CASTELLÓ. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha registrado una moción tras conocerse el escandaloso listado de bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015 en la que se insta al Gobierno central para que, de forma urgente, tramite una reforma de la Ley de Patrimonio Histórico español en la que establezca un capitulo especifico que aborde el patrimonio histórico de raíz religioso, afectando estos bienes de dominio publico al patrimonio de la Administración, dando así respuesta a esta situación que no estaba prevista en la Ley de 1985. Por otro lado, en tanto en cuanto no se produzca lo anterior instar que, de forma inminente, el Ministro de Cultura, custodio del inventario de bienes de patrimonio histórico y culturales, proceda a reclamar la afectación explicita al dominio público de todos los bienes que, estando en ese inventario, lo estén también en el listado publicado por el Gobierno, independientemente que estos estén o no en el Inventario de Patrimonio del Estado.
La moción recuerda que algunos de estos bienes están catalogados como parte del Patrimonio Histórico español o protegidos por las leyes autonómicas de patrimonio histórico. Incluso, caso de la Mezquita de Córdoba, cuenta con bienes declarados Patrimonio de la Humanidad.
Mulet ha recordado que "no se trata de una iniciativa anticlerical, ni mucho menos", sino el viejo debate sobre el propio patrimonio. "Si la iglesia, una vez puestos a su nombre los inmuebles, tuviera la capacidad de mantener este inmenso patrimonio cultural y patrimonial en perfecto estado de conservación y con garantías de ser visitable y utilizado también como elemento turístico que revierta en los municipios, el malestar sería menor", ha indicado.
"El problema -prosigue- es que es incapaz de hacerlo y ha de ser la administración pública quien destine recursos públicos para su mantenimiento y son luego las organizaciones religiosas las que establecen los horarios de visitas; quienes cobran entradas sin que se sepa qué se hace con esas recaudaciones, etcétera". Por este motivo, apunta Mulet "lo más razonable sería ir hacia modelos europeos, donde la titularidad de estos inmuebles es del Estado, que se encarga de su mantenimiento, cede el uso religioso a las confesiones y lo compatibiliza con una explotación turística".
Por otro lado, la moción alienta al Gobierno para que emprenda las medidas que sean necesarias de carácter judicial o legal para consolidar la nulidad de las inmatriculaciones practicadas, ya que la mayoría de los bienes del listado publicado son bienes de patrimonio histórico de raíz religiosa que han sido considerados históricamente como bienes de dominio público y, por tanto, imprescriptibles. Finalmente insta al Gobierno a explorar las medidas legislativas para declarar la nulidad por inconstitucionalidad sobrevenida de todas las inmatriculaciones practicadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución Española, en aplicación de su disposición derogatoria tercera.
Mulet señala que la inmatriculación realizada por la Iglesia es “fruto de un desaguisado jurídico” que ha permitido de forma viciada, el registro de inmatriculaciones a nombre de la iglesia católica de una gran parte del patrimonio histórico de raíz religioso, ha ido acompañado de un confuso informe gubernamental “en un país que tiene un carácter aconfesional”.
Mulet confía en una urgente comparecencia del ministro de Cultura para que dé cuenta de las acciones realizadas y medidas urgentes para revisar todas y cada una de las inmatriculaciones.