VALÈNCIA. "Mi madre lleva más de un mes sin salir de casa. Tiene 90 años y el ascensor de su edificio quedó inutilizado tras la Dana. Sin él, moverse es imposible y, desde octubre, su único contacto con el exterior ha sido a través de una ventana". Así describe Inma Pastor, vecina de Massanassa, la realidad de su madre, una de las tantas personas afectadas por el temporal que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. Sin embargo, la madre de Inma no es la única: en su edificio, viven otras dos personas mayores que han enfrentado las mismas barreras. Su ascensor quedó inoperativo tras inundarse los fosos y dañarse motores, puertas y componentes eléctricos debido a la gota fría.
Aunque se ha logrado una reparación temporal, el problema persiste y las piezas necesarias todavía no han llegado. "El presupuesto para arreglarlo supera los 5.000 euros y seguimos esperando piezas. Un mes y medio así es insorportable para tres personas mayores que no pueden moverse por sí solas", explica Inma a Valencia Plaza. Lo ocurrido en este edificio de Massanassa es solo una muestra del alcance de la catástrofe. Según datos de la Asociación Empresarial Valenciana de Conservación y Mantenimiento de Ascensores (ASENCOVAL), más de 10.000 ascensores han quedado inutilizados en los municipios de la 'zona cero'. De ellos, solo un tercio ha vuelto a funcionar, mientras que otros podrían tardar hasta seis meses en repararse.
Una demora que se justifica, según el presidente de la asociación, Emilio Carbonell, en que las reparaciones no solo requieren materiales especializados, sino también técnicos cualificados, cuya disponibilidad ya era limitada antes del desastre. Asimismo, los costos para reparar los ascensores varían enormemente, desde los 1.000 euros para daños menores hasta los 60.000 euros en casos graves, como los de los montacoches hidráulicos cuya maquinaria quedó sumergida en los sótanos inundados.
El problema, por tanto, es complejo: "No solo hay que reparar los ascensores, sino también garantizar la seguridad de su funcionamiento. Además, estamos en una carrera contrarreloj para formar nuevos técnicos y cubrir la demanda", afirma Carbonell a este diario. Desde el Ministerio de Industria se han flexibilizado algunos certificados para acelerar las reparaciones, pero las comunidades de vecinos todavía enfrentan desafíos financieros y logísticos, con seguros que no siempre cubren la totalidad de los daños.
El impacto de la Dana trasciende los daños materiales: ha dejado a miles de personas atrapadas en una rutina forzada de aislamiento, una situación que requiere no solo agilidad técnica, sino también sensibilidad humana. Según explica el presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI CV), Luis Vañó, "la inoperatividad de los ascensores no es un problema técnico más, sino una barrera que afecta derechos fundamentales. Para muchas personas, el ascensor es el único medio que les conecta con el exterior".
Por ejemplo, en municipios como Aldaia, se han documentado casos donde esta asociación, junto a Cruz Roja, han intervenido para evacuar a personas mayores que llevaban semanas sin poder salir de sus hogares. "Estas circunstancias dificultan el acceso a tratamientos médicos esenciales, suministros básicos o visitas de familiares", lamenta Vañó. Durante la Navidad, esta desconexión se agrava, aumentando el impacto emocional de quienes dependen de la ayuda externa.
La madre de Inma también ha visto interrumpidas sus rutinas diarias por la inoperancia del ascensor de su edificio. Antes del temporal, solía sentarse en una terraza al sol y tomar un café, una actividad esencial para su bienestar emocional. En la actualidad, su confinamiento no solo limita su libertad, sino que también pone en riesgo su salud física. "Gracias a que un fisioterapeuta viene a casa a tratarla, hemos podido sobrellevar esto, pero la sensación de encierro la está afectando mucho", relata Inma.
En la misma línea, Vañó confiesa a este diario que se han registrado casos similares en otros municipios como Paiporta, donde la afección en los ascensores tras la Dana ha impedido a personas mayores, con movilidad reducida o dependencia acudir a sus citas médicas con normalidad y recibir tratamientos en sus centros de día. "Hemos visto cómo algunas personas han tenido que ser trasladadas a casas de familiares o residencias temporales, un esfuerzo logístico y emocional para toda la familia", asevera el presidente de CERMI CV.
Desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad (COCEMFE), se han identificado casos de personas con movilidad reducida que no solo han perdido el acceso al exterior, sino también a su independencia. "No poder salir de casa limita el acceso al empleo y la vida social, lo que agrava su situación física y psicológica", asegura la organización a este diario.
En un esfuerzo por mitigar estos efectos, COCEMFE ha propuesto medidas como la instalación de salvaescaleras provisionales o elevadores temporales, aunque estas soluciones resultan difíciles de implementar en edificios antiguos como el de la madre de Inma. El Ministerio de Derechos Sociales ha destinado 3 millones de euros a la reparación de infraestructuras esenciales y a elementos de accesibilidad, aunque su gestión sigue siendo un desafío burocrático.
Ambas organizaciones reclaman que se prioricen las reparaciones de ascensores en los edificios donde resida un porcentaje elevado de personas mayores, con movilidad reducida o dependencia. "El aislamiento genera ansiedad, frustración y abandono", añade Vañó. Sin embargo, el presidente de ASCENCOVAL explica a este diario que los trabajos de reparación se están dando, inicialmente, en los ascensores donde el nivel de afección es menor y se pueden solventar con celeridad.
Por otra parte, desde CERMI CV, se ha señalado la urgencia de desarrollar un plan de emergencia inclusivo, esto es, un protocolo que permita priorizar a los colectivos vulnerables en situaciones de catástrofe. "Lo que hemos aprendido con la Dana es que no basta con responder; hay que prever", asegura Vañó.
Entre sus propuestas, se encuentra un censo actualizado en cada municipio para identificar de inmediato quiénes requieren asistencia, así como protocolos claros para restablecer la accesibilidad en los edificios afectados lo antes posible: "No es un lujo; es un derecho fundamental que debe estar garantizado incluso en emergencias".
Sin embargo, el presidente de ASCENCOVAL advierte que los recursos son insuficientes, y aunque las aseguradoras y el Consorcio están cubriendo algunos costos, los plazos siguen siendo prolongados para muchos afectados. Los equipos operan desde el primer día, pero el volumen de trabajo y la falta de técnicos especializados ralentizan la recuperación. Mientras tanto, la madre de Inma espera. Su deseo para el nuevo año es sencillo: "Quiere salir a la calle, ver a sus vecinos y tomarse un café al sol". Una petición que, para miles de personas, debería ser algo garantizado.