Competencia de la Comunitat, entre la falta de recursos y la misión de relanzar el organismo

VALÈNCIA. La existencia de una competencia efectiva en los mercados es clave para el buen funcionamiento de cualquier economía. Cuestiones que van desde el ahorro en unas arcas públicas que no pasan por su momento más boyante a que los ciudadanos accedan a  precios acordes al mercado. Una misión en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a nivel estatal que, de puertas hacia dentro de la Comunitat, está capitaneada por su propio organismo sancionador.

La Comisión de Defensa de la Comunitat Valenciana (DCD), que desde su creación en 2012 ha pasado más bien desapercibida a ojos de la opinión pública, ha adquirido especial relevancia mediática en el último año tras un dictamen en el que el ente sancionaba a las productoras del hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y sus socios. Lo hacía al detectar la existencia de un cártel para ganar un concurso de À Punt, motivo por el que imponía una multa de 43.000 euros debido a la gravedad de los hechos. 

Una resolución que consta como la última de una actividad reducida en el último año, como de reducidos son los recursos con los que cuenta para ejercerla. Y así lo lamentan desde su actual dirección, que entró en el cargo el pasado mes de julio con la misión de dar un empujón y relanzar el organismo tras una pandemia y un 2021 en blanco. 

Una presidencia neutral

La encargada de capitanear el barco es Carmen Rodilla, actual presidenta y profesora ayudante doctora del Departamento de Derecho Mercantil en la Universitat de València desde 2018. Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración en 2012, es doctora por la Universitat de València desde 2017. Un equipo que completan Carlos Gómez, también del departamento del UV, y José Miguel Corberá, profesor de la UPV en el área de Derecho Mercantil.

Un consejo que llega con la misión de poner el foco en los acuerdos colusorios en el marco de los concursos públicos y que repercutan en las arcas de las administraciones valencianas. "La Comisión de Defensa de la Competencia es un órgano que tiene que presidir una persona neutral y, tradicionalmente, la presidencia y las vocalías se han venido ostentando por miembros de la universidad", explica Rodilla, quien inicia un mandato de cinco años de duración no prorrogables. 

"En la UV, concretamente en el área de Derecho Mercantil, hay un grupo muy potente de Derecho de la Competencia. Por eso, tiene mucho sentido desde la perspectiva técnica nombrar a alguien de aquí", continúa. Un equipo que, a pesar de ser el que toma la decisión final sobre qué tipo de sanción o no se debe aplicar, está asistido por funcionarios totalmente independientes del mismo y que son los encargados de dirigir la investigación. "Nosotros no investigamos, sino que somos el órgano decisor". 

La independencia del ente

Ante algunas acusaciones políticas, Rodilla recalca que se trata de órgano autónomo y actúan de forma totalmente independiente de cualquier injerencia política. "La última valoración final la hace el consejo, quien toma la decisión de sancionar o no, mientras que la instrucción es de la dirección de instrucción. La influencia es imposible por cómo está estructurado el órgano", recalca. 

"Es difícil comentar una decisión que no ha sido ni siquiera nuestra. Pero yo tengo la mayor confianza en la decisión que tomaron nuestros precedentes. Y si consideran que debe ser recurrida pues tienen la vía contencioso administrativa", señala sobre la resolución referente a las productoras administradas por Francis Puig y otros socios. Mientras, señala que las multas están previstas en la Ley de Defensa de la Competencia y se mueve en infracciones graves y leves con importes que pueden suponer hasta un porcentaje del volumen anual de negocio del último año de un 1 a un 10%.

Visibilizar a pesar de los pocos recursos 

Sin embargo, los recursos destinados a la cuestión difieren para mal respecto a otras autonomías. "Hay un problema de infradotación bastante grave", señala Carlos Gómez. A día de hoy, el organismo cuenta con un jefe de servicio, una vacante de un técnico y una secretaria administrativa y que además están dedicados a tiempo parcial. "Si nos comparamos con la autoridad vasca, ellos tienen doce funcionarios de los cuales ocho están especializados o se dedican exclusivamente a competencia", señala. 

Unas limitaciones a las que achacan el poco conocimiento del organismo de cara a los ciudadanos. "Aún así, se tengan más fondos o no, nuestra idea es visibilizar que la función que realizamos es indispensable para la Comunitat Valenciana y para beneficiar al consumidor valenciano", destaca Rodilla. Y es que, la intención es aumentar la colaboración de los ciudadanos para detectar infracciones de defensa de la competencia. 

"Es un instrumento muy interesante el poder recepcionar denuncias tanto anónimas como confidencializadas y analizar tanto las pruebas como los indicios que nos hayan aportado", recalca."Queremos generar un buzón para que sea bastante intuitivo".

Resoluciones sancionadoras e informes de oficio

La Comisión tiene la posibilidad de iniciar sanciones tanto a instancias de un ciudadano como de oficio. "Tenemos competencia para aplicar la normativa y tenemos competencia sancionadora. Y además, potestativamente, podemos informar sobre la anticompetitividad de determinada regulación, de ahí los informes", destaca. Recomendaciones sobre el bono turístico o las VTC se encuentran entre éstos.

"Se trata de detectar las disfunciones en el mercado valenciano, que las hay, tanto a nivel de contratación administrativa como a nivel privado. Si no funciona bien, la economía no crece todo lo que podría crecer y todo lo bien que debería, cuestión por la que es central dotar de recursos a este organismo", insiste su presidenta.

Entre las últimas sanciones, una multa de 380.000 euros y 80.000 euros a las multinacionales Ricoh España y Grupo Seidor por pactar precios en un proceso de contratación de la administración valenciana de arrendamiento de maquinaria. "El problema de los acuerdos anticompetitivos en relación con la administración pública es que daña a las arcas de la economía, pero también daña a las arcas de de la Generalitat", insiste José Miguel Corberá.

"Nuestro objetivo central es trabajar en ese área. ¿Y qué tipo de conductas se producen ahí? Principalmente, contratación fraudulenta. En el momento en el que alguien tenga noticia que determinadas empresas se han puesto de acuerdo para decidir no presentarse a una licitación o pactar el precio o las condiciones que van a ofrecer a una licitación pública, por favor que se denuncie porque es competencia nuestra, "recalca Rodilla.