Foto: KIKE TABERNERCASTELLÓ (EP). Compromís ha presentado en Les Corts una serie de iniciativas parlamentarias en las que insta al Consell a implementar un plan efectivo contra la gentrificación turística y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, como permite la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, para garantizar precios accesibles.
Además, plantea la evaluación de la situación de las ciudades turísticas para identificar necesidades sociales, educativas, sanitarias y de comercio local, así como implementar medidas para limitar el número de viviendas de uso turístico y controlar los pisos ilegales. Y la protección del comercio tradicional y la aplicación de una moratoria para frenar la expansión de apartamentos turísticos y hoteles.
En un comunicado, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro denuncia los efectos devastadores que el modelo turístico masivo está teniendo sobre el derecho a la vivienda, especialmente en ciudades como València: "La gentrificación turística, combinada con la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT), está expulsando a los residentes de sus barrios y deteriorando las redes sociales, económicas y culturales que definen las comunidades locales".
"El proceso de gentrificación turística que sufren muchos barrios de nuestras ciudades, como el caso de Ciutat Vella en València, está cambiando la fisonomía del territorio. Las personas que han vivido toda la vida en sus barrios se ven forzadas a trasladarse a zonas periféricas, mientras que sus viviendas se transforman en apartamentos turísticos que solo benefician a los fondos buitres y grandes inversores. Esto no sólo encarece los precios de alquiler y compra, sino que también destruye el tejido social", asevera.
Además, la diputada recuerda que el Consell Valencià de Cultura (CVC) ha pedido un plan de fomento de vivienda social para combatir la gentrificación turística del centro histórico de València, combinando una moratoria sobre nuevas licencias de viviendas turísticas con un control estricto de los pisos ilegales.
"No podemos continuar promoviendo un modelo turístico que sacrifica la calidad de vida de los vecinos a cambio de beneficios inmediatos para unos pocos. La Ley de Turismo de 2018 de la Comunitat Valenciana, que proclama la hospitalidad como principio básico, tiene que garantizar también el derecho a la vivienda y al descanso de los residentes, no solo la experiencia de los visitantes", defiende.
Según advierte, la dependencia del sector turístico es claramente negativa para el bienestar ciudadano y especialmente grave en algunas ciudades de la Comunitat; "así lo remarcan todos los datos y numerosos informes que analizan el impacto del turismo en el territorio valenciano": "Los índices de pobreza, con altos porcentajes de exclusión y desigualdad, son más altos en las zonas con más dependencia turística".
A su vez, la portavoz de Compromís denuncia que el decreto de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico -aprobado recientemente por el Consell- "no solo no aporta soluciones al impacto negativo que la proliferación de pisos turísticos está teniendo en el acceso a la vivienda de buena parte de la población, sino que tampoco presenta medidas reales y efectivas para limitar nuevas licencias de pisos turísticos y actuar contra los alquileres turísticos ilegales que están proliferando en edificios residenciales de nuestras ciudades, o el establecimiento de los refuerzos y aumento necesarios de la inspección".
"Esta es una cuestión de justicia social. No podemos permitir que el derecho fundamental a la vivienda sea atropellado por la presión turística y los intereses especulativos. Hace falta que se ponga fin a la expansión descontrolada de viviendas turísticas, garantizando la calidad de vida de nuestros vecinos y protegiendo nuestro patrimonio cultural y social", reivindica.
