Desde la consellería de Oltra y desde Compromís acusan a la síndica popular de manipular y tergiversar el informe de menores tutelados del Síndic de Greuges para seguir con una "cacería"
VALÈNCIA. Madrugó este lunes la síndica del PP María José Catalá a sus rivales en las dos bancadas de Les Corts al presentar sus ejes de actuación para este nuevo año. Aprovechó la sequía informativa y las vacaciones para marcar el paso y lo logró aunque lo hizo en parte pisando un terreno complicado como son las lecturas parciales de los informes sobre menores tutelados.
En el arranque de 2022 esa cuestión, con copia a la vicepresidenta Mónica Oltra y también al president Ximo Puig, y las posibles irregularidades en las ayudas a las empresas del hermano del president y sus socios prometen volver a estar muy presentes en el discurso popular en el parlamento.
Desgranó Catalá una línea de cuatro prioridades que comparte algunos de los cinco ejes que hace unos días presentó el presidente de los populares valencianos Carlos Mazón al president Ximo Puig, aunque no todos. En el punto álgido de la sexta ola del covid-19 pidió, como su compañero alicantino, la recontratación de los más de tres mil sanitarios que asegura que fueron despedidos en verano y la habilitación de puntos para la realización de pruebas de antígenos fuera de los Centros de Salud. Terreno ese siempre firme. No nombró, en cambio, la financiación autonómica, la situación del servicio de Cercanías o el empleo joven, que fueron las otras banderas de Mazón. Las líneas a veces se tocan y otras no.
Al calor de la reapertura de la instrucción de la actuación de varios cargos de la consellera de Oltra en el caso de la menor abusada por su exmarido y del reciente informe del Síndic de Greuges, Catalá puso la situación de los menores tutelados por la Generalitat en la primera posición de sus prioridades. “Desde el 20 de junio de 2020 al 20 de junio del año 2021 ha habido 175 menores que están en el sistema de protección de menores de la Generalitat que han sufrido abusos sexuales. El 72% de ellas estaban en acogimiento residencial”, afirmó. En su segunda intervención ya dijo que no eran abusos sino denuncias y no dejó claro, aunque algo se intuyó, qué quería apuntar con ese porcentaje. Terreno embarrado que no ayudó a aplanar.
Desde la Conselleria de Oltra se mostraron indignados con el uso que hizo Catalá del informe. Apuntaron que esa cifra recoge tanto denuncias como sospechas que pueda haber y creen que intentó extender el caso del exmarido de la vicepresidenta obviando que el informe especifica que es el domicilio familiar de la víctima donde supuestamente se producen la mayoría de esos actos, que la gran mayoría de los presuntos agresores son parientes y que no hay ningún profesional del sistema de protección implicado.
Catalá calificó de “escándalo” la situación y de “muy deficiente” la atención de esos menores, anunció que volverán a pedir una comisión de investigación en Les Corts “para depurar cuál es el problema de funcionamiento”, que será su primera pregunta a Puig cuando vuelvan las sesiones de control y que han ampliado con el informe de síndic la denuncia que en su día presentaron en la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (que se comprometió a hacer una “investigación preliminar).
No fue tibia la respuesta de Compromís. El diputado Carles Esteve le acusó de “tergiversar y manipular” el informe. “(Pasar) de darle la espalda a esos datos, ya que ni siquiera se recogían cuando ella formaba parte del gobierno del PP, a querer aprovecharse de unas cifras que ella trastoca según le conviene, dice muy poco de la calidad humana y política de una diputada que, además, tiene la condición de síndica de su grupo”, afirmó el dirigente de Iniciativa que achacó todo a una “cacería” contra Oltra.
Otro de los asuntos que Catalá aseguró que seguirán de cerca es el caso de las ayudas al hermano de Puig que dijo “en absoluto” se ha acabado pese a la confirmación de la absolución del director general de política lingüística Rubén Trenzano por el control de algunas de esas subvenciones. “Estamos trabajando en todo el procedimiento judicial, os informaremos durante la semana, hemos recibido alguna cuestión importante”, deslizó la síndica sin querer avanzar más.
De las otras dos prioridades que señaló Catalá, se apuntó un primer tanto. Habló del “problema de la ejecución de los fondos europeos” como un lastre para la economía y anunció que pedirían la comparecencia del conseller Vicent Soler para explicar por qué se han devuelto 335 millones de los 647 que envió el gobierno central para ayudas directas, algo que el socialista achacó en su día a las condiciones impuestas por el Ministerio de Hacienda y ella este lunes a la “falta de diligencia” en la gestión de la Generalitat, que calificó de “indecente e intolerable”. Tendrán ocasión de confrontar sus visiones porque, al rato, Soler anunció que comparecería a petición propia. Habrá que ver si la cuarta prioridad (ayudas para que empresas turísticas y hosteleras puedan devolver en abril los préstamos del ICO) encuentra igualmente eco.