CASTELLÓ. Con motivo del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, la organización Patim hace un llamamiento a la sociedad y a los poderes públicos para que defiendan y fortalezcan las políticas públicas de atención de las adicciones, evitando la precarización y garantizando que sean efectivas para proteger los derechos de las personas con adicciones y sus familias. Un posicionamiento que también comparte con UNAD, la Red de Atención a las Adicciones más amplia del estado, de la que forma parte hace más de treinta años.

“Todas las personas merecen tener acceso equitativo a respuestas que prioricen la salud, los derechos y el bienestar por encima del castigo, porque la reducción de daños se basa se basa en la dignidad, la solidaridad y el cuidado”, argumenta el presidente de Patim, Francisco López y Segarra, una reflexión que también promueven varias organizaciones europeas especializadas en adicciones. “Necesitamos conversaciones abiertas, honestas y constructivas sobre lo que nuestras comunidades necesitan y cómo responder de la mejor manera ante esta realidad porque los relatos estigmatizantes y engañosos generan barreras en el acceso a la atención”, lamenta.

Patim subraya que las personas con adicciones “deben ser acompañadas, no castigadas”, y que la criminalización solo profundiza la exclusión social, dificultando el acceso a derechos fundamentales como la salud, la vivienda, el empleo o la educación. En este sentido, rechaza los enfoques punitivos que perpetúan el estigma y la discriminación. “La criminalización solo agrava la exclusión y limita el acceso a derechos básicos como la salud, la vivienda, el empleo, la educación y la protección social”, remarca el presidente de Patim, ONG fundada en 1985 que gestiona cinco servicios para población con adicciones en la Comunidad Valenciana. También insiste en la importancia de reforzar y reformular la prevención para adaptarse a nuevos perfiles y pautas de consumo.

Priorizar la atención en lugar de la sanción

Al valorar el impacto de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, que permite sancionar a personas por la mera tenencia de drogas para el consumo propio, el responsable de Patim coincide con UNAD al considerar que “no es solo injusto, sino que impide que accedan a tratamiento personas que lo necesitan, porque en lugar de abrir una puerta, se les impone una multa”. Desde ambas organizaciones insisten en que este tipo de situaciones deben abordarse desde una perspectiva de salud pública, no desde el castigo y exigen la derogación total de esta ley. Como último recurso piden que se sustituyan las multas por medidas educativas y de prevención.

Patim y UNAD -integrada por 210 entidades sociales en toda España- recuerdan que la red pública de atención a las adicciones tiene una historia que nace del compromiso de la ciudadanía, especialmente de familias y madres que hace más de 40 años se organizaron para reclamar respuestas y soluciones colectivas ante la falta de recursos existentes durante la crisis de la heroína. “En la actualidad existe una red especializada que no puede darse por garantizada y cuya mejora y sostenimiento requieren de voluntad política y recursos adecuados”, argumentan ambas organizaciones.

Manifiesto

En un manifiesto difundido hoy bajo el lema ‘Por políticas de drogas basadas en derechos’, y al que se ha adherido Patim, se insiste en que “las adicciones no deben quedar invisibilizadas ni limitarse exclusivamente al ámbito sanitario o de salud mental”, ya que “se trata de un fenómeno complejo y multifactorial que requiere una atención integral con un enfoque biopsicosociojurídico e investigación”. Asimismo, abogan por garantizar la atención de calidad en todos los territorios, incluyendo zonas rurales, y el acceso universal para todas las personas sin discriminación por edad, género, clase social, origen, orientación sexual o situación de salud. Además, consideran fundamental fomentar una coordinación real entre administraciones públicas para “asegurar una atención integral, eficaz y sin barreras”.

El manifiesto también recoge la necesidad de contar con la participación de las personas con adicciones y de la sociedad civil organizada en el diseño e implementación de las políticas de drogas, y seguir avanzando en enfoques basados en los derechos humanos y la justicia social, que reconozcan la dignidad y diversidad de estas personas. “Las adicciones no son un problema individual, sino que están vinculadas a causas sociales y estructurales -insisten desde Patim y UNAD- y por ello las políticas de drogas han de ser integrales, e ir acompañadas de políticas sociales amplias, dotadas de recursos y con una firme voluntad política”.