CASTELLÓ (EP). Compromís ha denunciado el "estado lamentable" de conservación de ríos y barrancos de la Comunitat Valenciana, que ponen "en riesgo" a la población y a los bienes, por la inacción de las tres confederaciones hidrográficas --Ebro, Júcar y Segura--, que han "dejado sin hacer las grandes actuaciones en materia de limpieza y conservación de los cauces".
Así se ha pronunciado el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, que ha señalado que este año tienen que "lamentar los devastadores efectos que tienen sobre bienes, poblaciones, infraestructuras y seguridad los desbordamientos de ríos y barrancos producidos por las lluvias intensas" en la Comunitat, ha indicado la coalición en un comunicado.
"Que llueva como llueve no se puede evitar, pero hacer las actuaciones necesarias y previstas, para mitigar los efectos, sí que es una cosa que se podría hacer y no se hace", ha denunciado Mulet, al tiempo que considera "injusto" que los ayuntamientos valencianos sean "constantemente los afectados por episodios de gotas frías y lluvias torrenciales que producen efectos nefastos y costes cuantiosos por la escasa previsión, falta de limpieza de cañas y de las actuaciones previstas en el territorio valenciano en el Plan Antirriadas (PGRI)".
En este contexto, ha apuntado que, en la actualidad, 136 municipios valencianos se encuentran con riesgo de inundación, de las que 48 poblaciones tienen un riesgo alto y 88 uno mediano. Además, ha denunciado que del PGRI "siguen sin ejecutarse obras", como el drenaje de la Rambla de Alcalà de Xivert, la adecuación del Cuadro de Santiago en Benicàssim, la canalización del barranco Juan de Mora en Nules, la ampliación del desagüe del río Seco en Castelló o la derivación del barranco de la Saleta (Aldaia), entre otros.
La coalición ya exigió, vía moción en el Senado, una propuesta en la que se instaba al Gobierno a recuperar las actuaciones pendientes de ejecutar en el territorio valenciano para evitar las riadas y, "de forma urgente", las canceladas por Acuamed desde 2007 y que contaban con la tramitación administrativa realizada para su ejecución "en el plazo más breve posible".
En la orden de ejecución, la coalición reclamó atender como prioritarios aquellas obras donde sigan existiendo peligros para la población y aquellas que evitarían evitables nuevos daños materiales y afecciones económicas por los ayuntamientos, ha señalado Mulet.