladas durante la comparecencia destacan: La "sobrecarga" de los Servicios Sociales municipales, que continúan asumiendo la tramitación de expedientes sin el refuerzo profesional y técnico necesario; los plazos "inviables" para la emisión del diagnóstico social, cuyo incumplimiento podría penalizar injustamente a las personas solicitantes; las restricciones de acceso a jóvenes de entre 23 y 30 años, que no reflejan la realidad de la exclusión social temprana ni la precariedad laboral juvenil; la falta de respuesta suficiente ante la crisis habitacional, ya que gran parte de la prestación se destina al pago de alquileres, desvirtuando su finalidad de garantizar condiciones de vida dignas; el riesgo de sancionar económicamente a personas en exclusión, una medida que desde el Trabajo Social se considera "injusta y contraproducente".

El refuerzo de los Servicios Sociales, clave para el éxito de la ley

Desde el Consell Valencià de Treball Social y los colegios profesionales valencianos insisten en que, sin unos Servicios Sociales municipales fuertes, la Renta Valenciana de Inclusión corre el riesgo de convertirse en una “mera ayuda económica sin acompañamiento social real”.

Por ello, reclaman una financiación estable y suficiente para la atención primaria. Además requieren de ratios profesionales adecuadas y mejora de la formación continua. Las infraestructuras y herramientas técnicas que permitan una gestión ágil y humana.

"Garantizar ingresos no basta. La inclusión requiere acompañamiento profesional, estabilidad de los equipos y condiciones dignas tanto para las personas atendidas como para las profesionales que las acompañan".

Un compromiso con los derechos y la cohesión social

Los colegios de Trabajo Social de la Comunitat Valenciana reiteran su compromiso con la mejora continua del sistema valenciano de protección social y con la defensa de los derechos de la ciudadanía más vulnerable. Asimismo, ponen a disposición de las instituciones su conocimiento técnico y experiencia profesional para contribuir a una ley "verdaderamente inclusiva, eficaz y respetuosa con la dignidad de las personas".

"La Renta Valenciana de Inclusión debe seguir siendo un derecho subjetivo garantizado, no condicionado a los recursos disponibles, y su implementación debe consolidar un **sistema público de inclusión social sólido y sostenible", concluyen.