CASTELLÓ. Los organismos públicos ubicados en la provincia de Castellón contaron en 2020 con un presupuesto de licitación para la contratación pública por valor de 70,5 millones en las actividades de construcción y servicios. Tras el desarrollo de los procedimientos, los órganos responsables redujeron este importe en algo más de 10 millones, lo que supone una reducción neta del 14,3%.
Así lo señala el Observatorio de la Contratación Pública de Comisiones Obreras (CCOO), que concreta que la Administración estatal es la que ha aplicado las mayores rebajas de precio: con un presupuesto total de licitación de 20 millones de euros, la adjudicación final ha sido por algo más de 15, dejando de gastar casi 5 millones (equivalentes a un 24,4%).
Asimismo, el Observatorio señala que durante 2020, en la provincia de Castellón se adjudicaron un total de 148 contratos. La mayor actividad se ha registrado en el segundo semestre del año en el que se han adjudicado 7 de cada 10 procedimientos.
En relación al reparto según la dependencia del organismo, las entidades locales de la provincia gestionaron el 76% de los procedimientos registrados por este Observatorio en este territorio (un total de 112); la Generalitat Valenciana y sus organismos dependientes el 11% (17 contratos) y la Administración central el 13% restante (19 contratos). Así, se aprecia cómo las entidades locales son las que mayor número de adjudicaciones han gestionado, superando a las otras dos, cuya proporción ha sido muy inferior.
En 2020, al comparar el valor inicial de licitación y el precio final de adjudicación para el total de contratos de inversión pública firmados, se aprecia que la reducción del precio en términos porcentuales ha sido del 14,3% (en términos absolutos suma más de 10 millones). Esta cifra global es superada tanto por la Administración General de Estado con una rebaja neta del 24,4% y la Generalitat Valenciana con una minoración del 15,1%. Las entidades locales son, en términos absolutos, las que menor rebaja neta han aplicado con un 8,7%.
Las obras de construcción, el mantenimiento y rehabilitación de edificios e infraestructuras y el suministro de materiales para la realización de los mismos suponen el 71,6% del total de contratos del año (106 de los 148). Le siguen en volumen de contratos las actividades de limpieza (con y sin servicios de desinfección específicos) que han supuesto el 12,8% del total de contratos firmados.
El tercer lugar lo ocupa la contratación de actividades de recogida y gestión de residuos con el 3,4%. Tras ellos, con porcentajes inferiores al 3,5% está la contratación actividades de jardinería (3,4%), seguridad privada (3,4%), ayuda a domicilio (2,7%), servicios profesionales varios (1,4%), carreteras (0,7%) y teleasistencia (0,7%).
Esto hace que, como no podía ser de otra manera, la contratación de obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de edificios e infraestructuras públicas se lleve el mayor importe, con el 82,4% (49,8 millones) de los más de 60 millones adjudicados en 2020.
Tras este sector, 5 millones fueron a parar a los servicios de limpieza (un 8,5%). Le sigue la contratación de servicios de recogida y gestión de residuos, a los que se dedicaron 2,7 millones (que suponen el 4,5% del total). En cuarto lugar se sitúa la contratación de obras en carreteras con 2,3 millones, que supusieron un 3,8% del total anual.
El escaso 1% restante de la inversión realizada en la provincia (poco más de medio millón) se repartió entre los siguientes sectores a los que representa esta federación, de mayor a menor importe: seguridad privada, jardinería, ayuda a domicilio, servicios profesionales varios y teleasistencia.
En cuanto a las reducciones medias aplicadas a cada sector, en las primeras posiciones se sitúan los contratos solicitando servicios de seguridad privada, con bajadas de precio del 27,3%; seguidos por la contratación de actividades de jardinería, con un 23,4% de rebaja media; las actividades de limpieza, con el 18,6%; y la contratación de servicios profesionales y obras en carreteras, con un 18,2% de rebaja media.
En el lado opuesto se sitúan los contratos de ayuda a domicilio y teleasistencia con menor impacto en el precio y que, de media en 2020, se han contratado con un 6,1% de rebaja los primeros y sin rebaja los segundos.