Foto: COMPROMÍSVALÈNCIA (EP). El programa de Compromís-Sumar para el 23J incluye medidas como la creación de una Ley de Igualdad Lingüística, el traspaso de las competencias de trenes de Cercanías, puertos y costas a la Generalitat, la reforma "inmediata" del sistema de financiación autonómica, con la condonación de la deuda y mecanismos de compensación, y cambios fiscales para "acabar con el 'dumping'" entre autonomías.
Otros de los objetivos de la confluencia valenciana, que aspira a lograr grupo propio en el Congreso y obtener "como mínimo" cinco diputados, son la paralización definitiva de la ampliación del puerto de València, el retorno permanente de la Dama de Elche, la reciprocidad entre radiotelevisiones autonómicas que emiten en la misma lengua o la recuperación del derecho civil valenciano.
Bajo el lema 'La teua veu', Compromís-Sumar ha presentado en el Col·legi Major Rector Peset un programa con el que aspira a llevar a Madrid una voz valenciana "valiente y digna" frente al "gobierno de la vergüenza" que compartirán PPCV y Vox. "No nos van a callar con discursos de odio", ha proclamado la 'número uno' al Congreso, Àgueda Micó, junto al 'número dos', Alberto Ibáñez; el 'número tres', Nahuel González; la 'número seis', Àngela Llinares', y el cabeza de lista al Senado por Valencia, Ignacio Blanco.
Aunque incluye propuestas compartidas con el programa estatal que presentará este jueves la candidata al Gobierno, Yolanda Díaz, la confluencia apuesta por ceñirse a la Comunitat y no hace mención a la "herencia universal" de 20.000 para los jóvenes de 18 años. Eso sí, la cabeza de lista ha dejado claro que "no hay diferencias" y Compromís apoya las medidas de Sumar.
Además, ha reiterado que "el plan A y el plan B" es formar grupo parlamentario propio en el Congreso, con la aspiración de obtener "seis o siete" diputados y la posibilidad de obtener portavocías adjuntas o un subgrupo si no tuvieran suficientes escaños. "Las circunstancias son complejas, pero creo que puede haber un revulsivo en el electorado que se quedó en casa" el 28M, ha augurado.
Este programa "inconformista" se estructura en 12 bloques, correspondientes a 12 ministerios, con 12 propuestas en cada uno. Incluye tres grandes pactos en materia de rentas, con subidas salariales y medidas de conciliación; tiempo, con una "apuesta decidida" por la jornada de 32 horas, y "justicia territorial" mediante la reforma de la financiación.
En educación, Compromís-Sumar apuesta por más inversión destinada a las autonomías, por una ley de uso y enseñanza de lenguas oficiales y minorizadas basada en la protección de los sistemas de inmersión lingüística, por modificar la normativa de conciertos y prohibir la cesión de suelo para construir centros privados, por acelerar el pago de las becas universitarias al inicio de curso o por fomentar la educación sexual en todas las etapas.
En vivienda y movilidad hay medidas como destinar el 30% de la nueva construcción a alquiler y venta asequible, traspasar todos los pisos de la SAREB a las autonomías, crear una red pública de alojamientos tutelados, ampliar la red de Cercanías --priorizando la conexión del aeropuerto de Alicante o el Tren de la Costa--, finalizar el Corredor Mediterráneo o ampliar los accesos de la AP-7.
En cultura se propone crear una mesa estatal con participación de las autonomías y los sectores, avanzar en la emisión multilingüe de las radiotelevisiones públicas y hacia una programación completa en valenciano del centro territorial de RTVE, descentralizar la promoción de la producción audiovisual o desmilitarizar y ceder a la Generalitat la propiedad del Convento de Santo Domingo de València.
En administración, Compromís-Sumar quiere velar por la titularidad y gestión directa de todos los servicios públicos a través de una normativa estatal y crear una Ley de Igualdad Lingüística que garantice el uso de las lenguas oficiales ante sus administraciones, en su vida pública y privada, así como cambiar la Ley Electoral para fijar circunscripciones autonómicas, llegar a 400 diputados y rebajar el derecho a voto a los 16 años.
Otras de sus propuestas son derogar la 'Ley Mordaza' y transferir a la Generalitat las competencias de costas y litoral, puertos, aeropuertos o Policía, además de suprimir las diputaciones provinciales --mediante un nuevo marco territorial adaptado a cada CCAA-- y el Senado --delegando sus funciones en un órgano con menos recursos y duplicidades--.
En servicios sociales, que el Estado garantice el pago del 50% del gasto de la dependencia, un pacto para la acogida de menores no acompañados, una ley que reconozca todas las modalidades de familias, aumentar los permisos de los progenitores hasta seis meses --en las monoparentales disfrutarían de la suma de los dos permisos--, reconocer la lengua y cultura romaní o modificar la Constitución para reconocer las lenguas de signos española, gallega, vasca y catalana.
En economía, se apuesta por aumentar al salario mínimo hasta llegar al 60% de la media, transferir la Inspección de Trabajo a las autonomías que lo demanden, blindar las pensiones contra su privatización y seguir incrementándolas, establecer un índice de precios a los productos agroalimentarios que asegure un pago justo a los productores, revisar los tratados comerciales comunitarios o crear un plan de desestacionalización turística.
En sanidad, eliminar por ley la posibilidad de privatizar la gestión, obligar al Estado a pagar a la Generalitat la deuda por la atención a desplazados, más fondos para que las CCAA aumenten personal e infraestructuras, un pacto de Estado por la salud mental o garantizar el derecho al aborto en hospitales públicos.
En transición ecológica, permitir a autonomías y ayuntamientos decidir sobre la ubicación de plantas renovables, implantar zonas de bajas emisiones en València y otras ciudades de más de 50.000 habitantes, garantizar tanto el agua vinculada al trasvase Tajo-Segura como los caudales ecológicos necesarios para los ríos, revisar todos los impactos de infraestructuras en las playas, bonificar la devolución de envases, eliminar vuelos cortos con alternativas en tren de menos de cuatro horas o suprimir la financiación pública de espectáculos taurinos con muerte del animal.
En hacienda, además de reformar la financiación, unas inversiones territoriales justas, un plan de progresividad fiscal, hacer progresivo el impuesto de transmisiones patrimoniales, elevar los mínimos exentos del impuesto de sucesiones o crear un impuesto permanente a las grandes fortunas y tasas ambientales.
En justicia y memoria, proteger los derechos lingüísticos en el ámbito judicial, transferir el cuerpo de letrados a autonomías con competencias transferidas, dar más voz a las CCAA en las decisiones sobre creación de juzgados, recuperar los juzgados de violencia de género suprimidos, crear un censo de víctimas y un banco de ADN estatal o eliminar los beneficios fiscales de la Iglesia Católica.
En igualdad, aumentar el presupuesto para combatir las violencias machistas, una ley contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, blindar los derechos LGTBI a través de un pacto estatal, formar al personal de justicia y seguridad en este ámbito o medidas de inserción sociolaboral de personas trans.
Y en inmigración, considerar el concepto de "refugiados climáticos, reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo saharauis, decretar el cierre de los CIE o velar por la participación de las CCAA en la resolución de crisis humanitarias.
