Compromís pide al Gobierno una respuesta sobre la autorización de quemas de residuos agrícolas

CASTELLÓ. El Gobierno, en una respuesta a una pregunta del senador de Compromís, Carles Mulet respecto a la interpretación de la nueva normativa sobre permisividad de quemas agrícolas, reconoce que no ha analizado esta modificación que llevaron a cabo el PSOE en el Senado en noviembre y afirma que valorará "la necesidad de publicar una nota interpretativa al respecto por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico".

Desde Compromís aseguran que Mulet exponía en su intervención las reclamaciones de organizaciones afectadas como La Unió Llauradora, que pide una clarificación acerca de la quema de residuos agrícolas.

En octubre, en el Congreso prosperó una enmienda a la ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas que consiguió, con una disposición nueva, la modificación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, objeto de esta polémica.

Mediante esta enmienda se suprimió el polémico punto respecto a la eliminación de residuos, que se usó para interpretarlo de una manera restrictiva para sancionar a agricultores por continuar con el sistema de quemas tradicionales. El citado artículo, que ya se ha eliminado, determina lo siguiente: “Con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario …”.

A pesar del consenso generalizado a excepción del PSOE, durante la tramitación de esta ley en el Senado, los socialistas eliminaron esta modificación y para volver al texto original, prohibiendo todas las quemas, finalmente, pactando con ERC-Bildu y Junts. 

Desde Compromís consideran que este texto retrocede en lo avanzado en el Congreso, “no permitiendo la quema de residuos agrícolas, excepto para las pequeñas y micro explotaciones agrarias, sin especificar que son pequeñas o micro explotaciones" y explican que sólo permite "la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola cuando cuenten con la correspondiente autorización del órgano competente de las Comunidades Autónomas, bien por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, bien con el objeto de prevenir los incendios". 

De nuevo, a su juicio un paso atrás que genera desprotección a los agricultores:  "No sabemos a partir de cuanto consideran pequeña explotación, y de nuevo lo dejan todo a criterios fitosanitarios, cuando recordemos que el principal problema del País Valenciano es que somos un terreno de minifundios, con muchas zonas montañosas, donde se vuelve prácticamente imposible o super encarecedor entrar trituradoras o desplazar los restos de podas; eso puede provocar un masivo abandono de cultivos que ya no son viables económicamente, pero que se transformaran en un lujo inasumible al encarecer el tratamiento mecánico del resto de podas. Se pide poder quemar no pot motivos fitosanitarios de plagas, sino por ser la única opción viable”, sostienen. 

Según Mulet, “el texto del Congreso acababa con esta prohibición y no consideraba residuos los restos de podas agrícolas, abría una puerta a una regulación sensata del tratamiento del resto de podas, el PSOE se entestó en dar marcha atrás y pactó un retroceso con otros grupos, y contó con nuestro voto en contra. Ahora, cuando le pedimos que interprete un texto impuesto por su partido, el Gobierno, dos meses después, dice que todavía no lo ha analizado, si eso no es tomar el pelo a la ciudadanía, es que es algo peor”.