CASTELLÓ (EFE). Compromís ha anunciado este miércoles que presentará una proposición de ley para que ACS asuma los pagos, indemnizaciones y actuaciones consecuencia del desmantelamiento del almacén de gas Castor, "una chapuza mal diseñada y ejecutada".
Después de que el pasado 29 de octubre el Tribunal Supremo reconociera el derecho de las entidades financieras -Santander, CaixaBank y Bankia- a ser indemnizadas por el Estado con 1.350 millones de euros, la formación política se ha unido al Grupo Ciudadano Caso Castor para promover una batalla judicial y que ACS asuma su parte.
En una comparecencia en el Senado, el portavoz de Compromís, Carles Mulet, ha explicado que "la mayoría de PP y PSOE en el Senado está bloqueando que se tramite la Comisión de Investigación", un comportamiento que califica de "antidemocrático".
De ahí que la formación política se haya unido en esta iniciativa al Grupo Ciudadano, formado por Xnet, Observatorio de la Deuda e Instituto por los Derechos Humanos para registrar una proposición de ley de sociedad civil.
En octubre de 2019, el gobierno procedió a desmantelar y sellar el almacén subterráneo de gas Castor -cerrado de forma temporal en 2016-, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) propiedad de la sociedad Escal UGS, participada por la constructora ACS y la compañía canadiense Escal.
La proposición de ley prevé el inicio de un procedimiento judicial para recuperar la cantidad abonada por Enagás a Escal UGS, una vez que el Tribunal Constitucional anulara el contrato que generó la deuda, "por lo que esta no debe recaer sobre el Estado y en consecuencia sobre la ciudadanía", añade Compromís.
