Compromís aboga por abandonar las competencias impropias de la Diputación para afrontar la crisis

CASTELLÓ. Compromís propondrá a la junta de portavoces de la Diputació de Castellón que se revisen todos aquellos servicios y partidas presupuestarias que se dediquen actualmente a competencias impropias de y que no son de estricta necesidad para la reactivación socioeconómica inmediata. El portavoz de la coalición, Ignasi Garcia, argumenta que las competencias diferentes de las propias y de las delegadas "solo pueden ejercerse por las entidades locales cuando no ponen en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, cumpliendo los principios de estabilidad presupuestaria". Por lo tanto, "hay que evitar poner en peligro no solo el equilibrio económico de la institución supramunicipal sino también los servicios básicos que está obligada a prestar por ley".

Así lo ha hecho constar el grupo Compromís en el documento de propuestas que presentará a la Junta de Portavoces de la Diputación para la reactivación social y económica en el marco de desescalada de la crisis sanitaria de la covid-19. 

La coalición valencianista también recomienda adecuar el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 (PES) para enfocarlo a paliar los efectos inmediatos de la crisis del coronavirus en el tejido socioeconómico de las comarcas castellonenses, a la vez que contempla inversiones para la transición ecológica, de acuerdo con los principios de la Alianza europea por la Reconstrucción Verde (Green Recovery Alliance), a la que ha aprobado adherirse la institución esta misma semana.

Según ha mencionado el portavoz valencianista en la Diputación, "no podemos dejar la UE fuera de la ecuación de la reactivación, puesto que nos proporcionará un importante apoyo financiero y asistencia técnica si sabemos encarar nuestras políticas hacia los principios de la economía verde y la colaboración intermunicipal". Tal como se explica al documento de propuestas de Compromís, la UE recurrirá al denominado Mecanismo para una Transición Justa, que contribuirá a movilizar 100.000 millones de euros, como mínimo, durante el periodo 2021-2027 en las regiones más afectadas.

Revisar contratos y usar remanentes

En la misma línea, Garcia ha insistido que hay que seguir buscando fórmulas de colaboración con nuestras instituciones más próximas como la Generalitat Valenciana "para evitar duplicidades y ser más eficientes en el uso de los recursos públicos". Igualmente, "habría que revisar los contratos que se encuentran actualmente en ejecución y, en particular, los que finalizan próximamente, para mejorar la eficiencia en su efectuación". El documento también hace referencia a la necesidad de que la Diputación pida una moratoria de dos años en el Plan Económico y Financiero (PEF) "para hacer uso de los 43 millones de remanentes de los cuales dispone y destinarlos a inversiones financieramente sostenibles dentro del marco del Green New Deal europeo".