Desde que llegó al poder, Pedro Sánchez siempre ha gobernado con una base de diputados propia muy endeble. 85 diputados en 2018, 120 en 2019, y ahora 121. Muy, muy lejos siempre de la mayoría absoluta. Sin embargo, ello no le ha impedido promulgar muchas leyes y adoptar todo tipo de decisiones, haciendo uso y abuso, hasta límites insospechados, de la figura del decreto-ley, pensada para tramitar con carácter de urgencia determinadas medidas insoslayables que luego habrán de convalidarse. Una figura que tiende a vaciar de significado el Parlamento y sus debates y negociaciones. Sobre todo, porque los gobiernos de Sánchez no sólo han abusado de los decretos ley en sí, sino también de su modalidad: decretos con cientos de medidas adheridas, variopintas y vinculadas con ámbitos decisorios totalmente diferentes.
A pesar de contar con pocos diputados para ello, a Sánchez le ha ido hasta la fecha bastante bien, por la vía de forjar gobiernos de coalición (los primeros de la actual etapa democrática, desde 2020 y hasta la fecha), por un lado, y de tejer vínculos con muchas formaciones del Congreso de los Diputados, por otro. A todas ellas les unía un propósito común: cerrar el paso a la derecha de Ciudadanos y PP, primero, y de PP y Vox, después. Una táctica eminentemente defensiva (votar a favor porque el PP y Vox están en contra) que tenía un correlato que podríamos denominar de autodefensa: no salirse de ese guion de bloque contrario a la derecha y la ultraderecha, por las imprevisibles consecuencias que ello pudiera conllevar entre los respectivos electorados de estas formaciones.
Sin embargo, esta semana hemos visto cómo el sistema comienza a hacer aguas. Por un lado, porque la mayoría parlamentaria reunida en torno al gobierno de coalición es la más endeble de todas las que ha logrado congregar Pedro Sánchez, y no sólo numéricamente (que también), sino por su diversidad, por el número de formaciones que hay que poner de acuerdo, por su dependencia de más variables (ideológicas y territoriales), y finalmente por la aparición de dos grupos de diputados, los cinco de Podemos y los siete de JuntxCat, que no parecen tan condicionados por el riesgo de quedar encuadrados junto a la ultraderecha como los demás. Y ello, claramente, les permite funcionar de manera más imprevisible para el Gobierno de coalición, más libre.
La prueba la tenemos en las votaciones de los tres decretos-ley de este miércoles. En dos de ellos, el Gobierno tuvo que negociar hasta el último momento con JuntsxCat para otorgarle concesiones adicionales y específicas, que además sólo sirvieron para que Junts se abstuviera (se ausentara de las votaciones, lo cual en la práctica tuvo el mismo efecto). En el tercero de ellos, dependiente de la vicepresidenta Yolanda Díaz, el decreto no fue aprobado por el voto contrario de los cinco diputados de Podemos.
Ambos comportamientos tienen su razón de ser, y enseguida han recibido todo tipo de críticas por parte del bando afín al Gobierno de coalición, así como múltiples mensajes desde los apoyos mediáticos de la oposición conservadora, que podríamos resumir en un genérico "yo ya lo dije". Es decir, ya dijimos que eso sería una jaula de grillos ingobernable en la que Sánchez tendría que vender España, trozo a trozo, a los independentistas, y hete aquí la prueba.
Por supuesto las motivaciones de Podemos y Junts son también diversas, pero sus efectos son similares. Junts quiere mostrar su independencia, su posicionamiento mucho más crítico y alejado respecto del que hace gala ERC. Podemos, por su parte, se encuentra en una situación nueva, dado que las decisiones de Yolanda Díaz habían dejado a esta formación, en la práctica, fuera del gobierno de coalición, aunque dentro de la mayoría parlamentaria que apoya a dicho gobierno. Por eso Podemos ha dado este paso arriesgadísimo: salirse de Sumar, primero, y de la lógica parlamentaria de apoyar sistemáticamente al gobierno, después. Y lo ha hecho, como cabría esperar, atacando a sus archienemigos, que no son otros que Sumar y Yolanda Díaz.
De hecho, de no ser por Podemos, los tres decretos habrían salido adelante, y la votación se habría leído como un nuevo éxito de Pedro Sánchez. Lo cual no resultaría del todo cierto, porque la votación ha mostrado a las claras la debilidad del gobierno de coalición, su dependencia de un cruce de variables enormemente complejo y en donde todo ha de cuadrar a la perfección. Un escenario que ya no puede garantizarse con la invocación a que, si no se vota a favor de los cientos de medidas integradas en los decretos, se está haciendo el juego a la ultraderecha (por más que dicha invocación siga siendo, y seguirá siendo, de gran eficacia).
Con independencia de lo anterior, sí hay que constatar un efecto positivo de estas votaciones, y es que previsiblemente el gobierno de coalición tendrá que mitigar un tanto su pasión por los "decretos omnibus", en los que todo cabe y todo vale. Tal vez tengan que promulgar decretos ajustados a una temática específica o -qué locura- incluso leyes.