Foto: KIKE TABERNER CASTELLÓ (EFE). Este domingo se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la Vivienda, una norma que no ha estado exenta de críticas y que su medida estrella, el control de precios del alquiler, solo se aplica de momento en 140 municipios catalanes declarados tensionados.
La primera Ley de Vivienda de la democracia, impulsada por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, se desbloqueó a las puertas de las elecciones autonómicas y municipales, después de tres años de contactos.
De acuerdo con los datos que maneja la Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI), la oferta de vivienda para alquiler habitual ha caído un 30,5 % desde su entrada en vigor por la huida de dueños de vivienda tradicional, en su mayoría pequeños propietarios.
La firma de tasación UVE Valoraciones apunta a que la oferta de vivienda en alquiler ha caído a mínimos históricos y está un 28 % por debajo de la que había en 2020, cuando con la pandemia se registró un incremento por el traspaso de viviendas turísticas al alquiler.
Desde la patronal de promotores APCE advierten de que la Ley de Vivienda produce un resultado contrario al esperado, como denuncia la práctica totalidad de actores del sector, y apunta que en Cataluña provocó la retirada del 30 % de la oferta.
También el Banco de España ha alertado de los efectos negativos que puede conllevar el control de los precios del alquiler de forma sostenida y sin medidas estructurales que aumenten la oferta. La entidad calcula que hacen falta en España 600.000 viviendas nuevas hasta 2025.
Según los últimos datos disponibles de Fotocasa, el precio del alquiler se encareció en abril un 5,2 % hasta 12,3 euros/m2, con lo que el coste medio roza los 1.000 euros.
En once comunidades se superaron los máximos históricos: Asturias, Canaria, Murcia, Baleares, Madrid, Galicia, Comunitat Valenciana, País Vasco, Castilla y León, Navarra y Cataluña, única comunidad en la que se aplica el control del alquiler. Con los precios más altos se sitúan Madrid (18,3 euros/m2/mes); Baleares (18,1 euros); Cataluña (16,7 euros) o País Vasco (15,4 euros).
Utilizando Idealista como fuente, la subida interanual en abril fue del 13 % hasta 13 euros/m2, el mayor precio de su serie histórica. Barcelona continúa siendo la capital más cara (21,1 euros/m2) seguida por Madrid (19,2 euros); San Sebastián (17,2 euros); Palma (15,8 euros) o Málaga (14,2 euros).
Las comunidades gobernadas por el PP descartan pedir la declaración de zonas tensionadas.
Los hogares necesitaron el 22,6 % de sus ingresos a la compra de una vivienda y hasta el 34,5 % en el caso del alquiler el último año, según Idealista, que apunta a que en la ciudad de Barcelona el pago de la renta supone el 43 %, en Palma el 41 %, en Málaga el 40 % o en Madrid el 38 %.
Los últimos datos del Banco de España indican que las familias necesitan 7,3 años de salario bruto para adquirir una vivienda y tienen que destinar para ello el primer año más del 37 % de sus ingresos brutos anuales disponibles. Los expertos recomiendan que la tasa de esfuerzo no supere el 30 %.
El sector espera que el esfuerzo se incremente dado el déficit de vivienda existente, el aumento poblacional, especialmente extranjera, los próximos años, y la imposibilidad de generar un nuevo parque de viviendas a corto plazo.
Además de lanzar un bono para el alquiler joven, el Gobierno se ha comprometido a sacar al mercado 183.000 viviendas asequibles y ha aprobado una línea de avales para la compra de una primera vivienda dotado con 2.500 millones.
La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) calcula que el alquiler de temporada y el de habitaciones para sortear la Ley de Vivienda le han restado al tradicional más de un 25 % de la oferta.
FAI coincide en que ha habido una fuga de propietarios: más del 21 % hacía el alquiler temporal o turístico y un 13 % hacia la compraventa.
El alquiler de temporada se ha disparado un 58 % hasta suponer el 11 %, apunta Idealista, mientras que la oferta de alquileres permanentes se ha reducido un 15 %.
El Ministerio de Vivienda espera tener lista antes de que acabe 2025 una plataforma única estatal que unifique datos, estudios y normativas en materia de pisos turísticos para ver qué es lo que mejor está funcionando, adoptar medidas al respecto y tener más agilidad para combatir el fraude.
