CASTELLÓ. La modificación de la plantilla y RPT del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón, impulsada por el gobierno del Botànic en 2015, tiene visos de convertirse en una perenne porfía legal entre la gerencia del centro sanitario y CCOO. La fórmula de amortizar plazas de funcionarios para crear puestos de personal laboral, lo que facilita el movimiento de las bolsas, quebranta la Ley Valenciana de la función pública, en opinión del sindicato.
Esa vulneración amenaza con judicializar cada corrección, como sucederá ahora con la conversión de cinco plazas, que afectan a los departamentos de traumatología, psiquiatría, psicología clínica, enfermería y atención directa a enfermos. La publicación de la modificación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) suscitará una nueva denuncia de CCOO contra la gerencia del Provincial ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Castelló.
Según el sindicato, "el Consorcio Hospitalario debería esperar al fallo del Tribunal Superior antes de seguir con los cambios. Nosotros ya recurrimos las primeras transformaciones de personal y la magistrada nos dio la razón, declarando la nulidad. La gerencia alegó, sin que todavía se haya hecho pública la resolución. Por eso, consideramos que tendría que haber una paralización del acto administrativo".
Desde la dirección del Provincial, se insiste en que la amortización de puestos de personal funcionario en favor del laboral responde a una homologación profesional promovida por la Conselleria de Sanidad a los efectos del límite del régimen retributivo.
En este contexto, CCOO recuerda que existe un informe de Hacienda advirtiendo que "la última masa remitida a esta Dirección General es de diciembre de 2017, que durante 2018 el hospital no remitió masa alguna". En la misma línea, subraya que "en tanto el Consorcio no disponga de autorización de masa salarial para el ejercicio 2019, no es posible la adecuada determinación de la existencia de crédito necesario y suficiente para la atención del incremento de gastos de personal en que pudiera incurrir".
El documento, en su parte final, recomienda a modo de conclusión que "se subsanen las incidencias detectadas en las distintas masas salariales y en la RPT, dándoles indicaciones para que se ajusten a la normativa en vigor".
El conflicto entre la gerencia del Provincial y CCOO se remonta al 13 de enero de 2017, con ocasión de una convocatoria ordinaria de la Mesa General de Negociación. En aquella reunión se dio traslado del texto para modificar la naturaleza jurídica funcionarial de puestos de base y vacantes. El sindicato arguye que sí hubo negociación al respecto, pero que nunca se llegó a un acuerdo. De ahí que muestre su disconformidad, en forma de denuncia, cada que se anuncia una amortización de plazas de funcionarios para crear puestos de personal laboral.
