Compromís denuncia que el Gobierno rechaza subvencionar a los agricultores afectados por el cotonet

CASTELLÓ. El Gobierno ha indicado al senador de Compromís, Carles Mulet, que “no contempla el apoyo financiero para el tratamiento de plagas no reguladas ni indemnizaciones para los agricultores afectados por estas, como es el caso del cotonet (Delottococcus aberiae)”. El ejecutivo en su respuesta remarca que la financiación de ayudas que compensen las pérdidas por el cotonet, al no tratarse una plaga calificada de cuarentena o una plaga regulada, “no es de aplicación” conforme a lo dispuesto al respecto en la Ley 43/2002, de 30 noviembre, de sanidad vegetal.

Para Mulet “el Gobierno sigue sin un criterio claro a la hora de colaborar con las auténticas víctimas de la mala gestión de la sanidad vegetal en las fronteras y debería ser claro con esta cuestión. No es de recibo que hace unas semanas asegure que lo hará cuando por escrito dice todo lo contrario. Nuestro país sigue siendo un coladero de plagas y enfermedades que infestan campos y cultivos al no realizarse una buena vigilancia en las fronteras, por lo que el Gobierno debería ser corresponsable y paliar su desidia con fondos más allá de las medidas higiénicas. Sigue faltando un presupuesto para ayudas a los agricultores que son quienes están sufragando con sus economías la carencia de unas ayudas directas a un problema que les ha sobrevenido”, ha reiterado el senador.

Así Compromís denuncia esta situación y ha presentado una enmienda en los PGE para el próximo año de 12,3 millones, con el objetivo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación colabore con la Conselleria de Agricultura en la lucha en los problemas de sanidad vegetal que se dan en la Comunitat Valenciana ya que es la administración autonómica quien, con su exiguo presupuesto y financiación, está haciendo frente a los problemas derivados del cotonet y otras plagas.

Mulet ha lamentado que “en momentos difíciles el Gobierno nunca esté del lado del eslabón más débil. Lo pudimos ver durante la tramitación de la futura Ley de la Cadena Alimentaria, que sigue sin convencer a los profesionales del sector primario y lo vemos en casos como el descrito. Parecen trabajar por otros actores o intereses económicos que no los de quienes nos mantienen, alimentan, crean riqueza en nuestro país y mantienen el territorio y nuestras costumbres culturales”.