La síndica de Compromís, Papi Robles. Foto: INMA CABALLER/CORTSVALÈNCIA. El Gobierno valenciano que integran PSPV, Compromís y Unides Podem validaron el pasado mes de mayo el llamado decreto ómnibus. Un batiburrillo legislativo que modificaba un amplio abanico de normas para hacer frente a la crisis generada por la guerra de Ucrania y que incluía medidas para agilizar la instalación de plantas de energía fotovoltaica.
Desde el principio, la coalición valencianista no se sintió cómoda con todos los cambios que planteaba, según reconocen fuentes de la UTE electoral integrada por Més, Iniciativa y VerdsEquo. De hecho, acabaron dando su visto bueno al decreto con la nariz tapada y con varias condiciones fijadas sobre el papel para hacer cambios más adelante: forzaron a sus socios a sellar un acuerdo político que contemplaba que con la llegada de la tramitación de la Ley de Acompañamiento de 2023, los grupos del tripartito acometerían hasta nueve modificaciones sobre la normativa.
El pacto fue firmado por PSPV, Compromís y Unides Podem el 26 de mayo, el mismo día que Les Corts convalidaron el decreto, y en él los tres partidos se comprometían, por ejemplo, a crear la Agencia Valenciana de la Energía, algo que ya era público que tenían intención de hacer. Sin embargo, también pactaron abordar otros aspectos más delicados de la legislación o que han generado más controversia desde que esta entró en vigor.
Uno de los que más preocupa en Compromís es el papel que juegan los ayuntamientos de la Comunitat cuando una empresa busca implantar energías renovables en su municipio, pues consideran que tal y como está redactada ahora mismo la normativa pueden actuar como "especuladores". Así, pretenden reforzar el poder de decisión de los alcaldes en cada proyecto que busque asentamiento local.
En el decreto ómnibus se fijó un límite del 3% de ocupación de suelo no urbanizable de uso común común en cada municipio para la instalación de energías renovables, pero al mismo tiempo se les permite a los ayuntamientos suspender licencias en zonas de suelo no urbanizable común definidas como de alta o muy alta capacidad agrológica o cuando justifiquen mediante informes una posible degradación del entorno paisajístico próximo a usos residenciales o de alto valor de relevancia local.
En el acuerdo firmado en mayo, el tripartito se comprometía a "establecer mecanismos que permitan a los municipios participar en la planificación y ordenación de la implantación de energías renovables en su término". "Todo el proceso de instalación de plantas fotovoltaicas o eólicas mayores de 10 Mw en suelo no urbanizable exigirán un trámite de participación pública, de acuerdo con aquello que establece el texto refundido de la LOTUP. Su resultado será valorado por el órgano sustantivo respecto al grado de apoyo ciudadano que la propuesta tenga", concretaba el pacto.
Asimismo, también darían apoyo "humano y técnico a los ayuntamientos pequeños que presenten insuficiencia de recursos materiales y humanos para que puedan cumplir con las obligaciones y actuaciones que corresponden para dar cumplimiento a la aplicación de la normativa que se implante".
Un redactado que la coalición quiere que ahora se traduzca en enmiendas a la Ley de Medidas Fiscales por parte de los tres socios del Botànic y así dar cumplimiento al compromiso que firmaron. Las posiciones, sin embargo, no están claras -especialmente la del PSPV-, si bien todavía queda por ver en qué se traduciría este pacto a tres. En cualquier caso, si los socialistas decidieran descolgarse y no participar en la enmienda que se redactase, los valencianistas la presentarían igualmente en solitario o de la mano de Unides Podem.
Otro de los compromisos que fijaba el acuerdo político era "establecer" a través de la Ley de Acompañamiento una "prelación de suelos y espacios para la instalación de plantas de energías renovables, priorizando la instalación de centrales fotovoltaicas y parques eólicos en zonas urbanas, industriales y suelos degradados o de nulo valor medioambiental, agrícola o patrimonial, comportando esta priorización la reducción de permisos e informes asociados, para ganar eficiencia y evitar el impacto de infraestructuras de transporte en nuestro territorio".
Lo que buscan, con ello, es evitar que se instalen grandes plantas en espacios agrícolas productivos para, más tarde, tener que trasladar la energía generada a zonas urbanas, que es donde existe una mayor demanda energética. Un traslado que comportaría, según explican a este diario, una huella de carbono "innecesaria". La prelación, a falta de concretarse, tendría un orden lógico de priorizar techos de zonas urbanas, seguido de polígonos industriales e, incluso, cubrir con placas solares los grandes canales de transporte y balsas públicas de agua en la Comunitat Valenciana para aprovechar el entorno y generar energías limpias.
Más allá de estas medidas concretas, el tripartito también acordó "impulsar promociones públicas de generación distribuida de energías renovables y el fomento de las cooperativas de energía y las comunidades energéticas locales como instrumento vertebrador de una transición energética democrática" o "reforzar la protección medioambiental para minimizar la afección de los espacios naturales protegidos y de especial valor en los que sean manifiestamente incompatibles los usos, como espacios en los que no se pueden desarrollar proyectos de instalación fotovoltaica".
También se comprometieron a adaptar la normativa valenciana al acuerdo del Congreso de los Diputados "sobre la modificación del Real Decreto Ley 6/2022 en aquellas cuestiones que facilitan la participación ciudadana y establece más garantías medioambientales".
