CASTELLÓ (EP). Los órganos de gobierno de CEV Castellón, comité ejecutivo y junta directiva se han sumado a las propuestas realizadas por el sector de la promoción y construcción de Castellón para que la nueva ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana -plusvalía-, recientemente aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Castelló, pueda establecer un coeficiente reductor que pondere el grado de actualización del valor de los terrenos -por transformación del suelo en viviendas- con el máximo del 15 por ciento, y se reduzcan, tanto los coeficientes, como los tipos de gravamen, especialmente para los primeros 6 años.
Tal y como ha manifestado en la reunión de los órganos de gobierno de CEV Castellón el secretario general de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC), Carlos Gomis, el incremento en cuanto a la cuota a pagar de la nueva ordenanza, que afecta a las promociones iniciadas en los últimos dos o tres años, "es, en comparación con la antigua ordenanza, desmesurado, además de ser un coste sobrevenido no sólo para las empresas promotoras, sino también para aquellos particulares afectados por el impuesto y ya solo nos queda que el grupo de trabajo de las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento tome en consideración nuestros argumentos para su posible modificación".
Asimismo, tal y como se ha reclamado desde Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC), los órganos de gobierno de CEV Castellón han pedido que se revisen los valores catastrales de Castellón alegando el desfase de los precios del suelo de la ponencia actual, que data del año 2012 y, por tanto, realizada con testigos de los años anteriores, muy afectados por los precios del boom inmobiliario.
Como ha confirmado Carlos Gomis, "el sector todavía es capaz de mantener los niveles de producción y generar empleo estable, pero soporta un fuerte aumento de costes de energía y de materias primas, cuando no desabastecimiento, que impactan de lleno en la actividad promotora y constructora".
Por su parte el presidente de la Confederación, Luis M. Martí, ha denunciado la "fuerte presión fiscal" sobre el sector y el resto del tejido productivo y ha insistido en la necesidad "imperiosa" de que las administraciones públicas adopten definitivamente criterios de eficiencia y de eficacia.
En opinión de Martí, estas medidas, junto a la lucha contra la economía sumergida - del 22% en España, en comparación con el 13% de la media europea, según un reciente estudio del Instituto de Estudios Económicos-, "permitirían reducir la presión fiscal al tejido empresarial, que es el que puede acelerar la recuperación".
