CASTELLÓN (EP). El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castellón, Ignasi Garcia, ha reafirmado la voluntad de su grupo de dar estabilidad y gobernabilidad al Pacte del Grau a pesar de que la abstención de uno de los grupos que lo conforman -PSPV- "ha permitido que la derecha desestabilice el Gobierno y acabe atacando a la vicealcaldesa", Ali Brancal.
Garcia ha realizado estas declaraciones este viernes ante los medios después de que el pleno aprobara este jueves aplicar el Código de Buen Gobierno a la vicealcaldesa, Ali Brancal, y, por tanto, el cese en sus funciones, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, en contra de Compromís y Castelló en Moviment y la abstención del grupo socialista.
El portavoz de Compromís, que ha insistido en que el acuerdo para aplicar el Código de Buen Gobierno se ha tomado "sin tener en cuenta que el mismo habla de imputación formal", ha destacado que, a partir de ahora, la Alcaldía es la que ha de encargarse de hacer cumplir el acuerdo del pleno, y mientras tanto, "continuaremos trabajando por la ciudad de Castellón para que no pierda el ritmo hasta que el cese se haga efectivo y se hagan los cambios con toda naturalidad".
"El Pacto del Grau es lo mejor que le ha pasado a esta ciudad en 24 años, pues hemos venido aquí a transformar la vida de las personas y nuestra voluntad es liderarlo para tener garantía de estabilidad y progreso y para evitar que las políticas retrógradas que algunos quieren imponer en la ciudad sean las que nos gobiernen", ha apuntado.
Preguntado si han pensado presentar un recurso al acuerdo del pleno, Garcia ha dicho que esperarán a que se haga efectivo el cese y que su principal esfuerzo es "trabajar por Castellón". No obstante, ha indicado que "si hemos de estudiar alguna circunstancia, la estudiaremos con toda la calma del mundo, pero nuestra prioridad no es entrar en batallas judiciales ni en discusiones bizantinas, sino trabajar por hacer mejor la vida de la gente".
Ali Brancal, junto al secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, declararon ante el Juzgado de Instrucción 2 de Castellón como investigados en su condición de querellados tras recibir una querella contra ambos, en la que se les atribuye delitos de malversación y falsedad. Según el Grupo Popular, ambos, presuntamente, utilizaron el servicio postal municipal para enviar papeletas electorales.